La policía halló 17 armas de fuego al detenido por tráfico de datos informáticos

Cinco rifles, cinco escopetas, siete pistolas y 25 cajas de munición fueron intervenidos por la policía a Joaquín González López, cuando le detuvo en enero último por su presunta vinculación con delitos cometidos en relación con el tráfico de datos informáticos sobre 21 millones de españoles. La detención se produjo como consecuencia de las investigaciones policiales -intervenciones telefónicas incluidas- efectuadas a raíz de que Óscar Callado Palomo, contratado por González, pusiera en conocimiento de la policía una serie de hechos "por si pudieran ser constitutivos de delito".

La comparecencia de Callado, director técnico de la empresa Leisa dedicada a la formación informática y la prestación de servicios, se produjo en la comisaría de Móstoles el 11 de julio de 1991, según figura en las diligencias que instruye el juez de instrucción número 2 de Móstoles, Gregorio del Portillo García. Callado declaró que en septiembre de 1989 González López, representante de la empresa Publigest, requirió los servicios de Leisa, a la que llevó una serie de archivos soportados en cinta magnética.Entre tales archivos destacaban los correspondientes a los vehículos de Madrid de 1984, padrón de Madrid, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, pensionsitas, propietarios de fincas urbanas, parados según el Instituto Nacional de Empleo, empresas jurídicas y declaración de la renta de 1988, con un total -siempre según el denunciante- de 45 a a 50 millones de registros. Callado declaró que, aunque a primera vista, el único propósito de González era realizar copias, estados, listados del contenido de las cintas, posteriormente observó que realizaba operaciones comerciales de venta de datos a entidades de crédito u otras empresas, tras cruzar los diferentes ficheros.

Fichero de vehículos de 1990

Callado dió cuenta también de que entre finales de 1989 y comienzo de 1990, González llevó a las oficinas nuevos ficheros, como el del censo electoral, procedente de Barcelona, soportado en 56 carretes de cinta magnética, y el de los vehículos de 1990, con 13 millones de registros. Callado relató a la policía que González llevó este último archivo a altas horas de la madrugada y pidió que se copiara rápidamente, "tras de lo cual se fue con el original que, según dice, debe ser devuelto con urgencia" según figura en el acta de la comparecencia.El denunciante señaló a la policía que aquel fichero contenía "información de gran calidad para enriquecer la base de datos, por lo que es incorporado a la estructura anterior, ampliando el acceso directo a la extracción de datos de un individuo o empresa con el simple conocimiento de la matrícula de un vehículo". Callado señaló que "a raiz de estar en posesión de este último fichero, las relaciones comerciales de Joaquín González aumentaron considerablemente". El compareciente hizo constar que deseaba poner tales hechos en conocimiento de la autoridad judicial, por si eran delito.

El principal implicado en el presunto tráfico informático se encuentra en libertad y continua en plena actividad, según fuentes próximas al caso. A petición suya, el 3 de marzo último, el juez Del Portillo ordenó que se le entregaran "todos los efectos intervenidos al señor González López, excepto las cintas informáticas y los otros efectos que tengan trascendencia para la investigación".

Pistolas, rifles, escopetas

Entre los efectos intervenidos figuran siete pistolas -dos de ellas de duelo y 1 Derringer-, cinco escopetas de caza, cinco rifles -uno Kentuky, otro con mira telescópica calibre 300 otro Remington, otro Magnum calibre 22 con mira telescópica y otro Winchester-, así como un total de 25 cajas de municiones de diferentes calibres. También se le intervino un cuchillo de monte y un cinturón-canana con municiones. González López ha declarado que tiene licencia de armas.Otros efectos intervenidos al detenido fueron el documento original de la Junta Electoral Central denegando el censo, así como las copias de su petición; varios recortes de Prensa relacionados, entre otras materias, con el proyecto de ley orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos de carácter Personal; cinco cajas conteniendo 244 diskettes; 147 cintas magnéticas de ordenador. Otros documentos intervenidos son el original del Ministerio de Agricultura denegando los ficheros solicitados y otro documento original solicitándolos a Tráfico, así como varias facturas, un marcador automático de teléfonos y un ordenador personal.