Los minusválidos madrileños no tienen una ley que les ampare

Las ayudas para los incapacitados físicos parecen estar condenadas, en su mayor parte, a ser un estudio eterno". De entrada, la Comunidad de Madrid no ha desarrollado la Ley de Integración de Minusválidos (Lismi), que en 1982 aprobó el Congreso de los Diputados y eso que asume que un millón de personas necesitan que se les facilite el acceso a los espacios públicos. Otras comunidades ya lo han hecho.Los minusválidos se encuentran con que pocos edificios destinados para ellos o la tercera edad están adaptados. El Gobierno regional invirtió en los dos últimos años 67 millones de pesetas en adaptar cinco centros. Este año, serán 26 millones. Con otros 29 millones se les pagó el taxi por medio de bonos a 269 impedidos en 1991.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) invirtió entre"1990 y 1991 cerca de 500 millones de pesetas en los adaptar los transportes de Madrid y suprimir algunas barreras, entre ellas las del Palacio Real.

En el Ayuntamiento reconocen que no hay un programa especial y la Confederación de Minusválidos de Madrid se queja de que en la Casa de la Villa no les reciben. Los poderes municipales asumen haber adaptado casi 800 bordillos entre los cientos de miles que hay en la capital y garantiza la accesibilidad a los edificios nuevos. También se encuentra en estudio la "paulatina adaptación de piscinas y polideportivos para que ellos puedan practicar deporte".

Información en Barcelona

La concejal del área de Servicios Comunitarios, Ana María García Armendáriz, desconoce incluso el proyecto de adaptación del distrito de Vallecas Villa, a punto de ser concluido. Con 200 millones se han construido, según el proyecto, mil metros de calle de tráfico mixto, para peatones y coches, y se han rebajado aceras. Todos los edificios municipales del área van a ser accesibles.

La zona de Menéndez Pelayo, en los alrededores del Retiro, está adaptada, y el Ayuntamiento va a acometer obras en Moncloa y López de Hoyos, zonas donde viven muchos minusválidos, según la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Madrid (Famma).

Los minusválidos madrileños no disponen de una guía municipal de accesibilidad a cines, museos y teatros, como ocurre en Barcelona, donde existe un Instituto de Disminuidos, formado al 50% por concejales y minusválidos elegidos por sufragio directo por los afectados. El instituto hereda una labor de diez años e implica a nueve áreas municipales con un presupuesto anual de 270 millones.

Los minusválidos barceloneses cuentan ya con un servicio de microbuses adaptados. Su Ayuntamiento invirtió el pasado año en supresión de barreras arquitectónicas 250 millones de pesetas.