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Entrevista:LA POLÉMICA SOBRE LA REFORMA DEL SEGURO DE PARO

"El Gobierno toma esta medida con preocupación"

El decreto-ley que reforma el subsidio de paro ha enfurecido a los sindicatos y a buena parte de la oposición política. El ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, lo justifica por el aumento desmesurado de los gastos del desempleo, y afirma que, si no se toman medidas, los 1,6 billones de pesetas presupuestados para 1992 se dispararán hasta los dos billones. El Gobierno cree que el recorte del subsidio era la única solución tras descartar la reducción de otros gastos o el aumento de las cotizaciones de empresas y trabajadores y considerar que el fraude no es el exclusivo causante de la desviación. Martínez Noval rechaza que sea una medida ideada por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, ya que él la asume como responsable del Inem. El titular de Trabajo rehúsa analizar la eventualidad de una huelga general, pero sí reconoce que "el Gobierno no toma esta medida alegremente, la toma con una cierta preocupación" por el impacto social que va a producir entre los colectivos que verán recortadas sus prestaciones de paro y porque admite que es una medida impopular.

Pregunta. El decreto de recorte del desempleo pretende resolver el desequilibrio financiero del Inem. Según el decreto, el déficit se ha producido porque se ha moderado la creación de empleo y sobre todo por el aumento de la rotación de trabajadores de la contratación temporal. Lo que no se entiende es por qué, en vez de corregir la eventualidad origen del problema, se recorta la cuantía del subsidio.Respuesta. Las razones que justifican el decreto son ésas. Estamos ante una moderación del crecimiento económico. Se genera menos empleo que en meses pasados, y eso afecta a los ingresos. La rotación del mercado de trabajo hace aumentar también los gastos. El aumento a un año del periodo mínimo de contrato de fomento de empleo simplemente va a reducir en alguna medida la alta rotación. No esperamos que eso conduzca a una solución del desequilibrio financiero, y por eso hay que modificar las cuantías de las prestaciones a los desempleados. No se puede esperar tampoco que de una mejoría del mercado de trabajo se derive un alivio de la situación financiera del desempleo, porque el sistema actual no se adapta al ciclo económico. ¿Qué nos dice la experiencia del pasado? Que junto a una reducción de 600.000 parados desde 1987 se ha producido un incremento de más de 400.000 beneficiarios del desempleo. Eso conduce a que también haya que abordar otras medidas como son la reducción de las cuantías de las prestaciones.

P. Pero esta reducción de las cuantías va frontalmente en contra del programa electoral que ustedes presentaron en 1989, que decía textualmente: "Nuestro objetivo es aumentar sustancialmente la protección a los desempleados a través de medidas que combinen la mejora de las prestaciones económicas con programas de fomento del empleo y de formación profesional, dando prioridad a las medidas de acción positiva".

R. Eso ha ocurrido así. Se ha mejorado la protección a los desempleados porque ha aumentado considerablemente la tasa de cobertura; es decir, el porcentaje de parados que reciben subsidio. El Gobierno socialista recoge una tasa de cobertura del 26% en el año 1982 y la trasladamos en 1992 al 62%. Pero no sólo eso. Ha habido también prestaciones que, se han mejorado de acuerdo con el compromiso de nuestro programa electoral; en concreto, de la modalidad asistencial. Hay que decir claramente una cosa que tiene mucha importancia. Lo que ha ocurrido, sobre todo en los dos últimos años, es que el sistema contributivo tiene déficit. Eso quiere decir que el Estado tiene que financiarlo con impuestos generales de los ciudadanos. Un hecho, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del Gobierno, escasamente progresista.

P. El programa socialista también hablaba de la necesidad de aumentar la lucha contra el fraude en el desempleo.

R. Yo no creo que se pueda atribuir al fraude la exclusiva responsabilidad de la desviación en el gasto por desempleo. No hay ningún sistema de protección que no sea susceptible de conductas irregulares, y la maduración de las leyes da lugar a recovecos que son utilizados tanto por trabajadores como empresarios para comportamientos fraudulentos.

P. Todo esto tiene una cierta lógica. Pero el procedimiento empleado ha irritado a sindicatos y despertado muchas sospechas. Cuando ustedes presentaron los presupuestos de 1992, ya conocían el agujero del Inem. ¿Por qué no plantearon el problema entonces?

R. Esto no es así exactamente, porque el Gobierno envía el presupuesto a la Cámara el 30 de septiembre. En los tres últimos meses del año ocurre lo que el Gobierno no preveía, que fue un enfriamiento del mercado de trabajo y se produce el mayor incremento del gasto por desempleo de todo el año 1991. En los dos primeros meses de 1992 se sigue incrementando esa desviación de gasto del Inem. De manera que o bien volvíamos a recortar gastos en determinados programas, como infraestructuras, educación, o volvíamos a incrementar los tipos de cotización o reducíamos los gastos. Teníamos estas tres posibilidades, y la posición del Gobierno está muy clara en el decreto. Ha sido la de reducir. los gastos.

