El Gobierno y la banca negocian un recorte de tipos de interés para la compra de vivienda protegida

Los ministerios de Economía y Obras Públicas y Transportes estudian fijar en el 12,50% el tipo de convenio con las entidades financieras para el próximo ejercicio. El tipo de convenio, que este año está en el 13%, es el acordado entre la Administración y las entidades financieras para sufragar la compra de viviendas protegidas. Este tipo no es el que paga finalmente el comprador de la vivienda, ya que varios puntos corren a cargo de las ayudas oficiales del Estado, que están comprendidas en el plan de vivienda 1992-1995. Los cálculos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) señalan que a partir del 1 de febrero ya se podrán solicitar las ayudas que contempla el plan.

El pasado 20 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto en el que se recogían todas las ayudas dirigidas a las personas que cumplen los requisitos para comprar o alquilar una vivienda protegida, nueva o usada.Ese real decreto, junto con otro aprobado hace un mes en el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de suelo, son la columna vertebral del plan de vivienda para el periodo comprendido entre los años 1992 y 1995, que tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a 400.000 familias.

Sin embargo, la aprobación de esas dos normas no supone que el plan entre en funcionamiento de inmediato. Aún resta alcanzar acuerdos en otras piezas maestras del programa, tales como fijar el tipo de convenio -interés al que las entidades prestan dinero para compra de viviendas protegidas-, definir elmódulo ponderado -precio por metro cuadrado de las viviendas acogidas al plan-, acordar con bancos y cajas de ahorros la cuantía de su participación en el programa, y firmar con las comunidades autónomas el reparto territorial de las viviendas sujetas al plan 1992-1995.

Las previsiones del departamento de Obras Públicas fijan para el próximo día 1 de febrero la fecha más realista para que todas las personas interesadas en el plan y que entren en su radio de acción puedan solicitar las ayudas que en él se contemplan.

Para cumplir ese plazo, se tienen que producir muchas decisiones a lo largo del próximo mes de enero. La primera de ellas, y cuya última palabra está en manos del Ministerio de Economía y Hacienda, consiste en fijar el tipo de convenio con las entidades financieras (bancos y cajas de ahorros) y el precio del módulo de vivienda.

El tipo de convenio, que se fija entre la Administración y bancos y cajas, no es el que se aplica finalmente a los compradores de la vivienda protegida, puesto que la diferencia la cubre la subvención oficial.

El siguiente ejemplo puede ilustrar el mecanismo. Para el año próximo, según reconocen fuentes de la Administración, el tipo de convenio no diferirá mucho del 12,50%, aunque la decisión definitiva debe tomarse en la primera quincena de enero. Las ayudas previstas en el plan 1992-1995 recogen unos tipos de interés subsidiados entre el 5 y el 11%. Ello significa que la diferencia entre el tipo subsidiado y el tipo de convenio (el 12,50% si no hay modificaciones) la sufraga directamente la Administración.

La determinación de este tipo de convenio tiene una singular importancia para el desarrollo del plan de vivienda, puesto que es uno de los pilares de su financiación. Los cálculos del MOPT son que las entidades financieras aporten unos 500.000 millones de pesetas anuales a lo largo de los cuatro años de vigencia del plan. De esa cantidad, unos 150.000 millones los aportará la Corporación Bancaria de España, mientras que el resto se está negociando actualmente.

A lo largo de 1991, el tipo de convenio ha sido del 13%, en tanto que el de mercado se ha movido aproximadamente un punto por encima. Las previsiones de la Administración son que en 1992 el tipo de mercado se sitúe en el 13,50%, con lo que el tipo de convenio seguirá manteniendo el diferencial de un punto. Este diferencial es considerado por la Administración suficientemente atractivo como para conseguir el interés de las entidades financieras. En cuanto al precio del módulo, lo previsible es que aumente en torno a un 5%. Durante 1991, el módulo en vigor está fijado en 82.232 pesetas, lo que supone que el próximo año se situará en torno a las 86.000 pesetas.

La última pieza del puzzle de la vivienda la constituye el acuerdo con las comunidades autónomas. El plan 1992-1995 recoge que el reparto de las 400.000 viviendas se efectúe en función de la aportación de suelo de las comunidades y de sus necesidades reales.

Fuentes del Ministerio de Obras Públicas reconocen que de los contactos mantenidos con las comunidades ya hay compromisos de suelo disponible que permitiría aumentar el plan hasta 600.000 viviendas, aunque en un periodo algo más amplio que el fijado inicialmente. Además, señalan que "la salida de este suelo al mercado puede tener un efecto de abaratamiento general de los precios".

De cualquier forma, la previsión es que el reparto definitivo lo apruebe el Consejo de Ministros el 17 de enero, y que sea ratificado el 21 en Murcia.