La mayoría de ministros cree que García Valverde ha incurrido en responsabilidades políticas

La situación del ministro de Sanidad, Julián García Valverde, se debilita aún más tras el aumento de las denuncias sobre la presunta compra irregular de terrenos de Renfe en San Sebastián de los Reyes durante su gestión al frente de la compañía ferroviaria. Fuentes del Gobierno señalan que la mayoría de los ministros cree que García Valverde ha incurrido, al menos, en responsabilidades políticas". La portavoz del Gobierno, Rosa Conde, aseguró ayer por dos veces consecutivas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo no abordó la situación del ministro de Sanidad.

La portavoz del Gobierno negó ayer que el Ejecutivo se planteara la dimisión de García Valverde y vinculó el desenlace del caso a los resultados de la comisión parlamentaria de investigación y a la decisión final del jefe del Gobierno, Felipe González. "Mientras el presidente no diga lo contrario, cualquier hipótesis de dimisión es descabellada", dijo ayer la ministra.La situación de García Valverde se complica aún más en la medida que pasan los días y proliferan las denuncias sobre las presuntas irregularidades cometidas por Renfe durante su gestión. La última de ellas le vincula a sociedades implicadas en el fraude del IVA, lo que negó durante su intervención ante la Comisión de Industria del Congreso el pasado 4 de diciembre.

Disminución de apoyos

El paso del tiempo está, incluso, reduciendo los apoyos en el seno del Gobierno, donde sí ha encontrado una solidaridad personal generalizada. Fuentes gubernamentales señalaron ayer que "cada vez hay más ministros que no se limitan a considerar que García Valverde cometió el error de contratar a intermediarios fraudulentos, sino que su gestión en la compra de terrenos fue irregular".Esa posición ya fue adelantada veladamente por algunos ministros antes incluso de su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso. Así, Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Administraciones Públicas, señaló que "hay aspectos en esta operación, sobre todo en el tráfico mercantil, que no me parecen edificantes".

El debate teórico de fondo no se ha planteado en ningún momento en el seno del Consejo de Ministros, según aseguran las mismas fuentes, que recalcan que, "para el Gobierno, García Valverde ha incurrido, como mínimo, en responsabilidades políticas". Ayer, la ministra portavoz del Gobierno insistió en que el tema no había surgido "ni en el Consejo de Ministros de ayer ni en ningún otro".

El jueves por la noche se reunió por primera vez la comisión interministerial, presidida por Narcís Serra, que integran los titulares de Justicia (Tomás de la Quadra), Economía (Carlos Solchaga), Sanidad (García Valverde), Transportes y Obras Públicas (José Borrell), y Relaciones con las Cortes (Virgilio Zapatero). Esta comisión coordina toda la información del Gobierno relacionada con el caso, que luego se canaliza hacia el Parlamento a través del ministro de Relaciones con las Cortes.

La sesión del Consejo de Ministros de ayer duró tres horas y media, y se dedicó casi exclusivamente a temas económicos, especialmente al plan de Hunosa. La ministra portavoz lo argumentó diciendo que el caso García Valverde "no es lo prioritario" del Gobierno. La ministra portavoz comentó informalmente que el tema no se había abordado "ni a la hora del café". Tampoco se abordó en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del jueves, en contra de lo apuntado ayer en un periódico nacional. "Yo estuve en la reunión y allí no se habló del tema. El ministro de Sanidad llegó tarde y en ese momento ya se estaba discutiendo sobre el salario mínimo interprofesional".

Julián García Valverde tampoco ha despachado con el presidente del Gobierno, Felipe González, desde el encuentro que tuvo con él tras su comparecencia el pasado 4 de diciembre ante la Comisión de Industria del Congreso. Sin embargo, ha tenido un encuentro reciente con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

Posición del Gobierno

La posición del Gobierno la expuso ayer la ministra portavoz, Rosa Conde. "No se ha modificado desde que decidimos que se creara una comisión de investigación parlamentaria. El Gobierno tiene la máxima disponibilidad para informar a esa comisión de los hechos que motivan la investigación", dijo ayer la portavoz. Rosa Conde recalcó que el Gobierno "está haciendo el máximo para clarificar las dudas y sombras de sospecha ante los ciudadanos sobre los hechos que se investigan".En medios gubernamentales, se interpreta que el presidente del Ejecutivo, Felipe González, que mantiene un hermetismo total en torno al caso, adoptará alguna decisión en función de las conclusiones que vaya obteniendo la comisión parlamentaria de investigación.