Protesta agraria

EL CAMPO es uno de esos sectores productivos en los que el esfuerzo exigido al conjunto de la sociedad para la convergencia europea resulta, sin ambages, un sacrificio. La aplicación al campo español de la política agraria común (PAC) en evolución va a requerir de los que viven de él abnegación sin límites y reconversión hacia otros sectores.Las tractoradas de estos días han sido ampliamente seguidas. La firmeza de la protesta constituye un indicador del hondo malestar arraigado en el campo español. El motivo inmediato de la protesta es la reforma de la PAC. Según los agricultores, ésta no resuelve el tradicional desequilibrio en el reparto de las ayudas comunitarias, que priman las explotaciones grandes e intensivas de los países del Norte frente a las extensivas y menos rentables de los países del Sur. Pero tras la causa inmediata laten todos los problemas complejos derivados del duro proceso de adaptación al marco de competitividad que impone el cada vez más intenso acercamiento al mercado único.

No son, pues, de ahora las inquietudes que turban al campo español. Desde hace al menos tres lustros la agricultura está realizando un importante esfuerzo de modernización, con logros patentes en algunos aspectos, acelerado desde el instante en que nuestro país inició, en 1986, el proceso de integración en los mecanismos de mercado de la CE. Resulta lamentable que este esfuerzo, todavía no concluido, no haya propiciado una política de concertación más intensa entre que sean necesarias periódicas movilizaciones para forzar contactos que deberían estar a la orden del día.

El ministro de Agricultura, Pedro Solbes, se ha mostrado presto a convocar a los representantes del campo para después de Semana Santa. Pero la tardanza en la convocatoria plantea la duda de si se hubiera producido sin las movilizaciones de la última semana. ¿Considera realmente necesario la Administración tratar a fondo los problemas del sector con quienes los sufren en primer término?

Aunque resulte paradójico, las movilizaciones pueden, serle útiles al ministro de Agricultura para sus contactos con Bruselas. Las exigencias europeas -las de la pesca y ganadería en Galicia o las que afectan al campo en general- no deben ser sentidas sólo como una amenaza por los sectores afectados, sino también como una oportunidad para transformarse. De ahí que los gobernantes deban esforzarse por modularlas de modo que su cumplimiento no genere en algunas capas de la población - un hasta ahora impensable sentimiento antieuropeo.

El exceso de ocupación sigue siendo el problema estructural más serio del campo español, a pesar de las decenas de miles de personas que lo han abandonado en los últimos años. La precisión según la cual se rebajará el índice de su población activa del 12% actual al 6%, lo que implica la salida del campo de 300.000 agricultores, tiene todos los rasgos de una auténtica reconversión. Ello requiere mucho tacto y todavía más recursos. Lo importante es que esa salida sea digna, negociada con las administraciones, prevista y sin el cariz traumático que reviste en este momento: el del que se siente expulsado de lo que ha sido su firma tradicional de vida ante su escasa capacidad para competir.

En los últimos años, las medidas sobre reducción de precios de la CE fueron eficaces. Pero no lo fueron las medidas complementarias, como ayuda a rentas, ceses de actividad, abandono de tierras: apenas se han aplicado. He ahí todo un programa por el que batirse en Bruselas y sobre el que articular un proceso serio de concertación entre la Administración y las organizaciones agrarias durante los próximos años.