No se quejan

HACÍA FALTA que una institución como la del Defensor del Pueblo dirigiese su atención al mundo de marginación -legal, social e incluso familiar- que habitan los enfermos mentales, esos "ciudadanos que nunca se quejan", vulgarmente llamados locos. Su exhaustivo informe sobre la situación jurídica y asistencial del enfermo mental en España -elaborado a partir de las visitas efectuadas a lo largo de año y medio a medio centenar de centros psiquiátricos públicos y privados concertados- es un aldabonazo a los responsables públicos y a la sociedad en general para que tomen conciencia de uno de los más vergonzosos exponentes de la España negra que perduran en la actualidad.La descripción que hace el informe del Defensor del Pueblo de las condiciones de vida de este sector de población marginada -se calcula que existen unos 25.000 enfermos mentales en España, aunque nadie se ha preocupado de confeccionar un censo fiable- es verdaderamente patética. Ciudadanos, por lo general, despojados de los derechos más fundamentales, sin identidad en algunos casos e internados, en otros muchos, contra su voluntad, su existencia transcurre al margen de cualquier tratamiento curativo -sobreviven en centros más bien de "almacenamiento" y de "custodia y asilo"- y con quiebra manifiesta del principio de rehabilitación y reinserción que inspiró la reforma psiquiátrica.

Precisamente ha sido esta reforma, alentada por la Ley General de Sanidad de 1986, la que ha puesto de manifiesto las contradicciones casi insuperables en que se desenvuelve la asistencia psiquiátrica en España. La desinstitucionalización que propicia (sacar a los enfermos mentales a la calle y encomendarles a sus familias y a la sociedad) ha provocado el cierre de muchos antiguos manicomios, pero no ha puesto en pie una red alternativa de asistencia integrada en la sanidad general. La realidad es que los enfermos mentales salen de los psiquiátricos sin que la sociedad les ofrezca una asistencia que les es vital; en los hospitales se fuerzan las altas prematuras de este tipo de enfermos encomendándoles a los ambulatorios, a los que no acuden, o acuden sin resultado de cura o, por lo menos, lenitivo. Por lo demás, la medicina pública no parece ser insensible al enorme ahorro que supone la supresión de camas, hospitales y personal destinados al enfermo mental. El informe del Defensor del Pueblo señala casos de hospitales con más de 500 camas que disponen de un solo psiquiatra. Otros, ni siquiera eso.

El informe recomienda que se refuerce el control judicial no sólo sobre el internamiento del paciente, sino sobre los tratamientos sucesivos que se le aplican. Pero esta medida, elemental a los efectos de garantizar el respeto a los derechos del enfermo, choca en la práctica con unos juzgados cada vez más atestados de asuntos. Estamos entonces en una lógica circular. Miles de enfermos podrían sanar e integrarse en la sociedad. Pero a cambio de que este principio general fuera acompañado de medios y disponibilidades públicas y sociales que hagan que la tarea no quede en manos de familiares escasamente preparados.