El 'decretazo'

Lo que el Gobierno ha querido evitar con el decreto que recorta las prestaciones de desempleo, afirma el autor, es una discusión con los sindicatos sobre la situación del Inem, en la que se hubiera enfrentado con la aberración que él mismo ha engendrado: un 37,8% de contratos temporales en el sector privado, más los de la Administración, cubiertos todos por el sistema contributivo de desempleo.

La promulgación del Decretoley de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección del Desempleo se ha llevado a efecto con una delicadeza comparable a la irrupción de un elefante en una cacharrería. Pareciera, en efecto, que hubiera nacido con la vocación, entre otras cosas, de batir el récord del atentado a las formas: las vulnera todas.Así, la eliminación en unos casos y la reducción en otros de prestaciones contributivas que suponen derechos adquiridos con anterioridad al decreto; el saltarse a la torera el requisito legal de informar previamente al Consejo General del Instituto Nacional de Empleo (Inem); la modificación de derechos que afectan al título I de la Constitución mediante un decreto-ley; el desaire a los grupos parlamentarios, que se enteraron de la primera medida concreta del programa de convergencia a través del BOE; el pitorreo a los sindicatos, que, decepcionados, comprobaron a posteriori que la invitación de Felipe González a la normalización del diálogo social no sólo no significaba ningún cambio positivo de actitud, sino que comenzaba por un hecho consumado de la mayor gravedad.

Por el cuello

Comenzar el diálogo atenazando al interlocutor por el cuello puede ser útil para argumentar que no es capaz de articular respuestas coherentes ni alternativas, pero dificulta bastante el entendimiento. Suelen ser poco convincentes las invocaciones a la conciliación y a la discusión sosegada mientras no le quiten a uno las manos de encima.

Los argumentos con los que se ha pretendido justificar este golpe de mano resultan poco convincentes. No parece, efectivamente, muy riguroso basar la urgencia del decreto en el peligro de un movimiento especulativo orientado a la acaparación de prestaciones, cuando en nuestro país la baja voluntaria del trabajo no acarrea en ningún caso derecho a las prestaciones por desempleo.

De igual manera, se ha pretendido amparar este inusual proceder con el argumento de que era necesario para evitar la quiebra del sistema. Realizar tal afirmación sin reconocer a continuación -con mayor propiedad- la quiebra del Estado y la incapacidad de éste para hacer frente a sus obligaciones legales no tiene ningún sentido. Si el sistema contributivo de desempleo se basa en un mecanismo de aseguramiento donde a cambio de cotizaciones se tiene derecho a prestaciones económicas, el Estado es, como mínimo, el garante de ese sistema, su reaseguro. Digo como mínimo porque además tiene la obligación de realizar una política de solidaridad.

Es llamativo en este sentido, que el Gobierno haya venido utilizando los superávit que han solido producirse en el sistema contributivo para financiar otras contingencias y que ahora de manera tan brusca se comporte como no le está permitido proceder a ninguna compañía de seguros: recortando unilateralmente las condiciones del contrato.

Ante la constatación del problema presupuestario se hubiera debido plantear la cuestión en el Consejo General del Inem, demandar medidas y propuestas para afrontarlo, incluso replantearse, si ello fuera imprescindible, las cotizaciones al sistema, así como las aportaciones del Estado; pero lo que no es admisible es que el Gobierno decrete unilateralmente la reducción de las prestaciones sin ni siquiera consultar a las partes sociales, que son quienes financian el sistema.

El argumento es además totalmente increíble por cuanto era perfectamente conocido que se estaba realizando en estos dos últimos años una falseada presupuestación a la baja (reiteradamente denunciada por los sindicatos) con una clara finalidad política: crear la alarma de una situación insostenible. En ello estamos. La situación actual, ni ha llovido del cielo, ni era desconocida, ni se presentaron con anterioridad propuestas para abordar medidas orientadas a evitar el deslizamiento que se estaba produciendo en los gastos del desempleo.

Hechos consumados

¿Por qué, entonces, estas prisas, esta política de hechos consumados? Entiendo que por dos razones. En primer lugar, para quemar las naves y reducir al máximo la capacidad de reversión de las medidas; probablemente también, para no dejar ningún resquicio a cualquier contestación interna en el seno del PSOE, obligando así a que todos cierren filas para defender al Gobierno. En segundo lugar, para intentar evitar el debate sobre las verdaderas causas que han llevado a que hoy los gastos sean significativamente superio res a los ingresos en nuestro sistema contributivo de protección al desempleo. El Gobierno quiere centrar la discusión en el déficit contable y achacarlo al fraude. En cuanto a la cuantía del fraude -aparte de que los responsables del Inem se muestran bastante incapaces de ofrecer al país una identificación precisa del mismo, de su cuantía y localización, cosa que estarían obligados a realizar en lugar de situar bajo sospecha a 2,5 millones de ciudadanos-, las cifras que se han manejado, basándose en estimaciones sacadas a relucir para la ocasión, no superan los 3.000 millones de pesetas, y, en cualquier caso, resulta ridículo pensar que en los dos últimos años haya aumentado de tal manera como para producir un agujero presupuestario de más de medio billón de pesetas.

El descalabro presupuestario no tiene su origen en el fraude ni el verdadero problema al que nos enfrentamos es el déficit. Este es el efecto cuya principal causa no se quiere nombrar: el sistema de contratación temporal que tenemos en España. Esto es lo que el Gobierno ha querido evitar con el decreto, es decir, una discusión abierta con los sindicatos sobre la situación presupuestaria del Inem en la que inevitablemente hubiera tenido que enfrentarse a la aberración que él mismo ha engendrado: un 37,8% de trabajadores con contrato temporal en el sector privado, más los contratos temporales de la Administración, cubiertos todos ellos por el sistema contributivo de desempleo, que están rotando continuamente, entrando y saliendo, a la carta, de las empresas. Esta infame estructura provoca, mas aún en un momento de recesión y de aumento del paro, que se disparen los gastos del desempleo.

Pero ¿de qué se quejan nuestros gobernantes? ¿Cómo podría ser de otra forma si en España se realizan 55 contratos de trabajo por cada nuevo empleo asalariado neto que se crea? ¿Cómo sorprenderse de que esto ocurra si el año pasado se han realizado 5,5 millones de contratos y sólo se han creado 100.000 puestos de trabajo; es decir, la rotación de la masa de temporales es prácticamente lo único que se ha producido?

Sistema inicuo

Este inicuo sistema es hijo de quienes ahora, farisaicamente, se echan las manos a la cabeza y tienen encima el cinismo de culpabilizar a los parados. Son los mismos que llevan 10 años desatendiendo las demandas sindicales de reformar el Inem y convertirlo en una agencia pública de colocación, los que rechazan una y otra vez la reducción real de esta temporalidad que genera la precariedad laboral, los que se niegan a conceder a los sindicatos una participación en la gestión del desempleo, los que se obstinan en no abordar la transformación en profundidad del Plan de Empleo Rural (PER) permitiendo su utilización electoral, los que nunca han sido capaces de establecer medidas depuradoras de conductas fraudulentas de algunos parados ni de localizar el fraude de las empresas que contratan a trabajadores sin darles de alta; lo que no es de extrañar, pues son los mismos que no han sido capaces de reducir el fraude fiscal, que en nuestro país ha acumulado entre 5 y 10 billones de pesetas en los últimos cinco años. En comparación con él, el desempleo resulta un sistema modélico.

es secretario confederal de UGT.