El magistrado Ruiz Vadillo defiende la penalización de la manipulación genética

Enrique Ruiz Vadillo, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y Miguel Polaino, catedrático de derecho penal, polemizaron el viernes, en el primer debate público sobre el anteproyecto del Código Penal, en torno a la conveniencia o no de penalizar la manipulación genética. Ruiz Vadillo mantuvo que deben ponerse barreras a los investigadores, mientras Polaino consideró que tales barreras, o pueden burlarse fácilmente, o suponen un límite para la ciencia, como ocurrió en Alemania, que se dispone a modificar su legislación.

El catedrático de Derecho Penal Gonzalo Quintero Olivares, uno de los padres del anteproyecto del Código Penal, explicó, entre otras novedades, que en materia de biogenética se había tratado de respetar la voluntad de los progenitores.Ruiz Vadillo estimó que el derecho penal debe hacer frente a este tipo de delitos modernos, por lo que defendió el precepto que, apoyándose en los estudios del Consejo de Europa sobre las "infinitas posibilidades de la manipulación de genes", penaliza con de dos a seis años de cárcel a quienes, "con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el tipo constitucional vital".

Quintero consideró expresión afortunada la de "tipo constitucional vital". En cambio, su colega Polaino criticó la nueva regulación, y en especial el precepto que penaliza con hasta cinco años de cárcel la ilegal "donación, utilización o destrucción de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos". Polaino dijo no saber cuál es el bien jurídico protegido por ese delito y manifestó el contraste "con la ausencia de penalización en casos de creación de híbridos".

Ruiz Vadillo insistió en que el peligro de la manipulación genética es tan grave que "no cabe hacer distinciones" a la hora de establecer barreras, a la investigación para que los científicos sepan hasta dónde pueden llegar. Polaino replicó que, sin embargo, "desde el punto de vista político criminal, eso es muy difícil porque el fraude de ley es fácil para ciertos investigadores, mientras que el delito limita la actividad de otros".