P. ¿Y por qué no se ha optado por aumentar las cuotas al desempleo de traba adores y empresarios?

R. No juzgamos conveniente para la economía española el proceder a un nuevo incremento de los costes laborales por esa vía. Tendría que ser además de una cuantía considerable para aliviar el desvío del gasto del Inem.

P. ¿Cuánto? ¿Dos o tres puntos?

R. Exactamente estamos hablando de desviaciones de 330.000 millones de pesetas en 1991.

P. Todos estos razonamientos se comprenden bien. Pero da la sensación de que ustedes han hurtado este debate en el Parlamento.

R. En primer lugar, nosotros no hemos hurtado el debate al Parlamento. La acusación que se nos hizo en octubre es que era un presupuesto electoralista y que abandonábamos los intereses generales para atender intereses partidistas. De manera que si hicieramos caso de las críticas...

P. La mayor parte del presupuesto se destina a subsidios, mientras que la promoción de empleo ha registrado un descenso. ¿Es que piensan que era excesivo ese dinero?

R. Pues mire: la situación económica está en tales circunstancias y, salvo que tengamos el objetivo insensato de no reducir el déficit, hay que reducir algunos programas de empleo para incrementar los gastos en prestaciones. Ahora podemos reordenar la estructura de financiación del Inem como consecuencia del real decreto-ley y modificamos tanto las políticas activas, de fomento del empleo, como las pasivas. Vamos a dirigir todos esos recursos, y algunos más, para fomento del empleo, como pueden ser las escuelas-taller o las convenios Inem-corporaciones locales.

P. ¿Cuánto se van a ahorrar con estas medidas?

R. No es que no quiera dar una cifra; es que no la puedo dar porque no tenemos criterios concretos para saber cuál va a ser la moderación del gasto. Depende de la evolución del mercado de trabajo en los meses que restan del año y de si el incremento a 12 meses del contrato de fomento del empleo es una medida eficaz y contribuye a disminuir la rotación en el mercado.

P. ¿Tampoco han calculado las personas afectadas por el recorte en la cuantía o en la duración del subsidio?

R. También es imposible calcularlo. Yo lo que sí puedo garantizar es que no hay ninguna razón para que se reduzca la tasa de cobertura, situada en estos momentos en el 62%.

P. En relación con el dinero dedicado a formación profesional, ¿qué balance hace usted de esas medidas de fomento de empleo?

R. En estos momentos no tiene sentido esa distinción entre políticas activas y pasivas, pon. que una parte de lo que se denomina pasivas -es decir, una parte de los gastos en protección por desempleo- financia el empleo. Ha contribuido en algunos sectores donde era necesario un ajuste a proporcionar medidas sociales a los excedentes laborales. También están sirviendo para aliviar situaciones coyunturales en sectores con problemas transitorios y que están siendo financiados o aliviados por los gastos del Inem.

P. ¿Por qué funciona tan mal el Inem? Los empresarios dicen que nunca encuentran los trabajadores que precisan y los parados tampoco encuentran empleo.

R. Yo no puedo admitir una afirmación tan contundente. El Inem no funciona todo lo bien que queremos porque tiene una escasa dotación de medios personales.

P. Que el Inem no funciona lo reconoce hasta el propio ministro de Economía, y dice que en la nueva etapa va a ser precisa la colaboración de las empresas privadas de colocación.

R. A lo que el ministro de Economía se refiere es a la posi

"El Gobierno no preveía un enfriamiento del empleo como el del último semestre"

bilidad de regular las empresas de trabajo temporal.P. De todas formas es incomprensible que con casi 2,5 millones de parados y un Inem que no sirve para buscarles trabajo, el Gobierno empiece por recortar el subsidio.

R. Yo no puedo aceptar en modo alguno que el decreto sea sólo eso. Hay un capítulo primero que existe y que va a suponer más de 200.000 millones de pesetas en fomento del empleo.

P. Ustedes, en el programa electoral de 1989, hablaban de un plan de prospección de mano de obra y de necesidades del mercado de trabajo.

R. En eso estamos trabajando.

P. Esto era en 1989, ¿cómo no se ha realizado?

R. No hemos estado desde entonces sin hacer nada. Estamos trabajando en la prospección de la mano de obra, que es una medida indispensable para poner en relación las ofertas y las demandas de empleo.

