El escándalo de la corrupción en Milán llega a la DC y a la Fiat

La noticia de nuevas detenciones importantes, incluidas la del secretario local de la Democracia Cristiana (DC) y la del consejero delegado de la principal empresa constructora italiana, perteneciente al grupo Fiat, han llevado a otro plano la investigación sobre corrupción y política iniciada en Milán, que ahora parece implicar a toda la Italia que cuenta. Hasta el momento los jueces milaneses han emitido 26 órdenes de detención.Maurizio Prada, abogado de 49 años, secretario general de la DC milanesa y presidente de la sociedad de transportes públicos, fue detenido . el miércoles, horas después de que el juez ordenara el arresto de Massimo Ferlini, concejal milanés del Partido Democrático de la Izquierda (PDS), ex comunista.

Enzo Papi, de 45 años, consejero delegado de Cogefar-Impresit, la constructora del grupo Fiat, se presentó voluntariamente a declarar ante el juez y el magistrado ordenó su ingreso inmediato en prisión. La Cogefar expresó ayer su confianza en la actuación de este directivo, hasta que el proceso no demuestre otra cosa.

Otra personalidad detenida en las últimas horas es Sergio Radaelli, de 55 años, licenciado en Ciencias Políticas con una larga carrera en cargos directivos de la empresa pública y dirigente milanés del Partido Socialista Italiano (PSI).

Junto a Prada, otro político democristiano ha entrado en la lista negra de la justicia milanesa. Se trata de Augusto Rezzonico, médico de 58 años, profesor universitario, senador en la pasada legislatura y miembro del consejo nacional de la DC, detenido en la capital lombarda.

El líder del centro democristiano, Antonio Gava, reiteraba ayer, que el escándalo de Milán no tiene por qué influir en las negociaciones para la elección, el próximo 13 de mayo, del nuevo presidente de la república.

A medida que aumentan los implicados en este escándalo, crece también la tendencia a resolverlo, en el plano político, con un debate sobre la ley de financiación de los partidos que en Italia, como en España, es fundamentalmente pública.