El juez archivara los casos 'poco graves' contra menores

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados aumentó ayer la función decisoria del juez en los procesos de menores, hasta el punto de habilitarle para archivar en los casos poco graves. Asimismo, la comisión eliminó del proyecto de ley de reforma urgente de la legislación de menores, la referencia que el el Gobierno hacía a la vigente mayoría de edad penal, fijada en 16 años, y se remite al futuro Código Penal.La reforma de la legislación de menores promovida por el Ejecutivo como consecuencia de que el Tribunal Constitucional anuló algunos preceptos, por inconstitucionales, preveía que la nueva ley se aplicara a la franja de edad comprendida entre 12 y 16 años y, en coherencia con esta previsión, el anteproyecto de Código Penal elaborado por Justicia fija la mayoría de edad en 16 años. Sin embargo, el grupo socialista transigió en vincular esta ley a los hechos cometidos "por mayores de 12 años y menores de la edad fijada en el Código Penal para la mayoría de edad", con lo que se aplaza el debate.

La transacción entre el PSOE y la oposición mejoró el texto gubernamental en puntos sustanciales. Así, se introdujo que el internamiento de un menor en un centro cerrado por un plazo máximo de un mes -el proyecto decía tres meses- requiere la decisión del juez "a la vista de la gravedad de los hechos".

Igualmente, el informe del equipo técnico -integrado por psicólogos y asistentes sociales- sobre el menor, que habrá de elaborarse en 10 días -prorrogables a un mes "en casos de gran complejidad"-, lo remitirá el fiscal "inmediatamente" al juez de menores. El proyecto decía que recibido el informe, el juez señalaría día y hora para la comparecencia, pero la comisión ha introducido que, previamente, "atendiendo a la poca gravedad de los hechos, el juez podrá darlo por concluido".

Para la suspensión del fallo contra el menor, el Gobierno había previsto que los perjudicados acepten una propuesta de reparación extrajudicial. Otra enmienda transaccional permite, "no obstante", al juez acordar la suspensión del fallo si el perjudicado no manifestase su oposición o ésta fuera manifiestamente infundada". La ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores "corresponderá a las entidades públicas competentes en la materia", bien de la Administración central o autonómica.

En cuanto al papel del fiscal, muy reforzado en el proyecto de ley, la comisión introdujo, a propuesta de Pablo Castellano (IU), el marco de actuación del Ministerio Público en materia de menores: "Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos, la observancia de sus garantías, el cuidado de la integridad física y moral del menor".