El líder gallego se basa en un informe que propone la gestión de competencias con titularidad del Estado

La propuesta de la Xunta de Galicia para que las comunidades autónomas se conviertan en "administraciones únicas" en su ámbito territorial atribuye a los Gobiernos de Galicia, País Vasco y Cataluña competencias exclusivas del Estado, pero bajo los criterios políticos del poder central. Para no quebrar el orden constitucional, los informes jurídicos que maneja el Gabinete de Manuel Fraga insisten en que la titularidad de estas materias continuará en manos del Estado aunque la gestión corresponda a las comunidades autónomas. Según los primeros estudios de la Xunta, la Administración central debería delegar las competencias sobre transporte aéreo, ferrocarriles, obras públicas, Marina Mercante, puertos y sanidad, entre otras.Fraga se ha dado a sí mismo un plazo de un mes para entregar al presidente del Gobierno, Felipe González, una propuesta que, según la Xunta, supondría la refundación del Estado. Para esas mismas fechas, el histórico dirigente del PP espera que su partido haya asumido públicamente el contenido del proyecto.

Las líneas generales, de la iniciativa política de Fraga ya han sido definidas por la Xunta tras varios informes de sus servicios jurídicos. De momento, el Gobierno gallego está elaborando un catálogo completo de las competencias del Estado que podría asumir cada consejería. Este documento final será el que reciba Felipe González.

Las falanges macedonias

Fraga ha comentado que no se trata de una propuesta rígida, ya que su propia base jurídica exige el consenso político entre las administraciones para que pueda ser aplicada. El presidente gallego ha utilizado un símil bélico para definir su predisposición a negociar. "A mi nunca me han gustado las falanges macedonias, en las que nadie se mueve, sino las legiones romanas, que avanzan siempre abiertas", explicó Fraga a este diario a través de un portavoz. Los asesores de Fraga sostienen que la Constitución determina quiénes son los titulares de las distintas competencias, pero no impide repartir su ejercicio."Hay que evitar que tengamos dos ingenieros agrónomos para cuidar el mismo árbol", esgrime a modo de ejemplo un colaborador de Fraga. La solución propuesta es que los gobiernos autónomos ejecuten directamente algunas competencias exclusivas del Estado. Para garantizar una mínima uniformidad entre las distintas administraciones autónomas, se prevé la creación de mecanismos de control.

En algunos documentos que maneja la Xunta se citan como susceptibles de delegación, entre otras, la sanidad exterior, Marina Mercante, transporte y control del espacio aéreo, aeropuertos, ferrocarriles, obras públicas, puertos, servicios meteorológicos, organismos de estadística y la facultad de autorizar consultas populares.

El Estado mantendría lo que algunos juristas denominan su "núcleo irreductible", es decir, las cuestiones de seguridad y defensa, la Administración de Justicia, las relaciones exteriores y la política de inmigración y emigración. Además, la Xunta entiende que tampoco deberían delegarse materias que afectan al principio de solidaridad nacional, como la gestión tributaria y el régimen básico de la Seguridad Social.

Aun así, sería posible que las comunidades autónomas colaborasen en la ejecución de estas competencias indelegables o que el Estado cediese parte de la gestión. La Xunta estima que en ningún caso debería mantenerse un criterio inflexible sobre estas cuestiones.

El proyecto sólo se considera aplicable a las comunidades históricas porque éstas son las que han alcanzado un mayor techo competencial y las de vía lenta acaban de incrementarlo tras la firma del pacto autonómico.