P. ¿Por qué no se ha empezado por ahí y por la reforma del servicio público de empleo?

R. Porque ninguna medida de ese tipo puede reducir a corto plazo el problema del desequilibrio financiero del Inem, que es muy considerable. Si no se atajaba a muy corto plazo habría que haber revisado otros programas de gasto.

P. El 90% del empleo se crea en las pyme. ¿Por qué no hay ningún plan. específico de ayuda al empleo en las pyme? Parecido al plan Cresson de Francia.

R. En la realidad europea hay distinciones por razón del tamaño en la empresa, cosa que no ocurre en la realidad española. Eso nos ha dado buenos resultados, porque no creo que los datos del mercado de trabajo desde 1984 a 1991 se puedan discutir. Ningún país de la OCDE tiene mejores resultados.

P. ¿Por qué en la reforma de la contratación temporal no tienen en cuenta el informe de los expertos encargado por el Ministerio de Trabajo?

R. ¿En qué no lo hemos tenido en cuenta?

P. En reducir la duración máxima de los contratos temporales desde tres hasta dos años.

R. Cuando redactaron el informe había una directiva comunitaria que reducía los contratos a dos años. Lo que pasa es que esa directiva está en discusión todavía, y el periodo máximo ahora ya no son dos años, son tres.

P. Hay más recomendaciones. Que se prohíba explícitamente el encadenamiento de contratos temporales.

R. Eso lo estamos discutiendo.

P. ¿Por qué no lo han incluido? Es el nervio de todo el debate en el país con más contratos temporales y atípicos de Europa.

R. Atípicos, no. El mayor número de contratos temporales, sí. Y, por cierto, con mayor protección en los derechos de los trabajadores.

P. Si usted razona que unaparte del aumento del gasto del Inem se debe a la rotación de los trabajadores y al abuso del contrato temporal, ¿por qué no se ponen límites?

R. En el decreto-ley hemos reformado únicamente la ley 84, y se justifica por razones de urgencia. Hay que ser muy cuidadosos con las cuestiones que se incluyen en un decreto-ley. Aquellas cuestiones que van a modificar el Estatuto de los Trabajadores difícilmente se pueden incluir en él. Eso no quiere decir que el Gobierno no tenga voluntad de modificar el Estatuto en algunos de sus artículos, justamente para introducir algunas de las recomendaciones de la comisión de expertos. Lo vamos a hacer, y pronto.

P. Pero lo primero de todo recortan y después toman medidas para proteger.

R. Primero ha habido que tomar las medidas que son necesarias para hacer frente a una desviación que hay que financiar a fin de mes. Y créanme que ha sido dificultoso en los tres primeros meses del año encontrar financiación para la nómina del desempleo. Eso explica el calendario de las medidas, y no otra cosa.

P. Si no se hubiera tomado ninguna medida y se hubiera seguido el ritmo del gasto de desempleo, ¿qué desviación habría en 1992?

R. Hubiera superado con creces los dos billones de pesetas.

P. Por tanto, habría una desviación de 400.000 millones respecto a lo presupuestado.

R. Bueno eso es difícil de prever. De 1983 a 1988, los gastos de desempleo crecen en 563.000 millones de pesetas, y de 1989 a 1992 pasan de un billón a más dos billones de pesetas si no hacemos frente a esa desviación.

P. ¿No se puede producir un. desplazamiento de los contratos de fomento del empleo al ser el único en el que se aumenta a un año la duración mínima.

R. Esta cuestión tendremos ocasión de discutirla si es que los grupos parlamentarios deciden tramitar como proyecto de ley el decreto-ley. Es dificil de prever si el aumento a un año de esos contratos va a producir en algunas actividades la desviación a otros tipos de contratos. Algunos empresarios han dicho que la ampliación a un año hace que no sea utilizable ese tipo de contratos. Yo estoy abierto a producir algunas modificaciones.

P. ¿Qué posibilidad hay de modificar el recorte del subsidio en el debate parlamentario?

R. Cuando decimos que somos partidarios de que se tramite como proyecto de ley es porque implícitamente hacemos pública la voluntad de discutir el contenido del decreto.

P. ¿El Gobierno contaba con la posibilidad de que esa medida provocara una huelga general?

R. Créanme que el Gobierno no toma esta medida alegremente, la toma con una cierta preocupación. Cuando decidimos las medidas concretas, después de una discusión bastante profunda en relación con muchas alternativas que barajamos, lo hicimos con preocupación, porque somos conscientes de que modificamos una ley que tiene incidencia social en colectivos que van a ver reducidas sus prestaciones. Pero hemos encontrado un equilibrio entre la incidencia social y el resultado económico, y la satisfacción que puede producir es que frente a ese desequilibrio financiero no dejamos a ninguna persona desprotegida.

