¿Qué convergencia?

¿Por qué el recorte en la cuantía y duración del desempleo contenido en el decreto-ley del Gobierno? ¿Era indispensable?, preguntan los autores. Y, tras calificarlo de injustificado, señalan la necesidad de reflexionar sobre el modelo de Europa que se busca.

El ingreso de España en la Europa comunitaria, sin duda uno de los grandes éxitos del Gobierno socialista, abrió para los españoles la esperanza y la posibilidad de una mejora sustancial en la calidad de vida y de mayores cotas de bienestar económico y social. Pero, además, desde una óptica de izquierdas, debía suponer también el fortalecimiento de los sindicatos, el incremento del empleo, incluso el pleno empleo, la extensión del Estado de bienestar y la consolidación y ampliación de los derechos de los trabajadores y de las capas más desprotegidas de la población. En definitiva, se abría un proyecto nacional de convergencia económica y social real con Europa, que debería y debe ser un proyecto de mayor igualdad, de mayor desarrollo de las libertades y de expansión de la democracia.El avance hacia la unidad económica y monetaria diseñado recientemente en Maastricht supuso la fijación de una serie de objetivos de convergencia macroeconómica o nominal, que implican un cierto ajuste de muchas de las economías nacionales, incluida la española, pero que, en nuestra opinión, no puede contemplarse nunca desde perspectivas diferentes a la de la convergencia real. El predominio actual de la concepción de la Europa de los mercaderes y del capital frente a la Europa de los ciudadanos y la Europa social no debe, en ningún caso, significar desde la izquierda que un Gobierno socialista pueda eludir estas perspectivas o aprovechar para eliminar o recortar derechos ya consolidados de los trabajadores. El énfasis en uno u otro aspecto implica sin duda el modelo de Europa que se persigue, debate éste que ya se está produciendo en otros países (Italia, Bélgica, Alemania incluso) que no parecen dispuestos a renunciar a conquistas sociales por tener que reducir drásticamente el gasto público, sobre todo el de protección social.

Reflexión socialista

Es en este marco en el que entendemos debe analizarse el conflicto generado por la propuesta de Plan de Convergencia de la economía española con las europeas formulado por el Gobierno, plan que ha suscitado opiniones de distinto matiz entre las fuerzas políticas parlamentarias y entre los mismos empresarios y que ha levantado en su contra al movimiento sindical, que en nuestra opinión es uno de los pilares básicos sobre los que debe basarse todo proceso de avance democrático. Por eso, esta nueva confrontación debe llevar a los socialistas a una seria reflexión sobre sus motivos o causas, sobre su significado y consecuencias para el proyecto y la acción política del socialismo y también, lógicamente, sobre su posible superación.No parece discutible que la convergencia con Europa nos exige rigor en algunas de las claves macroeconómicas: inflación, déficit, endeudamiento, tipos de interés, moderación salarial (el propio ministro de Economía ha reconocido que los sindicatos no vienen exigiendo aumentos salariales desmesurados). La pregunta, sin embargo, es si la propuesta del Gobierno es la única posible o caben otras alternativas, con menos costes sociales y más igualitarias y solidarias.

¿Qué medidas propone el Gobierno? No demasiado concretas, hasta ahora, pero sí lo suficiente para que la reacción de los sindicatos no se haya hecho esperar: ajuste del gasto de las administraciones públicas con el fin de reducir el déficit público al 1 % cuando los acuerdos de Maastricht sólo exigen bajar al 3%; una política industrial basada en la ausencia de política industrial (ahí está el documento enviado por el presidente del Gobierno a los secretarios generales de UGT y CC OO), acompañada de la infravaloración y el cuestionamiento del sector público empresarial; el recorte en los gastos sociales (salud, empleo...), en los que España está todavía siete puntos por debajo de la media de la Comunidad Europea y para los que no parece, de momento, que se plantee la convergencia real; el anuncio insistente por el ministro Solchaga de una profunda desregulación de las relaciones laborales (eliminación de la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo, reducción de las indemnizaciones por despido, derogación de las ordenanzas laborales, pero no por su sustitución por convenios colectivos generales como plantean los sindicatos); y, como primicia, el recorte generalizado de las prestaciones por desempleo.

