Vía penal, via civil
La sentencia dictada contra las profesoras del instituto Antonio Domínguez Ortiz vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de la responsabilidad de los profesores en caso de accidente en los centros docentes.El asunto había quedado resuelto, al menos en principio, con la firma de un acuerdo entre profesores y Ministerio de Educación (MEC) y con la posterior modificación del Código Civil en 1991: los profesores no tendrían que responder ante los tribunales de los accidentes que ocurrieran en los centros docentes.
En Barcelona, el año pasado, una sentencia que condenaba al director de un colegio por el accidente de un niño de 12 años, que quedó parapléjico, provocó una oleada de huelgas y dimisiones. La Audiencia de Barcelona revocó aquel fallo meses después.
El Ministerio de Educación también va a recurrir la sentencia madrileña. "Vamos a recurrir por las dos partes afectadas: las profesoras, que quedan inculpadas con responsabilidad penal, y por la compañía aseguradora, ya que consideramos que la indemnización es excesiva", explica Adolfo Navarro, director provincial de Educación. Los profesores temen que este caso siente precedentes. "Es difícil evitar que un padre acuda a la jurisdicción penal", dice Navarro. "La vía civil es la normal: siempre se llega a un acuerdo con el mínisterío y la aseguradora. El asunto está en manos de los abogados del Estado".
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