El Plan de Convergencia prevé la contención del gasto para rebajar la inflacion al 3% en 1996

La contención del gasto público es el principal objetivo del Plan de Convergencia con la Comunidad Europea que el Gobierno estudió el pasado viernes a propuesta del ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga. El propósito es que la diferencia entre los ingresos y gastos de las Administraciones Públicas se reduzca al 0,8% del PIB en el año 1996. Para ello se tomarán medidas como congelar las plantillas de funcionarios y la contención de los gastos sociales a niveles algo inferiores al crecimiento económico, junto con el mantenimiento de la inversión pública. El plan pretende reducir la inflación al 3% en 1996 y crear en total un millón de empleos con un crecimiento económico del 3,5%.

El diseño del Plan de Convergencia planteado por Solchaga, va más allá de los objetivos fijados en Maastricht en cuanto a la política presupuestaria. En aquella cumbre se acordó situar el déficit del conjunto de las Administraciones públicas por debajo del 3% del PIB en 1986. Éste es uno de los requisitos para pasar a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (moneda única) que se iniciará en 1997.Solchaga ha propuesto al Gobierno un objetivo mucho más ambicioso: situar este déficit en el 0,8% del PIB, desde el 4,4% que se registró el pasado año. También se acordó que el endeudamiento de las Administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), se sitúe en esa fecha por debajo del 60% del PIB. El ministro también quiere ir más allá en este aspecto y plantea como meta un 43,3% del PIB.

El plan de Solchaga propone reducir la inflación desde el 5,9% registrado el pasado año (deflactor del consumo privado), al 3% en 1996. El acuerdo de Maastricht establece que los precios deben situarse como máximo en 1,5 puntos por encima de la media de los tres países que la tengan más baja. En la actualidad, la inflación media de los países más estables de la CE (Luxemburgo, Dinamarca y Bélgica) se encuentra en el 2,7%. Es decir, Solchaga quiere acercar la inflación española a la que se registra en estos países, sin tener en cuenta -de seguir así las cosas- el margen del punto y medio permitido.

Tipos de interés

El esfuerzo para reducir la inflación en 2,9 puntos recaerá, sobre todo, en las restricciones presupuestarias. La contención del gasto público es la baza que mayor capacidad de maniobra ofrece a la política económica, ahora y en los próximos años.

En efecto, luchar contra la inflación a través de una política de altos tipos de interés -como últimamente- es una opción que cada vez se agotará más. A la política monetaria le queda poco margen para forzar el precio del dinero porque hay que mantener a la peseta dentro de los límites del Sistema Monetario Europeo. Desde que se acordó la incorporación al SME, la moneda española se mantiene en el techo máximo. Pero además, si España quiere pasar a la tercera fase de la unión monetaria tiene que introducir a la peseta en la banda estrecha del SME antes de 1994, lo que obligará a reducir aún más los tipos de interés.

La política de rentas, la otra baza a jugar para reducir la inflación, tampoco parece tener futuro, dada la negativa actual de los sindicatos a firmar un acuerdo salarial. La política presupuestaria aparece, pues, por primera vez en los últimos años, como el último cartucho que el Gobierno puede quemar para estar entre los países con una inflación controlada.

El documento de Solchaga confía también en la reducción del déficit público para que se consiga otro de los objetivos de Maastricht: que los tipos de interés no superen en dos puntos la media de los países con menores tensiones.

Si se consigue reducir el déficit público se aliviará la presión sobre los tipos de interés que ejerce el sector público en los mercados financieros. Pero además, se pretende reducir el déficit por cuenta corriente al 2,5% del PIB (frente al 3% de 1991), lo que aliviaría la presión exterior sobre los tipos de interés españoles. Ello tendrá, de rebote, un efecto beneficioso sobre una de las grandes cargas de los Presupuestos públicos: el coste de la deuda.

Mantener la inversión

La reducción del déficit de las Administraciones públicas es, pues, el meollo del Plan de Convergencia presentado por Solchaga. Otra cuestión es como se consigue. El documento presentado por Solchaga al Consejo de Ministros reabre un debate permanente en seno del Gobierno, ya que propone una contención del gasto público, que debería tender a un crecimiento por debajo del conjunto de la economía en algo más de un punto.

La contención del gasto afectará sobre todo a las partidas sociales -sanidad, educación y desempleo- y supondrá la congelación de las plantillas de las administraciones públicas. La propuesta concreta de Solchaga es que únicamente se hagan ofertas de empleo público para cubrir las vacantes. Los gastos de personal crecerían igual que la inflación, con las excepciones de los Ministerios de Justicia y de Educación para permitir sacar adelante las leyes de Demarcación y Planta y la LOGSE, respectivamente. La inversión pública se mantendrá en el 5% del PIB, en niveles similares a los últimos años.

En cuanto a los ingresos, el plan prevé un crecimiento por encima del PIB en algo más de un punto, sobre todo por las mejoras de gestión y la lucha contra el fraude. El aumento de recaudación por la subida de dos puntos en el tipo medio del IVA (del 13% al 15%) acordado con la CE para 1993, se compensaría con la introducción de un tipo superreducido (cercano al 0%) para los productos de primera necesidad. Además, se prevé que el tipo incrementado (28%) quede únicamente para los aitomóviles y desaparezca para el resto de los productos de lujo (pieles, yates, joyas).