El Gobierno argelino entreabre la puerta de los centros de detención del Sáhara

El Alto Comité de Estado ha entreabierto las puertas de los seis centros de internamiento del Sáhara, donde se concentran los 6.796 integristas detenidos durante los dos últimos meses, y ha informado, a través de varios portavoces, que en las próximas semanas se volverá a estudiar la situación de numerosos detenidos, en un intento de conceder la libertad a quienes hayan sido aprehendidos por error o arbitrariamente. Otros 2.217 integristas se encuentran a disposición de las autoridades judiciales, lo que suma un total de 9.013 detenidos en los dos últimos meses.

El Gobierno argelino ha anunciado estas medidas de clemencia coincidiendo con el mes sagrado de ramadán y cuando se cumple el primer mes desde la implantación del estado de excepción en todo el territorio nacional.Con esta iniciativa, la junta cívico-militar en el poder pretende recuperar la credibilidad erosionada por la firme campana que las asociaciones locales de defensa de los derechos del hombre están llevando a cabo para controlar y acotar las actuaciones de las fuerzas de seguridad.

Como consecuencia de esta nueva política de transparencia y de puertas abiertas, una delegación de la Liga Argelina de Derechos Humanos pudo visitar la semana pasada dos de los centros de internamiento del sur del país.

Delegaciones internacionales

En los próximos días, otras dos delegaciones, una de Amnistía Internacional y otra de la Cruz Roja, tienen previsto efectuar una visita similar, que se completará con la que el próximo mes de abril realizará la diputada socialista española Anna Balletbó al frente de una misión enviada por la Fundación Olof Palme.Las acusaciones y críticas vertidas por los observadores de la Liga Argelina de Derechos Humanos han provocado que las autoridades decidieran el traslado de 500 detenidos a otros lugares en un intento de mejorar las condiciones de vida de los centros de internamiento. Pero, sobre todo, la fiscalización de las asociaciones cívicas democráticas ha obligado al Ministerio del Interior a explicarse públicamente, presentando los datos oficiales sobre detenidos y víctimas registrados en los últimos incidentes.

El general mayor Larbi Beljeir, uno de los hombres fuertes del régimen y bajo cuyo control se encuentra el Ministerio del Interior, gestiona el estado de excepción y forma parte del Consejo de Seguridad argelino, fue el encargado de reunirse con la prensa local el pasado jueves para informarles y darles a conocer los datos oficiales.

Las cifras ofrecidas por el general mayor Beljeir -9.013 detenidos- difieren sustancialmente de las avanzadas por las organizaciones políticas y especialmente por el Frente Islámico de Salvación (FIS), que han llegado a afirmar que en Argelia habían sido detenidos a 30.000 integristas.

El ministro del interior afirmó que la mayor parte de los detenidos, 6.796 personas, se encuentran internadas en cinco centros de seguridad en el sur del país, mientras que las restantes se encuentran a disposición judicial.

Subrayó que los centros de internamiento saharianos más poblados son los de Regann y Urgala, con 3.004 y 2.133 personas, respectivamente, mientras que el que se halla en la localidad de Adrar alberga sólo a ocho detenidos.

Otros centros de internamiento se encuentran, por ahora, vacíos, según aseguró el responsable del ministerio.

Las explicaciones del general mayor permitieron también poner al descubierto una operación encaminada a recuperar las instituciones locales y provinciales en manos de los integristas tras las elecciones de junio de 1990.

Ayuntamientos intervenidos

Beljeir afirmó que las autoridades del Estado habían tomado posesión de 350 ayuntamientos y de 12 gobiernos provinciales, de los 48 que posee el país, por encontrarse éstos desasistidos por diversos motivos, como son la detención de los alcaldes, de sus concejales o por problemas de orden público. El ministro añadió que el Gobierno arbitrará urgentemente medidas para administrar estos ayuntamientos y gobiernos provinciales.A pesar de las medidas continúan en manos de los islamistas otros 24 gobiernos provinciales y alrededor de 500 ayuntamientos más.