El estado del debate

CUALESQUIERA QUE sean las razones que se le encuentren, y sean éstas coyunturales o estructurales, es evidente que el brusco crecimiento de los precios en febrero compromete seriamente el objetivo de inflación del Gobierno; y ala vista del papel central de ese objetivo en su política económica, compromete también esa política. Es decir, cuestiona algunos aspectos de la estrategia de aproximación de la economía española a la de los principales países de la Comunidad Europea (CE) que constituye el programa actual del Gobierno. Y como esa estrategia va a ser el eje del mensaje de su presidente en el debate sobre el estado de la nación del día 24, Felipe González subirá este año a la tribuna con un lastre considerable. Tanto, que tal vez haya que buscar en los datos de coyuntura conocidos estos días -combinación de crecimiento del paro y fuerte rebrote de la inflación- algunos de los motivos del aplazamiento de la fecha de ese debate. Para tomar distancia respecto a la coyuntura misma, pero también para considerar, a la luz de esos datos, si las medidas previstas para hacer efectivo el objetivo de convergencia serán suficientes o simplemente eficaces.El debate se producirá en un momento caracterizado por una considerable crispación de las relaciones entre los partidos, compatible con un creciente desinterés ciudadano por los asuntos públicos. La combinación entre demagogia de pegatina, por una parte, y comportamientos corruptos, o de búsqueda de privilegios, por otra, ha ido apartando de la política a la gente más competente y acercando a ella a buscadores de oportunidades fáciles. La idea europea, invocada como posible remedio al vacío ideológico, no acaba de prender del todo ni en la derecha ni en la izquierda, ni siquiera - entre los jóvenes. Un año que se esperaba de celebraciones, crecimiento del empleo y tregua social se ha iniciado bajo el signo de la conflictividad y la falta de perspectivas. Ése es el panorama.

Tal vez sea un reflejo de lo que los franceses llaman síndrome de los diez años: los que lleva Mitterrand en la presidencia y los que pronto llevará el PSOE gobernando en España. Con el agravante, entre nosotros, de que el eventual cansancio de la gente ante la repetición de las mismas caras y discursos no se ve aliviado por una expectativa razonable de alternancia próxima. Por ello, tratar de canalizar hacia el Parlamento las disputas entre los partidos, y de traducirlas en alternativas claras ante los ciudadanos, es ahora mismo una necesidad del sistema democrático.

El debate deberá llevar a la ciudadanía un mensaje tan alejado del voluntarismo como del derrotismo. De entrada, el que la referencia sean ahora los países más prósperos de la CE revela un avance insospechado en el momento de la integración, en 1986. En estos seis años, la economía española ha crecido el 32,9%, 12 puntos más que la media de la Comunidad y 14 por encima de la economía norteamericana. La renta per cápita española se situaba en 1985 un 28% por debajo de la media; ahora la distancia es del 22%. Y si el paro actual, el 16,9% de la población activa, se sitúa nueve puntos por encima de la media, hace seis años, con el 21,6%, la diferencia era de 12 puntos. El derrotismo sarcástico y el gusto por escupir al espejo que reflejan ciertas reacciones ante las dificultades actuales deberá ser compensado con una consideración ponderada de esas realidades.

Pero los objetivos de la convergencia son de tal naturaleza que la desviación en uno de ellos puede tener efectos perversos más que proporcionales en los demás. Por encima de ciertos límites, una política restrictiva del gasto público resultará incompatible con el crecimiento mínimo necesario para crear empleo. La búsqueda de un equilibrio exigirá determinar nítidamente, sin subterfugios, las prioridades y los descartes en el gasto. Ese debate, político por antonomasia, es el que puede devolver el pulso a la vida parlamentaria el día 24.