El tratamiento del aborto y la eutanasia en el nuevo Código Penal divide al CGPJ

La regulación del aborto y de la eutanasia, así como de los delitos contra el patrimonio, son algunos de los puntos de fricción entre los sectores progresista y conservador del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el miércoles próximo debatirá el informe sobre el anteproyecto de Código Penal elaborado por el Ministerio de Justicia. El presidente del CGPJ, Pascual Sala, realiza intensos contactos para lograr el máximo consenso.

Un primer elemento para alcanzar ese consenso es el proyecto de informe elaborado por el vocal y catedrático de Derecho Penal Tomás Salvador Vives (veáse EL PAÍS del 10 de abril último), quien plantea la conveniencia de centrar la atención "en la elaboración y aprobación de una nueva parte general [disposiciones sobre los delitos y faltas, responsabilidad y demás consecuencias de la infracción penal], cuya entrada en vigor quedase condicionada a la ulterior aprobación de la parte especial [delitos y sus penas]".En los 130 folios del proyecto de informe, el ponente Vives incorpora algunos puntos de vista de penalistas del propio CGPJ, como el vicepresidente José Luis Manzanares y el vocal Juan Alberto Belloch. En todo caso, los esfuerzos del presidente Sala para lograr un informe pactado chocan, según fuentes del Consejo, con las posiciones de algunos vocales conservadores, anticipadas en el pronunciamiento de urgencia realizado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora.

He aquí algunas de las principales diferencias:

-Aborto. El proyecto de informe se decanta por sugerir un sistema en el que las tres indicaciones actuales se amplíen con la socioeconómica y en todas ellas sea Ia mujer quien tome la decisión final", sin que ello implique responsabilidad penal. En sintonía con las posiciones más conservadoras, el informe limita la voluntad de la mujer y favorece que opte por la continuidad del embarazo, al exigir que la embarazada se someta previamente a consultas y ofertas de asistencia. La APM se opone a cualquier fórmula de aborto libre, que estima inconstitucional, y rechaza la indicación socioeconómica.

-Eutanasia. Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal y uno de los padres del anteproyecto de Código Penal, ha explicado la rebaja de penas de la eutanasia activa -de un máximo de 20 años de cárcel a un máximo de tres años- en que la cooperación a la muerte de quien sufre una enfermedad grave que le conduce a la muerte o le produce graves padecimientos ha de ser "por la petición expresa y seria" del enfermo. El informe del CGPJ avala tal atenuación. En cambio, la APM califica tal rebaja de "permisividad" y la evalúa como "una actitud socialmente peligrosa en un momento", dice, "en el que es perceptible la baja de los principios de solidaridad y respeto hacia los enfermos crónicos y los ancianos".

-Delitos patrimoniales. El proyecto del CGM estima que la opción del anteproyecto de elevar las penas mínimas para los delitos más frecuentes contra el patrimonio (los robos y los hurtos) es similar a Ias adoptadas por países de nuestro entorno cultural". Pero la APM muestra su "disconformidad", ya que "la desprotección del patrimonio, expresión del desvalor del derecho de propiedad es una actitud de falsa progresía totalmente superada".