El plurilingüismo de España

La Constitución española de 1978 rompió con una larga tradición centralista de monolingüismo oficial, reconociendo la existencia de distintos pueblos y lenguas en su seno. No enumeró ni las "nacionalidades" ni "Ias otras lenguas españolas" (y esa ambigüedad es causa de muchos males), pero constituye un cambio enormemente positivo respecto del régimen dictatorial anterior, a condición de que un gran cambio paralelo de mentalidad colectiva permita ponerlo efectivamente en práctica. Ese cambio hasta ahora no se ha producido, y mientras en el extranjero se admira la construcción del "Estado de las autonomías" y la pacífica progresión de los procesos de normalización lingüística en las comunidades con lengua propia no castellana, la inercia del régimen dictatorial y de la mentalidad diglósica sigue actuando entre nosotros.Quedan muchas rémoras del pasado: recelos, prejuicios..., incomprensión, en suma, entre las diferentes comunidades autónomas, especialmente entre las de lengua castellana y las otras. Ciertas palabras se cargan de connotaciones, a menudo contradictorias. Así, quien dice España, y no su sucedáneo Estado español, puede ser un centralista nostálgico del franquismo o un independentista catalán, vasco o gallego que, aunque se reconoce -pasajeramente y porque no tiene otro pasaporte- "súbdito del Estado español", se considera ajeno a España. La expresión países catalanes, que no corresponde a ninguna realidad político-administrativa, pero sí a una realidad histórico-cultural y lingüística (nacional) bien definida, resulta igualmente tabú para los independentistas radicales que quieren llamarla "simplemente Catalunya" (aunque nunca se haya llamado así) y para los españolistas que la identifican con el "rojo-separatismo" como en los mejores tiempos del régimen anterior. Si alguien da a la lengua oficial del Estado el nombre de español, y propone enfáticamente imitar a Puerto Rico, la propuesta puede consistir en "liberarse del español y declarar lengua oficial ' única el catalán" o, al contrario, y por mucho que nos sorprenda a los catalanes, "defender la lengua común de todos los españoles contra cualquier otra lengua".

No es raro que una misma persona declare indignada que la Universidad de Valencia "no tiene derecho a llamar catalán" al valenciano porque ése es el nombre que el Estatuto le da al declararlo oficial en la Comunidad Valenciana, y pretenda con la misma contundencia que el Ministerio de Asuntos Exteriores "debe llamar español" a la lengua oficial del Estado, pasando olímpicamente por alto que la Constitución le da el nombre de castellano y habla claramente de otras lenguas españolas.

Ese diálogo de sordos se ha venido produciendo desde el momento de la transición. frenando la normalización de las comunidades autónomas de lengua no castellana, pero sin llegar a alterar la paz social en que se desenvuelve. Parlamentos y gobiernos autónomos han dictado y aplicado leyes de normalización lingüística y disposiciones complementarias, sin salirse del marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Cierto es que a menudo hemos tenido que recurrir contra leyes estatales que habrían frustrado el proceso, o defendemos de recursos del Gobierno central contra disposiciones autonómicas y esperar tres o cuatro larguísimos años a que el Tribunal Constitucional nos diera la razón; pero se ha ido avanzando en paz y concordia... con lentitud desesperante.

En el caso de Cataluña, el consenso y la colaboración entre todas las fuerzas políticas en cuanto atañe a la cuestión lingüística ha sido ejemplar. Desde el primer momento, el catalán fue "cosa de todos", y las instituciones autonómicas y locales actuaron en estrecha colaboración, que culminó en el Consorci per a la Normalització Lingüística,_ que actualmente gestiona las actividades conjuntas. En Baleares existe desde octubre de 1989 el Acord Institucional per a la Normalització Lingüística, firmado por los presidentes del Gobierno balear y los tres consejos insulares y el alcalde de Palma, y al que posteriormente se adhirieron el Ministerio de Educación y Ciencia (que tiene todavía las competencias de enseñanza en Baleares), la Universidad y, prácticamente sin excepción, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos y colegios profesionales y un largo etcétera de entidades cívicas y culturales; se podrá discutir si las instituciones adheridas cumplen el acuerdo en el campo de sus competencias, o si su acción conjunta en la Campanya de normalització lingüística de les illes Balears, que tengo el honroso encargo de coordinar, es acertada o no; pero es evidente que el proceso avanza sin conflictos, En ambos casos, las quejas más justificadas y más difíciles de satisfacer afectan a la situación de clara inferioridad de la lengua propia frente a la oficial del Estado y a la lentitud de su avance, y no al revés. Tengo entendido que en otras comunidades ocurre lo mismo.

Por eso resulta indignante -y favorece sin duda la radicalización de los grupos nacionalistas- la reciente proliferación de voces que, desde altas instancias académicas o políticas, "centrales", claman contra la normalización de las comunidades no castellanas y, con argumentos claramente inconstitucionales, invocan a su favor la Constitución ante un supuesto peligro de desaparición del castellano en Cataluña o Baleares.

Hay que proclamar bien alto que la Generalitat en Cataluña y el Gobierno balear y el MEC en las islas Baleares no hacen más que cumplir con la Constitución y el Estatuto al establecer la enseñanza obligatoria de las dos lenguas e implantar progresivamente la propia como vehículo de enseñanza; que su actuación no ha producido rechazo social y que el rendimiento de los alumnos en castellano no mengua por el hecho de recibir la enseñanza en catalán, mientras que si sólo se estudia el catalán como asignatura no se consigue su pleno dominio oral y escrito. De ahí la fuerte demanda de enseñanza en catalán, sobre todo por parte de las familias castellano-hablantes.

Es preciso que se acepte sin reservas el derecho de las comunidades autónomas a su lengua propia, y se reconozca la necesidad de su conocimiento por parte de los servidores públicos y, al menos en cuanto a comprensión, también de los ciudadanos: el deber constitucional de conocer el castellano no afecta a su uso, que es simplemente un derecho, como el, de la lengua propia, y por tanto no es exigible. Todos tenemos derecho a formular nuestro propio proyecto para España y los pueblos que la componen (desde el centralismo español hasta el independentismo -¿de Cataluña?, ¿de los Països Catalans?, ¿de cada una de las islas baleares?-), y a luchar democráticamente por verlo plasmado en el ordenamiento legal. Pero mientras éste no cambie, la Constitución y los estatutos de autonomía son, nos gusten o no, el único marco legítimo de nuestra convivencia. Y no vale deformarlo.