Crisis de credibilidad

Considera el autor del artículo que el mayor de los problemas a los que se enfrenta el país, en el marco de una coyuntura económica preocupante, salpicada de escándalos como el de Ibercorp, es la rápida disminución de la credibilidad del presidente del Gobierno, de los socialistas y de toda la clase política en general.El aval que el presidente de Gobierno ha prestado a la honorabilidad del gobernador del Banco de España se revela inoperante, si no contraproducente, al haberlo dado ya, con más fervor si cabe, respecto a la inocencia de dos policías, acusados de practicar terrorismo de Estado. Mientras el presidente no explique cómo pudo equivocarse en cuestión tan capital para el Estado de derecho, a los ya escaldados no les sirve un testimonio que se ha comprobado erróneo en más de una ocasión, bien porque no se entera de lo que ocurre a su alrededor -la lista de pequeños y grandes escándalos empieza a ser estremecedora-, bien porque altas responsabilidades de Estado le obligan a mentir descaradamente. Según pasen los años, se harán más patentes los costes políticos y sociales de las acciones, policiales o financieras, realizadas al margen de la legalidad, por mucha razón de Estado con que se haya pretendido justificarlas.

Política liberal

Me tranquilizaban más las trayectorias -la política y la profesional- de don Mariano Rubio, que había conocido defendiendo valientemente posturas críticas, que le proporcionaron algunos disgustos en su juventud, y luego desarrollando con pericia una política liberal ortodoxa que, pese a no ser la que parece más conveniente, no dejaba por ello de impresionarme, dada la coherencia de sus planteamientos y el vigor con que los imponía, hasta que apareció la historia de las conexiones familiares en la tristemente célebre de Ibercorp, que me ha dejado fuera de combate. Sea cual fuere la honradez del gobernador -cuestión siempre deslizante y engorrosa, por tener mil matices, en los que no estoy dispuesto a entrar-, lo que políticamente no se entiende es que el presidente no le haya aceptado de inmediato la dimisión. La autoridad del gobernador del Banco de España es uno de los pilares del sistema financiero que no se puede ni siquiera rozar sin crear un factor de incertidumbre enormemente peligroso.Probablemente no haya sido casual la forma y la ocasión en que ha surgido el escándalo; probablemente hay personas interesadas en cargarse al actual gobernador, unos por venganza -la lucha abierta entre clanes define hoy a la economía española en periodo de rápida transformación- otros para imponer un cambio de política económica: la prensa internacional interpreta el suceso como un golpe decisivo al defensor acérrimo de mantener una peseta supervalorada, con costes ya insoportables para el sector industrial. Probablemente no nos gusten nada los beneficiarios directos de la actual crisis y cabe muy bien que el sucesor no aporte los méritos profesionales que acreditó el señor Rubio. Todo esto puede ser verdad, pero ello no resuelve el hecho contundente de que se ha conseguido minar la autoridad del gobernador del banco emisor, y por el bien del país hay que sustituirlo lo antes posible. En este punto las cosas son tan claras que quiero pensar que la dimisión le habrá sido aceptada antes de salir este artículo.

La cuestión, no tan colateral como a primera vista pudiera parecer, consiste en explicar por qué el presidente haya podido tropezar otra vez en la misma piedra, falto de reflejos para aceptar enseguida la dimisión, después de la experiencia de estos dos últimos años y, sobre todo, en la actual coyuntura económica y política.

Hay que empezar por reconocer que el presidente ha mostrado una capacidad prodigiosa en negar la evidencia, si aceptar los hechos lo considera un triunfo para sus adversarios. El no ceder cuando lleva la razón tal vez sea su principal virtud, pero que tampoco lo haga cuando le falta por completo es, sin duda, su punto más débil. Hemos pagado a un precio alto -los errores graves de los gobernantes los pagamos todos- algunos empecinamientos del presidente, capaz de paralizar al país, como en el caso Guerra, una anécdota que se convirtió en un tumor gravísimo por el empeño en negar lo obvio: que hay que responsabilizarse políticamente de las historias que chocan a la opinión, sea cual fuere el veredicto de los jueces. Una y otra vez he insistido en los costes que conlleva el no distinguir entre la responsabilidad política y la penal, así como tratar de dirimir judicialmente cuestiones que son exclusivamente políticas.

