El Gobierno aprueba el proyecto de ley de huelga sin recoger ninguna propuesta de los sindicatos

El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de huelga, lo enviará al Parlamento la próximo semana y espera alcanzar el máximo consenso posible con los partidos políticos. El proyecto acordado -"ante la creciente demanda social"- incluye una propuesta de la patronal y ninguna de los sindicatos porque, según el ministro de Trabajo, sólo presentaron una en las consultas que se cerraron el lunes sin acuerdo. Las centrales calificaron la nueva decisión del Gobierno de "provocación", mientras que el Ejecutivo rechaza que los sindicatos puedan sentirse "agredidos" por la fecha elegida, en vísperas del 28-M.

Cuatro "razones" esgrimió ayer el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, para justificar el envío del proyecto de ley de huelga al Parlamento. El primero es que, a su juicio, hay "una demanda social a favor de que se regule el derecho de huelga que se ha acrecentado en los últimos meses". El segundo es "la existencia de un mandato constitucional, en su artículo 28.2, que ha sido ampliado por la doctrina del Tribunal Constitucional". El tercero es "el compromiso electoral del PSOE". Y el último, la "existencia de repetidas resoluciones del Parlamento que instan al Gobierno a elaborar esa ley". En estos cuatro motivos falta el que explica la fecha elegida por el Gobierno: a sólo 14 días de la convocatoria de una huelga general. Martínez Noval ofreció como quinto motivo el fracaso y conclusión, el lunes pasado, de las conversaciones entre Trabajo y los sindicatos mayoritarios sobre este texto. Además, el ministro rechazó de forma reiterada que la fecha pueda ser entendida por las centrales como una nueva provocación. "No creo que los sindicatos puedan entender como una provocación que el Gobierno apruebe un proyecto que ha discutido con ellos, de la misma manera que el Ejecutivo no ha entendido como una provocacion que uno de los motivos por los que Íse convocaba esa huelga fuese un proyecto de ley que estaba discutiéndose con las centrales".Esa discusión acabó en nada el pasado lunes porque, según el ministro, los sindicatos, concentraron todo su interés en quién debía fijar los servicios mìnimos y sobre eso no hubo acuerdo. La patronal, sin embargo, "ofreció propuestas concretas y por escrito" y el Gobierno ha aceptado una, calificada de «pequeña modificacián" por el ministro.

El proyecto contempla la petición de CEOE de que los preavisos de huelga incluyan una descripción de las negociaciones que los sindicatos y trabajadores han realizado con anterioridad a la convocatoria de huelga. Esta precisión es positiva, según el ministro, porque "Ia huelga es la última ratio" o recurso en la solución de conflictos.

Una concesión a la CEOE

A cambio, el Gobierno ha declinado la petición de CEOE de incluir una declaración previa de "legalidad o ilegalidad" de la huelga. Con todo, sí precisa cuales son los motivos que puede argumentar un juez para declarar una huelga ilegal, y el primero es que ésta sea "política". El proyecto califica de política cualquier convocatoria de huelga que tenga como objetivo "subvertir, el orden constitucional o entorpecer la labor del Parlamento". Según dejó entender Martínez Noval, la nueva ley de huelga no estará en vigor en octubre -mes decidido por los sindicatos para convocar la segunda huelga general contra el decreto sobre el desempleo- pues se tramitará por el procedimiento ordinario con el objetivo de alcanzar el máximo consenso.

Ese procedimiento exige cuatro o cinco meses, a los que hay que sumar la inactividad parlamentaria, por las vacaciones de verano. Sin embargo, el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, comentó ayer que "a la vuelta del verano el texto estará suficientemente debatido" y que esperaba que también ,.aprobado en el Congreso y en el Senado", informa Europa Press. El máximo consenso será necesario para la tramitación parlamentaria del proyecto, toda vez que las leyes orgánicas precisan dé una mayoría más amplia.

Martínez Noval insistió en que esa voluntad de consenso se producirá incluso después de la aprobación de la ley, pues la negociación entre sindicatos y empresarios es la primera vía de regulación de, la huelga prevista por el texto. Si ésta fracasa, los sindicatos pueden optar por la autorregulación y si las dos primeras opciones resultan inviables el Gobierno decidirá unilateralmente los servicios mínimos. El texto también faculta al Gobierno a dar el visto bueno o ampliar las regulaciones acordadas entre las partes o autoimpuestas por los sindicatos.

El proyecto, según el Gobierno, "equilibra el derecho de huelga con los del resto de los ciudadanos, sobre todo en lo que está constitucionalmente defendido".