Paro y convergencia

LA ENCUESTA sobre la Población Activa (EPA) ha dado la peor noticia de coyunlura económica desde 1985: ha cambiado la tendencia a la creación de empleo. En 1991 se destruyeron 60.880 puestos de trabajo. Ello supone un cambio radical de la propensión experimentada en los tres años anteriores, en que se habían generado 328.500, 477.000 y 320.000 puestos de trabajo, respectivamente .Esta evolución negativa se ha visto compensada, en parte, por la creación de 145.250 empleos en el sector servicios y 20.540 en la construcción. No obstante, surge de nuevo la inquietud al comprobar que la destrucción de empleo fue especialmente intensa en el último trimestre, con una pérdida de 118.000 puestos, lo que permite suponer el inicio de una nueva y adversa fase. Junto al dato negativo de la pérdida de empleo hay que destacar el aumento del paro en una cantidad mucho mayor, 141.890 trabajadores, debido al aumento de la población activa.

Un tercer elemento perjudicial para el mercado de trabajo es la creciente sustitución del empleo fijo por el temporal. En 1991 desaparecieron 188.460 empleos fijos, compensados por la creación de 160.370 temporales, un aumento que en ocasiones es sinónimo de fraude en la contratación, de forma que cada vez es mayor el número de trabajadores que prestan servicio a una misma empresa altemando periodos de trabajo con periodos de subsidio. El resultado final es un incremento espectacular de los gastos por subsidio de desempleo. En 1991, los gastos por tal concepto se esbordaron en más de 340.000 millones de pesetas, y el ministro de Trabajo, Martínez Noval, ya ha señalado que los datos de enero y febrero de 1992 hacen prever nuevos desvíos al alza.

Si para Martínez Noval "la EPA es, sin paliativos, un mal dato", en el Ministerio de Economía, por el contrario, se argumenta que la causa de que no se hayan cumplido los objetivos del Gobierno obedece esencialmente a que los salarios han crecido más de lo recomendado. Lo cierto es que, frente a una previsión de creación media de empleo de 239.000 puestos a lo largo de 1991, la realidad la ha reducido a 30.600 empleos. Diferencia demasiado abultada para achacarla exclusivamente a los salarios. El Ministerio de Economía, por otra parte, ha quitado importancia al dato al señalar que la EPA no ha recogido todavía la leve tendencia de recuperación económica de finales de año.

Ojalá sean ciertos los síntomas de recuperación advertidos por las autoridades económicas; pero sería preocupante ampararse en ellos para no tener que admitir que el empleo y el paro devienen, otra vez, en problemas capitales de los españoles. El, sin duda, prioritario objetivo del Gobierno por lograr la convergencia con Europa ha condicionado que su política económica se centre básicamente en la reducción de la inflación y del déficit público. Así lo demuestran los recientes mensajes del ministro Solchaga en torno al déficit, o más correctamente, en la reducción del gasto público.

El discurso económico por antonomasia no incluye, desde hace tiempo, las referencias al empleo y al paro. La nueva Europa habla de tipos de interés, inflación, déficit público, deuda pública... Es la convergencia macroeconómica. La otra convergencia, la de la cohesión, la de la economía real, la que mide el porcentaje de parados, la cuantía de los subsidios sociales, los kilómetros de autovía, la red de ferrocarriles, el nivel de protección social, el precio de las viviendas, etcétera, carece de alusiones o es subsidiaria. Una parte del necesario debate sobre la política económica a seguir hace imprescindible preguntarse sobre el valor de los objetivos básicos de convergencia formal si incorporan una tasa elevada de parados, una sociedad dual creciente y la carencia de las infraestructuras necesarias para que los ciudadanos españoles se consideren incluidos, auténticamente, en la Europa de la primera velocidad.