Un equipo dividido

Desde que Álvaro Gil-Robles sustituyó a Joaquín Ruiz-Giménez como Defensor del Pueblo mantuvo el criterio de convertir la institución en un equipo y alejarla de veleidades personalistas. Ello llevaba consigo aunar criterios en el seno de la institución y, sobre todo, entre su titular y sus dos adjuntos. Las diferencias producidas en relación a la ley Corcuera entre la adjunta primera, Margarita Retuerto, y Gil-Robles, que sólo son la punta del iceberg de otras discrepancias detectadas por este periódico en la oficina del Defensor del Pueblo, dan al traste con ese propósito inicial del antiguo adjunto primero a Ruiz-Giménez.

Fuentes de la institución se lamentaban ayer de que, como le ocurrió a Ruiz-Giménez por su negativa a recurrir la ley, Antiterrorista, para Gil-Robles será un lastre en su mandato la decisión de no recurrir la ley Corcuera, dado que es conveniente en todo caso un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución, como le recordaba recientemente la Unión Progresista de Fiscales, aunque sólo fuera para mejorar la aplicación de sus más discutibles preceptos.

Sin embargo, el alto comisionado de las Cortes Generales para la. defensa de los derechos constitucionales no ha sido receptivo a los argumentos de su adjunta primera, con quien conecta, en este caso, buena parte del personal de la institución. Porque en el informe elevado a ÁIvaro Gil-Robles se decía que "no le es lícito al legislador ordinario establecer prioridades que limiten derechos fundamentales" y que "toda limitación ha de ser interpretada restrictivamente y no al contrario, como sucede en la ley de Seguridad Ciudadana".