La convergencia con Europa origina nuevas discrepancias de Borrell y Solana con Solchaga

El titular de Economía, Carlos Solchaga, vuelve a estar en el centro de la polémica política en el seno del Gobierno. El plan de convergencia económica con Europa ha sido debatido ya en dos consejos de ministros y aún no existe consenso en el Ejecutivo. Solchaga, principal artífice del plan, es respondido desde dos posiciones. De un lado, los ministros de Educación, Javier Solana, y de Obras Públicas, José Borrell, defienden una menor reducción del déficit público. De otro, varios ministros insisten en despojar al plan de elementos tecnocráticos para darle un tratamiento político.

El Consejo de Ministros debatió ayer durante casi siete horas seguidas el plan de convergencia económica con Europa sin que terminara de cerrarse la discusión, que continuará el proximo viernes. Fuentes del Ministerio del Portavoz del Gobierno atribuyeron ayer a la complejidad del debate, que "es una propuesta política de primera magnitud con el establecimiento de prioridades y la definición de políticas", la continuidad de la discusión para la próxima semana.El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, defiende una reducción del déficit público hasta el 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB) para 1996 con la pretensión de "reducir la inflación y con ella conseguir el descenso del paro". El año pasado el déficit registrado fue del 4,4%. Solchaga se plantea una congelación de plantillas y la contención de los gastos sociales a niveles algo inferiores al crecimiento económico (ver EL PAÍS del 28 de febrero).

Los ministros de Educación, Javier Solana, y de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, pretenden, sin embargo, reducir el déficit público para todas las administraciones públicas sólo hasta el 3% -tal y como lo plantean las exigencias comunitarias de la cumbre europea de Maastricht del pasado mes de diciembre- en vez del 0,8% que propone Solchaga.

Con esta posición, tanto Solana como Borrell pretenden mantener un gasto público suficiente que sostenga los planes de gasto en infraestructuras y en materia educativa, con el argumento de que "son las inversiones de futuro". Fuentes de la Moncloa restaban ayer importancia a estas diferencias, que reproducen el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado de 1992, porque "hay una amplia distribución de recursos y muchas prioridades que defénder".

Posición intermedia

En este debate, la mayoría del Consejo de Ministros se mantiene en una posición intermedia, coincidente también con el núcleo más significativo de la dirección del PSOE. Desde la comisión ejecutiva socialista se considera como apropiada la reducción del déficit público en un 1,5%. Fuentes próximas al Gobierno manifiestan, en este sentido, que "no creemos que el déficit público pueda bajar tan deprisa como pretende Solchaga y tampoco se trata de hacer un plan muy ambicioso, cuyos objetivos no puedan cumplirse. Hay que presentar un cuadro de objetivos abierto".

Existe un amplio consenso en el debate sobre la reducción del gasto público por la vía del saneamiento del Instituto Nacional de Empleo (Inem) -cuyo "agujero" fue de 430.000 millones el pasado año- y de los gastos sanitarios, en línea con los planes presentados por los ministros de Trabajo, Luis Martínez Noval, y de Sanidad, José Antonio Griñán. Pero esta parte del debate del Consejo de Ministros tiene un perfil más político y de imagen que afecta a la propia presentación del plan ante la opinión pública.

Un programa político

Un grupo de ministros entre los que se encuentra el titular de Agricultura, Pedro Solbes, -con el respaldo del vicepresidente, Narcís Serra- han defendido en el Consejo de Ministros que "no se trata de hacer del cuadro macroeconómico un objetivo en sí mismo", sino de presentar a la opinión pública un programa que se concretaría en un "plan de reforma estructural", con medidas tales como la lucha contra el fraude fiscal y el del desempleo.

Fuentes próximas al Gobierno señalan que "estas medidas, además de acercar España a otros países europeos con un fraude mucho menor que el nuestro, reducirían ampliamente el gasto y tienen un profundo carácter solidario que la opinión pública aprecia".

En esta línea, estos ministros han hecho hincapié en los debates del Consejo en la necesidad de que el plan de convergencia tenga el perfil de "un programa político, con sus aliados, y que sirva para movilizar a la sociedad". Estos aspectos contaban tras la sesión de ayer del Consejo de Ministros con "un amplio consenso", según fuentes del Portavoz del Gobierrio.

Los sindicatos juegan un importante papel, en este sentido, según fuentes gubernamentales. El análisis, en fuentes próximas al Gobierno, es que los sindicatos -cuyos principales líderes se reunieron el miércoles con el presidente del Gobierno- están en condiciones más favorables para comprender el plan de convergencia económica y "se les constata una buena voluntad". "Los sindicatos saben que el ciclo económico está estancado y que muchas empresas pierden dinero" añaden las mismas fuentes.

La pretensión del Gobierno, según fuentes del Ministerio del Portavoz, es cerrar el debate el próximo viernes y enviar el acuerdo posteriormente a la Comisión Mixta Congreso-Senado para debatirlo.