La cifra de funcionarios publicos ha crecido en casi medio millón entre los años 1982 y 1991

Madrid - 22 feb 1992 - 00:00CET

El número de funcionarios de las diferentes administraciones públicas ha pasado en España de 1.393.340 en 1982 a 1.825.913 en julio de 1991, según datos oficiales. Pese a la creación del Estado de las autonomías y el consiguiente proceso de transferencia de competencias -incluido el traspaso de casi 300.000 empleados públicos-, la Administración central ha disminuido tan sólo en 280.000 funcionarios, ya que ha pasado de 1.181.000 a 900.576 durante ese periodo. Además, los ayuntamientos han incrementado en más del doble la cifra de sus empleados públicos: de 167.045 a 359.877.

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Éste es el panorama con que se encuentra el Gobierno al plantearse el plan de modernización de las Administraciones Públicas, cuya puesta en funcionamiento se ha comprometido a realizar en lo que queda de legislatura.La puesta en marcha del Estado de las Autonomías ha creado un nuevo contingente de 565.000 funcionarios, que se ha visto compensada con una limitada, reducción de efectivos de la Administración Central de 281.000, una vez realizadas las transferenclas hasta el verano pasado. En el mismo período ha crecido también la administración municipal en casi 200.000. La Administración autonómica crecerá aún más, una vez que se cierre el pacto de las comunidades autónomas denominadas de vía lenta.

El saldo de casi 500.000 funcionarios más, una vez hechas las transferencias de la Administración central a la autonómica, plantea la interrogante de si eran necesarios y dónde están ahora ubicados. Fuentes de la Administración admiten que "una buena parte de los servicios periféricos de la Administración central han pasado a integrar las administraciones autonómicas, pero los servicios centrales en Madrid apenas se han alterado".

Como muestra de esta situación, el Ministerio de Sanidad y Consumo -uno de los más afectados por las transferencias de sus efectivos a las comunidades de mayores competencias, reguladas por el artículo 151 de la Constitución- ha aumentado el porcentaje de sus efectivos en Madrid respecto a la periferia de un 46,15% a un 61,78% de junio de 1989 a enero de 1992. Concretamente ha reducido sus efectivos totales de 12.961 funcionarios a 9.492. Sin embargo, la plantilla pública en en Madrid permanece prácticamente igual, al pasar de 5.982 a 5.865.

Mayor burocracia

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Estos datos reflejan un mayor peso de la burocracia y una relativa reducción de los servicios de atención al ciudadano. Los representantes de la Administración argumentan que "España camina hacia una Administración con más cabezas pensantes y menos cuerpo", pero desde sectores críticos de la misma se sostiene que "está aumentando la burocracia a causa de la inercia administrativa, la resistencia del personal a abandonar los servicios centrales y del sistema retributivo".

El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Justo Zambrana, ha señalado en este sentido: "Vamos a tratar de que la oferta de empleo público tienda a aproximarse a cero en los próximos años, salvo en algunas áreas como educación y sanidad en las cuales va a ser difícil evitar que crezca el número de funcionarios".

Fuentes del Ministerio para las Administraciones Públicas señalaron ayer: "Nuestro nivel de empleo público ha crecido porque estaba muy por debajo del baremo europeo" y apuntaron que "el problema no está tanto en que la burocracia esté relativamente inflada sino en la necesidad de reubicar funcionarios situados en organismos caducos". Las mismas fuentes adelantaron que "ése es un reto del plan de modernización, que ya se está estudiando desde la Administración, pero que no se podrá resolver inmediatamente".

En cuanto a las administraciones de las comunidades autónomas, su puesta en marcha también ha venido condicionada por el modo de realizarse las transferencias desde la Administración del Estado. Además de incorporar a una buena parte de la administración periférica del Estado, y no disponer de la correspondiente transferencia de los servicios centrales ha tenido que improvisar los altos cargos de su propia administración, vulnerando en numerosos casos los concursos de méritos, seguran fuentes críticas de la propia Administración del Estado.

Duplicidades

Paralelamente, se presentan algunos fenómenos de duplicidad de funciones, dándose el caso de que la Administración central compite con las comunidades autónomas a las que ha transferido sus competencias. Tal es el caso del Ministerio de Asuntos Sociales. Creado tras la crisis de Gobierno del verano de 1988, y con las competencias transferidas a numerosas comunidades autónomas, ha creado por un decreto de julio de 1990 nuevas unidades que ahora compiten con los servicios de las instituciones autonómicas. Fuentes críticas de la propia Administración señalan que "los funcionarios de servicios burocráticos tienden a crear nuevas funciones en espiral".

La paradoja es aún mayor si se tiene en cuenta que un decreto de mayo de 1983 congelaba la creación de nuevos organismos del Gobierno central en las comunidades autónomas, que entonces iniciaban su proceso institucional. Tampoco se ha tenido en cuenta el compromiso del Gobierno, adquirido por esas fechas, de comparecer semestralmente ante el Parlamento para dar cuenta de la marcha del proceso descentralizador.

Los altos cargos de la Administración aumentaron de 283 a 407 desde 1982

L. R. A. El número de altos cargos de la Administración -ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y secretarios generales, directores generales y de gabinete- ha pasado de 283 a 407 entre 1982 y 1991, según datos oficiales.

El capítulo que más se ha disparado ha sido el de directores generales y de gabinete (de 208 a 311). A continuación, los subsecretarios y secretarios generales, que han aumentado de 39 a 59. Los secretarios de Estado permanecen prácticamente igual, al pasar de 18 a 19, mientras la cifra actual de ministros es la misma que en 1982. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia ha pasado en dos años de contar con un subsecretario y siete directores generales a disponer de dos subsecretarios y nueve directores generales. También Transportes ha aumentado considerablemente sus cifras.

Según los Presupuestos Generales de 1992, los funcionarios con especial nivel de libre designación son 5.917. Estos últimos se desglosan en 1.631, correspondientes a subdirectores generales y nivel 30 del funcionariado, y 4.286, que corresponden a los niveles 28 y 29 de la Administración.

Según el mismo esquema, Economía y Hacienda dispone de un mayor número de altos cargos, con 1657. Le siguen, por este orden, Transportes y Obras Públicas, con 930; Asuntos Exteriores, con 580; Educación y Ciencia, con 489; Industria, Comercio y Turismo, con 457; Agricultura, Pesca y Alimentación, con 363; Interior, con 312; Trabajo y Seguridad Social, con 284; Administraciones Públicas, con 267; Defensa, con 253; Justicia, con 211; Sanidad y Consumo, con 198; Relaciones con las Cortes, con 137. Los últimos son: Cultura, con 97; Asuntos Sociales, con 85, y el Ministerio del Portavoz del Gobierno, con 39.

Manuel Núñez, diputado del PP, cree que esta inflación de altos cargos es una arbitrariedad que crea un clima favorable a la corrupción". El Ministerio de Administraciones Públicas lo justifica porque "España ha entrado en una nueva dinámica de nuevos retos como el europeo, los económicos y los de infraestructura".