P. Pero se quedan con un subsidio de 40.000 pesetas.

R. No, es exactamente el 75% del salario mínimo, que son 42.300 pesetas.

P. ¿Al Gobierno no le preocupa una nueva huelga general y un duro enfrentamiento con los sindicatos?

R. Ésa es una decisión sindical. Y el Gobierno lo que va a hacer, y yo en concreto, es defender el decreto y explicarlo.

P. ¿Ustedes creen que, ante el desvío de gasto del Inem, los sindicatos no hubieran entendido el problema para abrir un periodo de consultas?

R. No, los sindicatos siempre han considerado que el problema del gasto del Inem venía de una mala presupuestación y que las aportaciones del Estado estaban reduciéndose desde 1987. Las aportaciones del Estado no son sólo las que figuran en los presupuestos, sino las que figuran en la liquidación de los mismos.

P. Lo que pregunto es si creen que los sindicatos no iban a aceptar algún tipo de negociación.

R. Si usted va a la página 28 del Pacto Social de Progreso, que el Gobierno intentó negociar con los sindicatos en junio de 1991, se encontrará con que se habla de la posibilidad de negociar modificaciones en la política de empleo, y la rechazaron los sindicatos.

P. Eso no justifica que ahora se haga un recorte por decreto.

R. Por decreto-ley. El decreto tiene un apellido, que es ley, y tiene que sufrir un trámite parlamentario.

P. Sí, pero ya está en vigor.

R. Sí, y tiene que sufrir un trámite parlamentario para su convalidación y para convertirlo en ley.

P. Se dice que es una medida ideada por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, con la que usted no está de acuerdo.

R. Yo estoy totalmente de acuerdo con la medida porque soy el responsable del Inem. Es cierto, y no tengo problema en reconocerlo, que esta medida ha sido profusamente discutida entre Economía y Trabajo, pero no ha habido discrepancias en la necesidad del decreto.

P. La medida recorta el Estado del bienestar, ahonda en la sociedad dual y crea un terrible abismo para los menores de 35 años afectados por el paro y la eventualidad.

R. No creo que produzca ningún efecto de esa gravedad. Insisto: sigue habiendo protección para todos los trabajadores a partir de los tres meses de contrato. Además acerca el sistema de protección español a los comunitarios.

P. Estábamos en la media.

R. Por encima de la media. Por otra parte, no es la primera vez que un Gobierno socialista se enfrenta a una medida de esa naturaleza. En el 1985 hubo que tomar medidas para reconducir el sistema de pensiones públicas.

P. La reforma del subsidio se critica por el fondo y por la forma. Se hace por decreto

R. Por decreto-ley. Hay margen todavía para discutir su contenido.

P. ¿En ningún caso se va a retirar el decreto?

R. No, porque la medida se toma para hacer frente a un desequilibrio serio.

P. De todas formas, no es una medida aislada. Está también la ley de huelga, y usted ha dicho que no se va a negociar.

R. Es una vieja batalla si se va a negociar o a intercambiar puntos de vista. En cualquier caso, yo me voy a ver con las centrales sindicales y con la patronal, y voy a aceptar aquellas cuestiones que me parezcan coherentes con el contenido que el Gobierno cree que debe estar incluido en un proyecto de ley de huelga.

P. Las dos medidas unidas dan sensación de que se aplica una política de imposición, no de diálogo.

R. De imposición, en modo alguno. Imposición es lo contrario a que yo haya tenido dos reuniones con la patronal y voy a tener cuantas reuniones hagan falta con los sindicatos. ¿Se puede llamar a eso imposición?

P. Como ministro de Trabajo, ¿qué le diría usted a los jóvenes parados?

R. Yo les diría que la modificación del subsidio no deja desprotegido a nadie. En segundo lugar, lo que quiero transmitir a los parados, a las personas que buscan un empleo y no lo encuentran, es que redoblen sus esfuerzos por encontrarlo, que utilicen en la mayor medida de sus posibilidades los servicios públicos de empleo. Que les exijan la mejor atención en su caso particular. Que hagan esfuerzos para mejorar su cualificación, su formación profesional, por la vía del sistema ocupacional o reglado.

P. ¿Está preparado el Gobierno para enfrentarse a una larga conflictividad?

R. El Gobierno debe estar preparado para enfrentarse a cualquier circunstancia que se pueda producir socialmente. Lo que creemos es que no se dan condiciones para que se pueda dar esa larga conflictividad, y además tenemos la seguridad de que la sociedad española no va a entrar en un proceso de inestabilidad social como consecuencia de un conjunto de medidas que no dejan desprotegido a nadie.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de abril de 1992

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