El billete de metro y autobús aumentara 10 pesetas dentro de 15 días

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo sobre la financiación de los transportes públicos que alcanzará, por lo menos, los próximos seis meses. Las tarifas del metro y el autobús subirán desde febrero una media del 7,5%, pero en los billetes sencillos este incremento será de 10 pesetas. Las conversaciones entre estas dos administraciones, dilatadas desde hace dos meses y medio, abrieron ayer un nuevo cauce en el que los responsables municipales han cedido más que nadie. El Ayuntamiento aportará más dinero que los 10.000 millones de pesetas aprobados en sus presupuestos (3.000 millones) a cambio de negociar otro convenio regulador de los transportes del que difícilmente obtendrán más poder.

Los responsables de la Comunidad en el Consorcio Regional de Transportes tenían ayer cara de victoria. Los directivos del consorcio también. Los líderes vecinales y los sindicales de CC OO y UGT, tras concentrarse unas horas junto a la sede de este organismo y después de tomar su sala de juntas para protestar, no se marcharon descontentos. Sin embargo, todos los concejales del Ayuntamiento ofrecían otra expresión. ¿De póquer?.Los representantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento del Partido Popular, entienden que no hay contradicción en su postura anterior, rotunda en no aportar en 1992 para el organismo que regula los transportes nada más que 10.000 millones de pesetas, y la anunciada ayer, por la que tendrán incluso que modificar sus presupuestos en un pleno para ampliar esta partida en 3.000 millones más. Esta cantidad, además, podría ser mayor.

13.000 millones, ampliables

Julián Revenga, consejero de Transportes de la Comunidad y presidente del consorcio, lo explicó así: "En los 13.000 millones de la aportación municipal se ha fijado la coletilla de ampliables y pendientes de la negociación que desde ahora se abre en una situación más tranquila".

El Ayuntamiento, a cambio, ha obtenido una victoria que parece pírrica: preparar otro convenio para el consorcio de transportes en el que tienen difícil llegar a ostentar mayor representatividad. Las personas que tienen que estar en el consejo de administración de este organismo se definen por ley. Esta norma, para ser modificada, requiere la aprobación del pleno de la Asamblea de Madrid donde gobierna el PSOE con el apoyo de Izquierda Unida.

El concejal de Circulación, sin embargo, no quiso admitir la derrota. "No existe ninguna contradicción. La vigencia del convenio anterior finalizó el 31 de diciembre. Ahora hay que elaborar otro convenio y eso no se puede hacer en dos días. Somos conscientes de que el consorcio debe de funcionar y deben de fijarse los precios de los transportes y ante la situación tan grave que se podía crear hemos decidido adelantar esa cantidad a resultas de lo que el consorcio defina". El edil insinuó: "Este anticipo a cuenta puede ser al final mayor o menor".

De estas manifestaciones ambiguas hubo quien dedujo que la posición municipal podría tener doble fondo. El Ayuntamiento y la Comunidad acordaron comenzar a debatir ya, para acabar en seis meses, el nuevo convenio del consorcio. Este organismo reclamó en principio de las arcas municipales 16.300 millones que primero fueron rebajados a 10.000, a la ahora de aprobar en pleno los presupuestos, y que ahora tendrán que ser modificados al alza en 3.000 millones. Los 3.300 millones restantes podrían, convertirse en una baza de presión política municipal para acercar posturas encontradas.

La reunión del consejo de administración del consorcio aprobó, además de su presupuesto, con los 59.540 millones programados inicialmente, la subida de las tarifas.

Revenga consiguió que los sindicalistas y vecinos que habían ocupado la sala donde se iba a celebrar el consejo la abandonasen voluntariamente con dos promesas. Que el Ayuntamiento aseguraba las inversiones para 1992, calculadas en 6.000 millones y cuestionadas estos días, y que los precios de los transportes aumentarían "en torno" al índice de Precios al Consumo (IPC).

En esos momentos, con los secretarlos generales de Madrid de CC OO y UGT y con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos dentro de la sede del consorcio, se vivieron mamentos tensos. Rodolfo Benito, de CC OO, se enfrentó dialécticamente con el gerente del consorcio, Fidel Angulo. Revenga apaciguó ánimos pero, al final, anunció una subida media del 7,5%, superior al IPC.

Los representantes en el consejo de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE), de CC OO y UGT, y de la oposición municipal (PSOE e IU) votaron en contra. El concejal socialista, Eugenio Morales, argumentó su desacuerdo, incluso con sus compañeros socialistas de la Comunidad, en que entiende que la subida es muy alta y que el PP retira 3.000 millones para buscar más poder.