Sheinbaum apela a la soberanía tras la designación de los cárteles como terroristas: “Con México es colaboración, no injerencismo”

La designación de los cárteles como organizaciones terroristas no puede ser un pretexto para justificar la intervención de fuerzas extranjeras en territorio mexicano. Ese es el mensaje que ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump, un día después de que se anunciara la inclusión de seis grupos criminales en la nueva lista negra de la Casa Blanca. “No puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa de este jueves. “Ellos pueden ponerles el nombre que decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, agregó. La titular del Ejecutivo adelantó que ampliará la demanda contra la industria armamentista estadounidense e impulsará cambios en la Constitución para endurecer los castigos a los traficantes de armas y restringir el margen de maniobra de las agencias de otros países, en respuesta directa a las medidas emitidas por Washington.

El Gobierno mexicano subrayó que la primera ronda de designaciones anunciada por Washington fue una decisión unilateral y reprochó que no fue consultado por la Casa Blanca. Como se anticipó desde hace varias semanas, Estados Unidos anunció que considerará como grupos terroristas al Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo, Cartel del Noreste, Carteles Unidos y la Familia Michoacana. El cambio amplía la discrecionalidad de las autoridades estadounidenses en el combate contra las drogas y estrecha el cerco financiero contra las organizaciones criminales, pero preocupa a México porque las leyes de Estados Unidos amparan las operaciones antiterroristas en el extranjero, a pesar de violar el Derecho Internacional.

Sheinbaum anunció una reforma constitucional para prohibir de forma más explícita la vulneración del territorio mexicano y disuadir la tentación de Washington de lanzar acciones militares en el extranjero. “No se consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”, se lee en el texto propuesto para modificar el artículo 40 de la Constitución, relativo a la soberanía.

La iniciativa surgió también en medio de la polémica por las misiones de espionaje contra los carteles mexicanos que ordenó el Gobierno de Trump en las últimas semanas. La presidenta minimizó esta semana las informaciones de los medios estadounidenses al respecto, dijo que son operativos rutinarios con anuencia de las autoridades mexicanas y enfatizó que la soberanía no es negociable. Con todo, aún persisten dudas sobre si los cambios legales impulsados por Sheinbaum lograrán disuadir posibles intervenciones de Estados Unidos en territorio mexicano, dado el viraje de mano dura de Trump y las señales que su Administración ha enviado en el terreno diplomático.

La mandataria anunció también modificaciones al artículo 19 para incluir el tráfico de armas en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa e imponer “la pena más severa posible” a los extranjeros que incurran en actividades al margen de la ley. Se trata de un aviso contra los traficantes de armas de Estados Unidos, pero también para los funcionarios de agencias como la DEA o la CIA, claves en las operaciones de inteligencia contra el narcotráfico. México reprocha a Washington que la industria armamentista ha alimentado el poder de fuego de la delincuencia organizada y es una de sus cartas recurrentes en las negociaciones bilaterales en materia de seguridad.

En 2021, México demandó a los gigantes de la industria de las armas ante los tribunales estadounidenses y un año más tarde inició otro litigio contra compañías dedicadas a la distribución. Sheinbaum dijo que ampliará las demandas porque en enero pasado, dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, hubo un reconocimiento explícito de Washington de que el 74% de las armas decomisadas en territorio mexicano llegaron desde Estados Unidos.

Paradójicamente, las causas legales de México pueden verse beneficiadas por la designación de los cárteles, porque puede alegarse que las armerías han colaborado con grupos vinculados al terrorismo, lo que tiene implicaciones legales más severas. La Suprema Corte de Estados Unidos tiene en sus manos el futuro del litigio y decidirá en última instancia si México puede demandar a los grandes productores o no. Está previsto que ambas partes presenten sus argumentos el próximo 4 de marzo y es posible que haya una decisión para mediados de este año.

Sheinbaum ha desplegado a figuras clave del Gabinete para afrontar los desafíos en la relación bilateral. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, viajó a Washington para reunirse con Howard Lutnick, el titular de Comercio, para frenar las amenazas arancelarias que ha lanzado la Casa Blanca en las últimas semanas. Omar García Harfuch, el zar de Seguridad, está en comunicación con el Departamento de Seguridad Nacional y ha apretado el paso para presentar resultados en la guerra contra el crimen organizado y el tráfico de fentanilo.

En medio de las presiones de Trump, las autoridades mexicanas han anunciado un doble golpe contra Los Chapitos, una de las facciones que se disputan el control del Cartel de Sinaloa, con la detención de Kevin Alonso Gil, alias El 200, y José Ángel Canobbio, El Güero. El 200 era el jefe de Seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del Chapo, y Canobbio es uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos, al ser uno de los principales operadores financieros de la organización y una pieza clave en su aparato de seguridad. “Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía”, afirmó Sheinbaum, que hizo votos para convencer a Washington de que la colaboración está dando resultados.