El fiscal pide prisión para un alcalde de Granada y 13 jornaleros por el fraude de las peonadas

La Fiscalía de Granada ha solicitado 10 años y cuatro meses de prisión para el alcalde de Iznalloz (Granada), el socialista Antonio Mata Hita, y un año para 13 peceptores del subsidio agrario, por su implicación en el fraude de las peonadas. El fiscal estima que el alcalde cometió un delito continuado de falsedad al certificar a los jornaleros peonadas ficticias y otro continuado de estafa a la Seguridad Social al cotizar en el régimen agrario trabajos que pertenecen al régimen general

Antonio Mata deberá indemnizar por este motivo con cerca de 30 millones a la Seguridad Social, mientras que los peceptores del subsidio tendrán que devolver el dinero cobrado ilegítimamente.La calificación del fiscal aclara cuáles serán los criterios que en éste, y en otros casos parecidos, utilizará el ministerio público para hallar a los responsables del fraude de las peonadas. De los cerca de 300 jornaleros que prestaron declaración ante el juez por percibir el subsidio mediante la firma de peonadas sin trabajar, sólo han sido acusados los 13 que por la cuantía de su patrimonio -que incluye viviendas, fincas y varios vehículos en algunos casos- o por su calidad de empresarios no tenían derecho -reunieran o no las 60 peonadas necesarias- a cobrar la paga por desempleo. En el caso del alcalde, el fiscal destaca que el secretario municipal le advirtió mensualmente mediante una certificación de la irregularidad que estaba cometiendo, pero que continuó a sabiendas de la ilegalidad concediendo firmas de favor.

Advertencias

En el escrito de acusación, el fiscal señala que Antonio Mata, en el periodo de mayo a diciembre de 1988, cotizó al régimen agrario de la Seguridad Social 3.202 jornales correspondientes a 302 vecinos de Iznalloz. El secretario del municipio advirtió al alcalde en varias ocasiones que muchos jornaleros que el Ayuntamiento hacía constar en la relación de trabajadores "por jornadas reales" no constaba que hubieran prestado al Ayuntamiento ningún tipo de servicio. Los municipios andaluces y extremeños disponían entonces de fondos mensuales con cargo al Plan de Empleo Rural (PER) para la promoción de trabajos con los que disminuir el paro en el sector y permitir a los braceros reunir las 60 jornadas que dan derecho al subsidio de desempleo.

Sin embargo, muchos alcaldes firmaron indiscriminadamente jornadas a los braceros sin que éstos llegaran realmente a trabajarlas. No obstante, los ayuntamientos cotizaron por los trabajadores ficticios al régimen especial agrario de la Seguridad Social, cuya cuota es sensiblemente más barata que la del régimen general, pese a que muchos de los trabajos en verdad realizados -barrido de calles, encalado de casas o construcción de viviendas- no eran por naturaleza trabajos agrícolas. Los trabajadores que se beneficiaron de las peonadas falsas entregaban al Ayuntamiento la cantidad correspondiente a la cotización en el régimen agrario para que los municipios no tuvieran que detraerla de sus arcas. En el caso de Iznalloz, el secretario advirtió al alcalde que los mandamientos de pago a la Seguridad Social no se correspondían con las nóminas, "ya que en aquéllos figuran más personas que en éstas".

Antonio Mata, no obstante, mediante "un plan preconcebido", ordenó el "gasto y pago" para posibilitar de esta forma que "numerosas personas pudieran acreditar la realización de 60 jornadas de trabajo anuales, cada una, exigidas como periodo de carencia para la solicitud y obtención del subsidio".

Respecto a los jornaleros, el fiscal ha eliminado la acusación contra todos aquellos que, aunque se beneficiaron de firmas falsas, pudieran alegar estado de necesidad para justificar su conducta. Las personas para las que la fiscalía pide un año de prisión y la devolución de la prestación -que gira en torno a las 240.000 pesetas- tienen patrimonio suficiente e incluso otros ingresos para no tener que acogerse al subsidio.

Entre ellos figura María Córdoba, de 43 años, a cuyo nombre, o al de su unidad familiar, figuran dos vehículos, una finca, un solar urbanizable, la vivienda donde reside y que además explota el café restaurante La Cueva, valorado en 20 millones de pesetas. Otro de los supuestos jornaleros acusados es Juan Moreno Mañas, de 37 años, dueño de una vivienda y de un café-bar con discoteca que tiene arrendado para su explotación. Asimismo figura Antonio Molina Acebes, dueño de fincas de secano, riego y olivar, así como de una furgoneta. Tiene dos cuentas bancarias con depósitos a plazo fijo por cantidades superiores a los cinco millones de pesetas.