¿Por qué este recorte en la cuantía y duración del desempleo? ¿Era indispensable? Creemos sinceramente que no, que es injustificado un recorte de este tipo en los derechos de los trabajadores, que afecta, además, a los más débiles, a los que carecen de empleo. Parece que el mensaje es que la culpa de nuestros problemas con Europa la tienen los parados, lo que es inadmisible. Porque si existe un problema de déficit ¿ojalá no hubiera desempleados que tengan que cobrar prestaciones!) ¿por qué no se aborda de verdad el problema de la precariedad que es el verdadero cáncer actual del incremento de las prestaciones, por la rotación artificial a que se ven sometidos los trabajadores con contrato temporal, ya verdaderamente desregulados? En este tema sí que tenemos que converger con Europa, ya que estamos a una distancia enorme y creciente.

Estamos, pues, ante una propuesta alineada claramente en el modelo liberal-conservador de mercado económico y laboral desregulado, con infravaloración de lo público y de la economía mixta en cualquier grado y exhaltación de lo privado. Pero, además, no acompañada al menos de políticas fiscales como instrumentos de una mayor redistribución de la renta, no sólo porque el ministro Solchaga anuncia que durante cinco años se congelarán los impuestos, sino porque, como ha criticado la Confederación Europea de Sindicatos, la derecha europea está dificultando la puesta en marcha de una política fiscal armonizadora, con lo que la reducción del déficit se va a hacer a costa de la protección social.

Pero es, además, una propuesta que tiene el riesgo de afectar al modelo de Estado de bienestar que pretendemos para nuestro país y en cuya construcción se han dado pasos- significativos en estos años de Gobierno socialista (pensiones, educación, universalización de la sanidad ...). En un excelente trabajo publicado en 1987 por Virgilio Zapatero, ya ministro del Gobierno, se hacía una importante distinción entre el enfoque liberal del Estado de bienestar y el enfoque socialista. El primero se basa en el establecimiento de unos mínimos de subsistencia que eliminen en lo posible la pobreza (modelo de política social residual); el segundo, por el contrario, presupone una cultura de servicios colectivos que superen los intereses de cada grupo social, y trata de obtener la igualdad de todos los ciudadanos garantizando un máximo de bienestar, universalizando y homogeneizando sus prestaciones (modelo institucional-redistributivo). ¿No supone un claro paso de este segundo modelo al primero la sustitución de las prestaciones de desempleo por subsidios de mínimos casi de beneficiencia?

Sector fiberal-conservador

Parece que en el interior del Gobierno se ha impuesto el sector más liberal-conservador, que viene marcando la iniciativa frente a otros posibles sectores que actúan a la defensiva. ¿Coinciden estos planteamientos con los de la mayoría de los socialistas y con los del partido como organización? Creemos que no. Antes de que el Gobierno propusiese el Plan de Convergencia, la Comisión Ejecutiva se manifestó a favor de mantener el objetivo del déficit público en el 3% y no en el 1%, así como de no recortar el gasto en protección social.

Tras la decisión de aquél, resulta imprescindible un amplio debate entre los socialistas, y específicamente en el seno del Comité Federal y de la Comisión Ejecutiva, acerca de los objetivos europeos y de los intereses que en el proceso debemos defender, debate en el que no puede eludirse el problema de las relaciones entre partido y Gobierno y el de quién ha de marcar la primacía estratégica y los aliados del proyecto socialista, en este momento inexistentes, salvo que todo vuelva a reducirse a afirmar que el presidente del Gobierno es al mismo tiempo secretario general del partido y que ello es ya suficiente para definir la relación entre ambos. Se trata, una vez más, del problema del pluralismo y la democracia en el PSOE. Resultaría sorprendente que algunos de los que han reclamado un partido más abierto para poder opinar no tuvieran aquí nada que decir, y que los que desde un modelo del partido más uniforme han criticado el liberalismo de Solchaga vuelvan a ser los adalides del cierre de filas a favor de este plan y contra los sindicatos. En todo caso, vuelve a aparecer necesaria la configuración en el seno del PSOE de una amplia ala izquierda, con capacidad de incidencia no sólo para formular perspectivas, sino también, al menos, para neutralizar decisiones como las que han dado lugar a este conflicto.

Por ello, creemos necesario que se produzca la mediación del Partido Socialista entre el Gobierno y los sindicatos y en general las fuerzas sociales interesadas. La falta de voluntad real o, al menos, la incapacidad o dificultad del Gobierno para negociar el Plan de Convergencia con los sindicatos de clase, como se ha hecho, por ejemplo, en Irlanda con un Gobierno conservador, debe suplirse por la acción mediadora del partido a nivel federal y regional. Para trabajar en este objetivo no debería asumirse el decreto ley sobre desempleo como irreversible.