CiU cree que los socialistas "quieren pero no pueden" mejorar la 'ley Corcuera' en el Senado

El Grupo Socialista del Senado no ha realizado aún ofertas de negociación a las demás fuerzas sobre la ley Corcuera, cuyo debate comienza el próximo día 8. La Minoría Catalana, una de cuyas enmiendas es la llave para evitar el recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo, aprecia "un gran interés" del grupo mayoritario por mejorar la ley, "pero de momento los socialistas no pueden ofrecer nada", afirma el portavoz de CiU Joaquim Ferrer.

El Grupo Socialista del Senado tiene un gran interés en hacer notar su influencia en el proyecto de ley de seguridad ciudadana, según Ferrer. "Lo hemos notado en muchas conversaciones, hay voluntad de mejorar el proyecto, pero de momento no tienen nada que ofrecer". La voluntad del grupo mayoritario de incorporar mejoras ha chocado hasta ahora, añade el portavoz de CiU, con la falta de luz verde desde la dirección del grupo en el Congreso de los Diputados o del propio Ministerio del Interior.CiU fue el interlocutor privilegiado del PSOE durante la tramitación del proyecto de ley en el Congreso, acompañado luego por el PNV. Pero la Minoría Catalana tiene entre sus enmiendas, además, la que ha sido considerada por el Defensor del Pueblo, Álvaro Gil Robles, indispensable para evitar un recurso de la institución ante el Tribunal Constitucional contra la ley Corcuera, uno de los proyectos más polémicos de los nueve años de gobierno socialista.

La enmienda se refiere al artículo 21 de la ley y afecta a las condiciones para legitimar la entrada de la policía en domicilios sin necesidad de mandamiento judicial previo, una de las novedades más controvertidas. Tras la suavización del proyecto en el Congreso, la redacción actual admite la entrada en domicilios cuando exista "el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que se está cometiendo o se acaba de cometer" un delito relacionado con el tráfico de drogas.

Más garantías

La propuesta de CiU cuya aceptación pide el Defensor del Pueblo consiste en sustituir la expresión "conocimiento fundado" por "evidencia". El ministro del Interior, José Luis Corcuera, sin rechazar abiertamente la modificación, manifestó anteayer sus reticencias y dio a entender que entorpecería la eficacia de la policía y fa dejaría inerme ante el delito.

El grupo autor de la enmienda, CiU, cree por el contrario que mejoraría el proyecto y aumentaría la precisión jurídica. "Ayudaría a evitar errores policiales como el de Sevilla", explica el senador Joaquim Ferrer, "aunque la ley no esté aún vigente, y por lo tanto lo que sucedió no le sea imputable".

"La policía no está libre al 100% de errores como no lo está nadie", añade Ferrer. "Como la ley de seguridad amplía sus posibilidades de reacción ante un delito flagrante, no está de más reforzar las garantías del ciudadano".

CiU mantendrá el apoyo global a la ley en el Senado, incluso aunque no se acepte ninguna de sus ocho enmiendas. Y Ferrer no duda en mostrarse "pesimista" sobre las posibilidades de llegar a transacciones con el Grupo Socialista en la Cámara alta, por falta de margen de maniobra del partido del Gobierno. Representantes del grupo mayoritario, con cuyos portavoces no ha sido posible hablar por encontrarse de vacaciones, habían descartado en principio aceptar la corrección solicitada por el Defensor del Pueblo salvo que CiU condicionase a este cambio su apoyo a la ley.

La Minoría Catala, según Ferrer, no va a condicionar su apoyo. "Nos parece un instrumento conveniente para aumentar la eficacia policial", señaló Ferrer, "aunque es mejorable y por eso mantenemos las enmiendas".