Condiciones para la convergencia

Las condiciones fijadas en el Consejo Europeo de Maastrícht para determinar si un país reúne los requisitos de convergencia adecuados para formar parte de la unión monetaria constituyen, sin duda, la referencia central para la orientación de la política económica española de los próximos años. Sólo así se podrá materializar el propósito anunciado por el Gobierno, que refleja un sentir ampliamente mayoritario en nuestra sociedad, de que España participe desde el primer momento en ese proyecto crucial para Europa y para el futuro de nuestro país.En un encuentro reciente dedicado al debate de estas cuestiones he tenido ocasión de exponer mis puntos de vista sobre la orientación que debe adoptar la política económica para colocar a la economía española en una posición que permita satisfacer los requerimientos establecidos dentro de los plazos fijados. Sin embargo, se han producido algunas interpretaciones que, al confundir las orientaciones de medio y largo plazo con las posibles pautas de actuación en la coyuntura más inmediata, pueden conducir a algunos malentendidos que quisiera despejar a través de estas líneas.

Para alcanzar el objetivo de convergencia con las tasas de inflación que predominen en los países más estables de la Comunidad en el momento del tránsito a la unión monetaria es inevitable seguir una política de control estricto de la demanda, que favorezca una senda de reducción continuada de la tasa de inflación y que convenza a los agentes económicos de que un objetivo tan ambicioso puede ser alcanzado.

España está en condiciones de alcanzar esa meta, como lo muestran los progresos realizados en los últimos años y la capacidad de respuesta de la economía española. Sin embargo, sería ocultar una parte fundamental de nuestra verdadera posición si no se subraya la imperiosa necesidad de seguir políticas macroeconómicas ajustadas que contrapesen las inclinaciones inflacionistas y que pongan un límite al crecimiento del gasto nacional en términos monetarios. Esta es la razón que ha justificado, y sigue justificando, el empleo de una política monetaria de signo restrictivo, orientada a la corrección de nuestros desequilibrios y a la mejora de la convergencia.

Ahora bien, cuando se tienen en cuenta todas las repercusiones del proceso de integración europea, resulta evidente que las políticas de contención del gasto no pueden basarse de manera permanente en combinaciones de políticas que atribuyan la mayor parte del esfuerzo de moderación de la inflación al mantenimiento ,de condiciones monetarias estrictas.

Cuando la política monetaria asume un carácter restrictivo, que no es compartido en la misma medida por la política presupuestaria, la convergencia hacia la estabilidad supone tipos de interés nominales y reales elevados, que fomentan las entradas de capitales y conducen a presiones apreciadoras constantes sobre la moneda.Ciertamente, las condiciones monetarias estrictas de estos últimos años y la fortaleza de la peseta han contribuido de forma significativa a contener las presiones de precios y a acercar nuestra tasa de inflación a la de los países europeos más estables. Sin embargo, por las razones que acabo de mencionar, esta combinación no puede ni debe mantenerse indefinidamente. No puede, porque la plena liberalización de los movimientos de capital y los propios requisitos de convergencia imponen un acercamiento gradual a los niveles de los tipos de interés europeos. Y no debe, porque un esquema de esta naturaleza puede ser relativamente desfavorable para el comportamiento de la inversión y de las exportaciones, que son variables fundamentales, pues de su comportamiento depende la solidez de la posición competitiva de la economía española en el interior del mercado único europeo.

Éstas son las razones por las que existe un gran consenso entre todos los analistas de la economía española y en todos los pronunciamientos del ministro de Economía y Hacienda y de los diferentes organismos internacionales sobre la conveniencia de que cambie, a medio plazo, la combinación de las políticas macroeconómicas, de manera que la adopción de un enfoque más decididamente restrictivo por parte de la política presupuestaria permita dar un tono más flexible a la política monetaria que favorezca la convergencia gradual de tipos de interés y reduzca las presiones apreciadoras sobre la peseta.

Con el calendario fijado en Maastricht, este cambio se hace más apremiante, por lo que es necesario apelar al conjunto de la sociedad española a que realice los esfuerzos necesarios para adaptarse con rapidez a sus posibles exigencias y repercusiones, en especial en lo que se refiere a la mayor moderación en el recurso a los presupuestos del Estado.

Sin embargo, no se debe entender este llamamiento como una señal de un cambio de la orientación de la política monetaria a corto plazo. Nada hay en el razonamiento anterior que permita aconsejar una relajación de las condiciones monetarias que no esté avalada por el propio progreso en la convergencia o por la mejora de la contribución que puedan prestar otros instrumentos de la política económica. Por el contrario, las condiciones actuales de la economía española aconsejan mantener el tono cauteloso con el que ha sido diseñada la política monetaria para 1992. El control del crecimiento del gasto nominal es, en cualquier caso, la primera prioridad, cuyo abandono terminaría generando presiones inflacionistas y un deterioro muy grave de la competitividad.

La adopción de un tono más restrictivo en el carácter de la política presupuestaria se enfrenta, sin duda, a grandes dificultades, debido a las exigencias que pesan sobre los Presupuestos Generales del Estado, tanto de orden social corno de mejora de la infraestructura. Exigencias que se ven agudizadas en el momento actual por la fase de menor crecimiento que atraviesa la economía española y por el conjunto de necesidades y expectativas que genera el proceso de integración en Europa, que también debe suponer una reducción de las diferencias que nos separan de los niveles de riqueza y bienestar de los países centrales del área.

Estas dificultades no son exclusivas de España, como lo muestra tanto el deterioro de la situación presupuestaria que ha experimentado la mayoría de los países europeos en la reciente fase de recesión como la presión que ejerce el aumento de los gastos sociales en la mayoría de los países de la OCDE.

El caso de Hunosa en España refleja, y así lo he referido en la intervención que justifica estas líneas, las enormes dificultades que surgen cuando se pretende atajar una fuente de aumento del gasto público y para ello el Gobierno se ve obligado a adoptar medidas que, al comportar costes y sacrificios, son impopulares. No se trata, por tanto, de un ejemplo de la ausencia de tales medidas, sino, por el contrario, de las resistencias y obstáculos que el Gobierno tiene que superar para conseguir la necesaria contención del gasto público. es gobernador del Banco de España.