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El rechazo de las incineradoras lleva al colapso ecológico, según la Administración

El presidente de la empresa pública para la gestión industrial de residuos industriales (Emgrisa), Juan Mazarrasa, criticó ayer con dureza "toda la oposición social montada en España contra las plantas incineradoras de residuos industriales peligrosos". "Esa actitud no tiene sentido y está creando en España una situación medioambiental muy grave. Llevamos 15 años de retraso respecto a Europa, y si no cambiamos, veo un futuro negro, negro". Consciente de estos problemas, la CE prepara nuevas directivas.

Mazarrasa explicó, en un debate organizado en Madrid por el Institute for International Research España, que con el boicoteo a este tipo de instalaciones se está provocando el colapso en la protección del medioambiente y que los residuos tóxicos y peligrosos sigan vertiéndose sin control en suelo y aguas. "Hemos llegado", dijo, "a un nivel preocupante de deterioro y la situación social es complicada. Las organizaciones ecologistas, han conseguido movilizar a la población en contra de estas instalaciones, y yo no oigo que los empresarios salgan en defensa de las incineradoras, cuando realmente las están necesitando". Mazarrasa añadió: "Tenemos una legislación muy avanzada, pero falta una concienciación política y social, tanto en el Gobierno central como en los autonómicas, que se traduzca en unas dotaciones de medios y dinero para hacer cumplir la normativa". La pasada semana, el Partido Popular criticó en el Senado el panorama desolador en la gestión de residuos industriales por la política de tolerancia y escaso apoyo a la iniciativa privada de la Administración.

Sólo dos años

La planificación de residuos peligrosos en España es muy reciente. Emgrisa no se creó hasta mayo de 1990 y, según Mazarrasa, el Plan Nacional de Residuos Industriales no se ha concretado prácticamente en nada, salvo el tratamiento de aceites usados.Actualmente no existe en España ninguna incineradora de residuos industriales peligrosos, aunque los proyectos son varios. Depósitos de alta seguridad sólo hay uno, en Madrid. "Estamos intentando abrir otro en Valladolid", cuenta Mazarrasa, "pero tenemos manifestaciones en contra todos los domingos".

José Luis Ruiz, consejero delegado de TM Consult, una consultora especializada en temas de medio ambiente, dijo: "No hay un diálogo responsable en la sociedad para la ubicación de unas instalaciones que son necesarias. La oposición social es tremenda y la industria privada no debiera permitirlo". En el mismo debate, Emilio Canda, técnico de Gestión de Residuos de la Dirección General de Medio Ambiente de la CE, dijo que se está elaborando una directiva comunitaria que, entre otras cosas, "haga frente al rechazo público a las incineradoras, al síndrome de que nadie quiere una cerca". En este sentido, la directiva sobre incineradoras exigirá que toda nueva instalación se abra siempre con la última tecnología existente en el mercado y que toda la información sobre su funcionamiento esté abierta al público.

El pasado fin de semana, Greenpeace convocó en Tarragona una manifestación contra estas instalaciones en toda España. El lunes, el obispo de Jerez criticó en una carta pastoral la planta de Medina Sidonia: "Acarreará enfermedades, algunas incurables".

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