El fiscal pide que se eleven a 30 años las condenas para los tres principales responsables de la colza

El fiscal Eduardo Fungairiño solicitó ayer al Tribunal Supremo que eleve a 30 años las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los tres principales condenados en el caso de la colza y que las muertes se consideren como homicidios. La Sala Segunda inició la vista de los recursos de casación en medio de un gran desastre organizativo, que quedó paliado por la tarde con la contratación urgente de un servicio de megafonía y el montaje de un circuito cerrado de televisión para que varios cientos de afectados pudiesen seguir la vista. La asistencia de casi 2.000 damnificados desbordó todas las previsiones.

El Fiscal Eduardo Fungairiño, el mismo que acusó a los aceiteros en el proceso de la Casa de Cam po y que ha sido designado espe cialmente por su conocimiento de la causa, solicitó que se eleven las condenas hasta el máximo de 30 años de cárcel para Juan Mi guel Bengoechea, Ramón Ferrero López y Jorge Pich Garriga, como principales responsables del desvío al consumo humano de aceite de colza desnaturaliza do con anilina para uso in dustrial.El fiscal consideró que los 330 fallecimientos deben castigarse, como un delito contra la salud pública con resuliado de muerte y 329 homicidios. También solicitó que se impongan ocho año de cárcel a los industriales aceite ros Elías Ferrero, Cándido Hernández Galán, Ramón Navarro Poriz, Florencio Feijóo y José Antonio Pastor Ruiz, a los que consideró autores de delitos agravados de estafa.

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo, el de mayor aforo del Palacio de Justicia, resultó insuficiente para acoger a los casi 2.000 asistentes que llegó a contabilizar el servicio de seguridad, desplazados en autocares desde Valladolid, Burgos, Cantabria, Palencia o los alrededores de Madrid. Sólo unas doscientas personas pudieron acceder a su interior, y varios centenares más permanecieron toda la jornada esparcidos por escaleras, dependencias y pasillos del Tribunal Supremo, aunque por la tarde pudieron seguir la vista desde dos monitores de televisión instalados en un salón del Colegio de Abogados.

Los que consiguieron entrar se pasaron toda la mañana protestando por no poder oír nada Las distorsiones en la vetusta megafonía del salón aconsejaron prescindir de ella y la voz de los letrados no llegaba ni a sus compañeros de estrado. La única previsión que funcionó en medio del desastre de la mañana fue el ritmo de los informes, previamente estipulado en media hora por el tribunal con los 26 abogados. De seguir este ritmo, la vista puede terminar hoy.

No fue una imprudencia

Juan Miguel Bengoechea, condenado a 20 años de reclusión, exgerente de Rapsa, la empresa que importó el aceite de colza desde Francia, fue acusado por el fiscal de haber traficado "no con un producto exótico, sino con aceite, el elemento más típico de la dieta española". "Conocido el origen de la enfermedad no hizo nada por aminorar el daño, por lo que su conducta no puede considerarse como imprudente", aseguró Fungairiño.

El defensor de Bengoechea, Julio Ferrer Zabala, había dicho por la mañana que no se ha de terminado con exactitud que la presencia de anilinas y anilida en el aceite fuese la causa de la enfermedad.

A juicio de Ferrer Zabala, las encuestas epidemiológicas que decidieron la presencia de anilinas se realizaron defectuosamente, al haberse practicado sobre familias y no sobre individuos.

Sobre Ramón Ferrero, condenado a 12 años y que permanece en prisión al igual que Bengoechea, el fiscal dijo que no tenía "ninguna necesidad de envenenar para estafar", puesto que ya estafaba "antes de la colza, mezclando el aceite con grasa de cerdo, y volvió a hacerlo después del período crítico de la enfermedad". "Ferrero tenía conocimiento de la existencia del aceite industrial y a pesar de que recibía quejas de los consumidores siguió. engañando. Sabía que el aceite industrial no podía desviarse al consumo humano y aceptó el resultado", dijo Fungairiño.

El catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos, defensor de Ramón Ferrero, subrayó que éste mandó refinar el aceite "e incluso devolvió dos cisternas porque el aceite olía mal". Rodríguez Ramos indicó que sigue siendo un misterio por qué entre las mismas familias unos murieron, otros quedaron lesionados y a otros, en cambio, no les pasó nada, y dijo que nadie pudo prever el daño.

Fungairiño dijo que Jorge Pich, condenado a 10.años y en libertad provisional, "deviene omnipresente en toda la sentencia de la Audiencia Nacional". "Está presente en las muestras, los contactos, la intermediacion y la sentencia le cita quince veces, y no cinco, como ha dicho su letrado". Su abogado, Juan Rucabado, había dicho que Pich se limitó a poner en contacto a Ferrero con Bengoechea y no participó en las importaciones ni en el transporte de aceite de colza.

La sesión de la mañana se inició con los recursos de los defensores de los siete condenados que han recurrido la sentencia. Jesús Castrillo, defensor de Ramón Alabart, condenado a cuatro años y dos meses, rechazó que su cliente conociera la existencia de anilinas en el aceite de colza.

Los defensores de Florencio Feijóo, Ramón Navarro y Adela Jarauta, industriales condenados por estafa al descubrirse que mezclaban aceites de semillas y lo vendían como puro de oliva, esgrimieron la teoría del Rolex, el reloj de lujo cuya venta a bajo precio permite deducir que no es de la marca genuina. Según los abogados, el hecho de que los aceites se vendieran a precios irrisorios pudo haber llevado a los compradores a deducir que no era puro de oliva.