El debate que sigue

Aunque con la entrada en vigor de la nueva ley del Servicio Militar el Gobierno pretendía dar por cerrado el debate sobre el modelo de Fuerzas Armadas, el tema está más vivo que nunca. No ha dado respuesta a las causas o preguntas que motivaron la modificación de una legislación relativamente reciente, como ¡a ley de la mili de 1984, crispándose más la polémica por la constante torpeza del Gobierno a la hora de abordar la cuestión.Tampoco ha satisfecho a los sectores del Ejército y la clase política deseosos de su -plena profesionalización, ni a los grupos sociales y políticos partidarios de unas Fuerzas Armadas reducidas y exclusivamente defensivas. No ha acallado el clamor de la juventud contra el cumplimiento de la mili ni soluciona el problema de los insumisos, ahora todos en manos de jueces civiles. Además, la conjunción de la caída de la natalidad con el poco éxito de las campañas para captar voluntarios y el auge de la objeción hacen de difícil cumplimiento las previsiones de combinar un reclutamiento universal con un incremento anual de voluntarios.

Las declaraciones del ministro de Justicia en relación a la sentencia del juez José Luis Calvo, comparando la conciencia de un insumiso con la del terrorista que mata a niños, o la descalificación del titular de Defensa a los colectivos de objetores e insumisos y a la Oficina del Defensor del Soldado por tener el apoyo de determinadas fuerzas políticas son sólo reacciones fuera de tono de quienes, ante un problema que no controlan, se dedican a buscar falsos culpables. El reciente traspaso de todo lo relativo a la objeción a la Dirección General de Asuntos Religiosos es el último despropósito del Ejecutivo, más cuando la mayoría de objetores no alega motivaciones de esta índole. En cambio, no se ha modificado reglamentariamente la duración de la prestación sustitutoria, que en estos momentos dura, de hecho, el doble que la mili.

El rechazo social a la mili es un fenómeno que ha surgido tal vez como catarsis colectiva frente a una institución que durante los dos últimos siglos no cumplió la función para la que decía existir. En cambio sí intervino en conflictos políticos y sindicales, realizó pronunciamientos, combatió en guerras coloniales, provocó una guerra civil y, ya más recientemente, en los años de la transición, mientras la sociedad evolucionaba y se abría hacia cotas de libertad, siguió encerrada en sí misma, tratando a las nuevas generaciones de quintos de un modo, comparativamente hablando, que en poco difería al que recibieron sus abuelos.

La prudencia con que los medios de comunicación y las fuerzas políticas trataron a las Fuerzas Armadas durante los primeros años de la democracia hizo que éstas creyeran tener una imagen distinta a la real. Por ello, se sorprendieron cuando la Prensa comenzó a tratar la cuestión sin trabas ni filtros, reflejando en encuestas, artículos y estudios, la imagen que la sociedad tenía tanto del Ejército como institución como de la mili como obligación.

Cambio cultural

Si bien quienes realizaron el servicio militar durante los setenta podían entender, aun sin estar de acuerdo, el modo de trato o la pérdida de derechos que sufrían, los jóvenes de hoy en día, crecidos entre mayores cotas de libertad, afrontan un mayor contraste al entrar en los cuarteles y tener que desprenderse de unos modos de comportamiento y pautas de conducta que son sustituidos por órdenes, en muchos casos absurdas, y guardias sin sentido ante la tapia de un viejo cuartel. Por ello, más allá de las reformas introducidas, sigue generando rechazo. Muestra de ello es que a pesar de haber quedado ya olvidado el envío de soldados de leva al Golfo, el porcentaje de objetores ha vuelto a crecer.La persistencia del Gobierno en cometer errores sólo crispa más el debate. Ello es lo que consiguen actuaciones como la pretensión de impedir el acceso a empleos públicos a insumisos, que aparece ahora de nuevo en el texto del proyecto de Código Penal, o la respuesta contenida en el Plan de Reorganización del Ejército de Tierra de movilizar a reservistas un mes al año para maniobras. Efectos similares produce el destino de soldados de quinta a misiones de vigilancia antiterrorista durante los eventos del 92, beneficiando, sin lugar a dudas, a quienes rechazamos el reclutamiento forzoso y apoyamos las diferentes formas de oposición y desobediencia.

Las promesas de una relativa mili a la carta producirán frustración al no poderse cumplir para la mayoría, ya que habrá muchos destinos, y no únicamente Ceuta y Melilla, que serán adjudicados sin haberlos solicitado. Se palparán, en cambio, las modificaciones negativas, como el endurecimiento de las causas de exclusión o la limitación de las prórrogas.

La absolución del insumiso Maki Arredondo, dictada por un ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, debe interpretarse como una advertencia de amplios sectores de la judicatura que no quieren verse en la papeleta de condenar a más de 2.000 jóvenes cuyos actos son comprendidos por la sociedad. Es cierto que las leyes se dictan para ser cumplidas, pero al igual que ocurre con la insuficiente ley del aborto, que obliga a muchos jueces a hacer malabarismos para librar de la prisión a quienes la infringen, el Poder Judicial se encuentra en la encrucijada de aplicar, en su aspecto punitivo, unas leyes y unas obligaciones rechazadas por la colectividad.