La CEOE empleara todos los medios legales contra la huelga general, sin descartar despidos
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha recomendado a sus asociados que, ante la posible ausencia de los trabajadores de sus puestos el próximo 28 de mayo, tomen todas las medidas que les amparen, sin descartar el despido, según reconoció implícitamente ayer, el secretario general de la patronal, Juan Jiménez Aguilar. La CEOE justifica esta postura en que la protesta sindical es ilegal y solicita al Gobierno, que la reconozca así oficialmente. Además, los empresarios anunciaron ayer que el día de los paros mantendrán abiertas las puertas de los centros de trabajo.
Los empresarios justifican la ¡legalidad de la protesta planteada por los sindicatos en una sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de abril de1981. Dicha sentencia, en su fundamento jurídico número 12, dice textualmente: "No nos encontramos ante el fenómeno de huelga protegido por el artículo 28 de la Constitución cuando se producen perturbaciones en la producción de bienes y de servicios, o en el normal funcionamiento de estos últimos que se introducen con el fin de presionar sobre. la administración pública o sobre los órganos del Estado, para conseguir que se adopten medidas gubernativas o que se introduzca una nueva normativa, más favorable para los intereses de una categoría".
La patronal considera, por tanto, que la huelga del 28 de mayo es política e ¡legal, porque "intenta violentar decisiones del Gobierno y del Parlamento de la nación", según: Jiménez Aguilar.
Además, este argumento sirve a la CEOE para solicitar al Gobierno que "manifieste en el plano político la ilegalidad de la convocatoria, en coherencia con la doctrina del Tribunal Constitucional".
Despidos
En cualquier caso, y ante las escasas posibilidades de que las centrales desconvoquen la protesta del 28 de mayo, la junta directiva de la patronal centró gran parte de su reunión de ayer " unificar posturas. El secretario general de la patronal fue contundente a la hora de explicar la decisión al respecto: los empresarios mantendrán abiertas las puertas de los centros de trabajo y tomarán todas las medidas que estén en su mano contra, los trabajadores que secunden la huelga.
Jiménez Aguilar señaló que las consecuencias para los trabajadores pueden ser "muy graves", y reconoció implícitamente que esa gravedad puede desembocar en los despidos de los huelguistas.
Aunque Jiménez Aguilar se cuidó mucho de pronunciar la palabra despido, repitió dos veces que se tomarán todas las medidas que amparan a los empresarios, y aludió a que se puede producir una situación "similar a la ocurrida en la Empresa Municipal de Transportes de, Madrid". En este caso concreto, la dirección de la EMT decidió despedir a 27 de sus empleados por huelga ilegal, aunque, 19 fueron readmitidos por una reciente sentencia.
También en previsión de que la huelga, "que es contra el Gobierno y el Parlamento, no contra nosotros", la patronal ha solicitado al Ejecutivo oficialmente tres cosas: que garantice el derecho y la libertad de trabajo; que evite violencias o coacciones sobre empresas y trabajadores, manteniendo el orden público frente al "lamentable espectáculo" que ofrecen los llamados piquetes informativos; y que se cumplan escrupulosamente los servicios plenos en los sectores esenciales para la comunidad, particularmente los referidos al a bastecimiento, la comunicación y la libre circulación de las personas.
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