Sin enmienda

EL 22 de febrero concluyó el plazo legalmente establecido para la renovación parlamentaria de cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Cuatro meses antes de esta fecha, el presidente del alto tribunal, uno de los magistrados cuyo mandato ha expirado, se dirigió al del Congreso de los Diputados para que se pusiera en marcha el procedimiento de designación de los nuevos magistrados. Pues bien, los grupos parlamentarios no sólo han hecho caso omiso de esa solicitud, dejando transcurrir el plazo previsto para la renovación, sino que casi un mes después siguen en la misma actitud y sin propósito alguno de enmienda.Esta especie de desidia institucional no es nueva ni afecta sólo al Parlamento. Ahora mismo, el Gobierno lleva casi año y medio sin proceder al relevo del presidente y del vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Motivo: falta de sintonía en los criterios del Ejecutivo y del PSOE sobre el perfil de las personas que han de sustituirlos. El caso es que pugnas políticas, que en sí mismas pueden no ser reprochables, provocan efectos que sí lo son: crear una situación ambigua en la dirección de un organismo como el CNS, del que depende el control y la vigilancia de la producción de la energía nuclear.

Pero con ser grave esta actitud en el área gubernativa y administrativa, lo es todavía más en la parlamentaria. Al Congreso le atañe la designación de los miembros de instituciones que tienen encomendadas tareas de control y de arbitraje esenciales para el equilibrio de los poderes del Estado. De ahí que sea preocupante la costumbre de tomar con una parsimonia rayana en la frivolidad el cumplimiento de las competencias que le corresponden en este terreno. Las designaciones pueden resultar todo lo polémicas que se quieran, pero al menos deben respetarse los plazos previstos, aunque sólo sea por la consideración que se merecen tales instituciones y quienes las integran.

El pretexto alegado ahora para prorrogar todavía más el tiempo de incumplimiento en la designación de los cinco magistrados del TC es el debate sobre el estado de la nación, señalado para el próximo martes. Los grupos parlamentarios parecen necesitar toda su energía para la preparación de dicho debate. Pero no hay razón alguna para considerar que ambas tareas son incompatibles. Tan fundamental es la función parlamentaria de control sobre la actividad del Gobierno como la de cumplimentar en tiempo y forma el nombramiento de los cargos institucionales.

Desgraciadamente, el recurso a esta especie de agravio comparativo institucional no es infrecuente. La última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en octubre de 1990, fue aplazada durante un mes a causa de las elecciones autonómicas vascas. No es extraño que el presidente de esta institución, que ha sufrido en sus propias carnes los efectos del incumplimiento de plazos y de las discrepancias políticas en la designación de sus miembros, haya declarado, en relación con la actual situación del Tribunal Constitucional, que "las instituciones deben ser respetadas incluso en las fechas".

La cuestión es si este sistemático desprecio por los plazos -en el año 1983 se prolongó durante varios meses la elección parlamentaria de cuatro magistrados del TC, un vocal del CGPJ y doce miembros del Consejo de Administración del RTVE- no es, en realidad, uno más de los efectos perversos derivados del sistema de cuotas de poder al que se aferran los grupos parlamentarios en la designación de tales cargos. Lo cual no haría sino agravar todavía más el problema. La credibilidad de tales instituciones descansa en la llamada legitimidad de origen (pureza de los procedimientos de elección) tanto o más que en la de ejercicio (correcto uso de sus competencias). De ahí que deba rechazarse toda pugna política que ponga en cuestión esta legitimidad de origen, tanto a causa de un injustificable y frívolo incumplimiento de los plazos como de los requisitos constitucionales que se exigen en la elección de sus miembros.