Canarias acudirá al Constitucional si no mejora su sistema de financiación

Santa Cruz de Tenerife - 06 feb 1992 - 23:00 UTC

Canarias mantiene un pulso con Madrid tras rechazar el nuevo sistema de financiación autonómica para el quinquenio 1992-1996. De no producirse un acuerdo en las conversaciones que mantienen ambos gobiernos, el ejecutivo autónomo tiene el apoyo del Parlamento canario para acudir al Tribunal Constitucional. Este archipiélago mantiene dos frentes de reivindicaciones: un fondo suplementario para compensar la insularidad e inversiones estatales en carreteras.

El presidente del Gobierno autónomo, el socialista Jerónimo Saavedra, afronta estos días una negociación personal con distintos ministros, que inició el pasado día 30 con el titular de Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, y continuará con el de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga. Saavedra emprende esta serie de contactos con el mayor respaldo que jamás ha obtenido un presidente canario ante un conflicto con el Gobierno central.Canarias rechazó el nuevo sistema de financiación -por el que recibiría, en principio, 119.147 millones de pesetas anuales (1.564,6 más que hasta ahora)- al considerar que no obtiene recursos suficientes por el concepto de insularidad. A las islas les corresponden en la nueva fórmula 21.599 millones de pesetas por insularidad, frente a los 32.289 millones que le asignaba el sistema anterior.

Las islas pierden también ingresos del Estado en otros conceptos, como el de superficie. El consejero de Economía y Hacienda, José Miguel González, de las AIC (Agrupaciones Independientes de Canarias), defiende la tesis de que se debe contabilizar no sólo el territorio sino, también, el mar comprendido entre las siete islas, con lo que la superficie total del archipiélago sería muy superior a los 7.242 kilómetros cuadrados actuales.

La red vial

Las discrepancias sobre financiación con Madrid coinciden con una etapa de preocupación en el archipiélago ante el temor de perder la condición de zona Objetivo 1 (regiones desfavorecidas) de la CE -lo que supondría la desaparición de ayudas estructurales- por el conflicto sobre las inversiones en carreteras.Canarias posee competencias exclusivas en carreteras, pero carece de recursos económicos propios para ejercerlas. El consejero del ramo, Chacón Negrín, mantiene desde la pasada legislatura una dura discusión con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el fin de que se incluya a las islas en los planes nacionales destinados a este capítulo.

La resistencia canaria a ceder a la pretensión de Madrid de que las islas devuelvan una parte de estas competencias a cambio de mayores inversiones estatales prolongó el conflicto hasta que, recientemente, a instancias de Saavedra, Borrell y Chacón alcanzaron un acuerdo por el que el Estado invertirá 150.000 millones de pesetas en carreteras durante 10 años. Psoteriormente, Solchaga consideró excesiva esa cantidad y se volvió a romper el acuerdo, según el Gobierno canario.

Pero en las islas este jarro de agua fría amenaza con avivar los rescoldos del pleito fiscal, que derivó en guerra de los arbitrios a comienzos de 1989 bajo la presidencia del centrista canario Lorenzo Olarte. Entonces, el Gobierno autónomo exigió a Solchaga compensaciones a los cabildos por el coste del ingreso en la CE y fue, precisamente, el entonces secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, quien llegó a un acuerdo con las autoridades insulares.

Ahora, los empresarios apoyan al Gobierno autónomo en su defensa del convenio de carreteras con el Estado, pero advierten "que si no sale adelante, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque es cuestión de vida o muerte", según declaró Antonio Plasencia, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife. Esta organización patronal asegura que si se frustra el plan estatal de carreteras se producirán suspensiones de pagos y quiebras de empresas, ya que supondría la paralización total de un sector que atraviesa por una crisis profunda desde 1988, a raíz de la recesión turística.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 06 de febrero de 1992.

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