Servicios públicos respondables

En los últimos años han sido varias las sentencias que han condenado a la Administración a indemnizar a los ciudadanos por el mal funcionamiento de los servicios públicos.Una de las más recientes y más llamativas fue conocida el mes pasado cuando la Audiencia Provincial de San Sebastián condenó al Estado a indemnizar con 46 millones de pesetas al joyero Elie Durante Mailhol, al considerar que la policía no acudió con suficiente rapidez cuando se produjo el atraco a su joyería, el 9 de julio de 1989. El abogado del Estado presentó en dicha ocasión recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Sólo un mes antes, un magistrado de Madrid condenaba al Insalud a pagar 25 millones de pesetas a Luis Rodríguez Elias, de 57 años, contagiado de sida mediante una transfusión realizada en 1984, cuando aún no existía ninguna normativa sobre el control de los bancos de sangre.

Era segunda sentencia por la que se concedía una indemnización a un contagiado de sida en un hospital de Bellvitge (Barcelona) y subsidiariamente al Institut Catalá de la Salut, al pago de 10 millones de pesetas a José Martín González, contagiado de sida por una transfusión en junio de 1986, cuatro meses antes de la promulgación de la Orden de la Generalitat que estableció la obligatoriedad de las pruebas de detección.