Escándalos y avestruces

Cuesta ya entender la política de avestruz que practica el Gobierno ante cualquier nuevo escándalo, Sea cual fuere la institución en que se produzca, desde una delegación regional del Gobierno al mismo Banco de España, la reacción primera consiste en colocar la cabeza debajo del ala, a la espera de que pase el chaparrón. Con la experiencia de estos dos últimos años, uno hubiera creído que estarían ya convencidos de que esta política de no darse por aludidos, negando la evidencia, con el paso del tiempo únicamente produce una atmósfera de desconfianza generalizada que termina por ser asfixiante al alimentar los rumores más soeces.El Gobierno ha contribuido a crear este clima, precisamente en un momento en que los retos planteados nos obligan a movilizar todas nuestras energías, lo que sólo en un ambiente de confianza y de solidaridad parece factible. La desmoralización que ha producido, tanto como los escándalos mismos, la forma de manejarlos, se revela un factor que desconcierta y, al final, inhibe, justamente en un momento en que necesitamos objetivos claros y políticas complementarias eficaces. Por mucho que el presidente se extienda en describir los objetivos de los próximos años, el ciudadano, tan incrédulo como inquieto, echará en falta explicaciones sobre los rumores en circulación.

La paradoja trágica de la situación actual radica en que el presidente lleva toda la razón cuando insiste en que hay que dar una respuesta común a los retos propuestos, pero es justamente la política que ha realizado hasta ahora -desde la reducción monetaria de la política económica al enfrentamiento con los sindicatos echando balones fuera sobre la necesaria reconversión de algunos sectores industriales, cerrados todos los canales de participación, de espaldas siempre a los reclamos de la gente, con un estilo de gobernar cada vez más dogmático y autoritario- lo que a final de cuentas impide que las palabras del presidente tengan la menor credibilidad incluso en un tema en el que lleva toda la razón: sí, por una serie larga de razones es imprescindible que España esté en el grupo de países que alcanzan la unidad monetaria en 1997.

El objetivo parece tan fundamental como contrario a la coyuntura económica, que muestra rasgos claros de haber empezado otro periodo de declive: las inversiones extranjeras -el verdadero motor del mal llamado milagro español, tanto en la década de los sesenta como en la de los ochenta- están dando señales inequívocas de que ha empezado un ciclo de descenso. Si a ello se suma una peseta supervalorada, cada vez más difícil de sostener, pese al papel esencial que ejerce, junto con los intereses altos, para atraer el ahorro y el capital especulativo, el pronóstico tiene que ser bastante sombrío al comprobar que los cortos años de bonanza se han desperdiciado en lo que concierne a la modernización de la industria. La inversión extranjera en bolsa ha disminuido casi a la mitad, y el asunto Ibercorp no va a favorecer la tendencia contraria.El crecimiento de la inflación y el correspondiente de los salarios no hacen ya a nuestro país tan atractivo para las inversiones extranjeras, máxime cuando se ofrecen nuevas posibilidades de inversión en los. antiguos países comunistas. Ha empeorado sensiblemente la coyuntura económica -las cifras macroeconómicas están dejando rápidamente de ser presentables- precisamente cuando nos acercamos al 1 de enero de 1993.

Problema principal

Pues bien, en una coyuntura económica preocupante, para decir lo de manera suave, el mayor déficit es sin duda la disminución rápida de la credibilidad del presidente del Gobierno, de los socialistas y en general de toda la clase política. Confío en que una vez señalado el problema principal al que tenemos que enfrentarnos, la reacción sea otra que la acostumbrada de negar los hechos, mandar callar al mensajero, al que se le tilda de resentido, desestabilizador, antidemócrata y otras lindezas por el estilo, mientras que a puerta cerrada se discuten nuevos controles auto ritarios para impedir que se pro paguen mensajes críticos, de creer a algunos, el único proble ma serio al que se enfrentaría el Gobierno.Teniendo en cuenta que, por un lado, la situación política y la económica se deterioran a un ritmo acelerado y, por otro, los retos son de tal calibre que en buena parte nos estamos jugando el futuro, albergo la esperanza de que en esta ocasión, en vez de hacemos reproches mutuos, ciudadanos y políticos nos paremos a discutir desapasionadamente lo que habría que hacer para recuperar poco a poco la credibilidad pública, sin la cual ya están perdidas, antes de haberlas dado, las batallas decisivas que se inscriben en el horizonte.

Ignacio Sotelo es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín.