Reconversión minera

EL CONFLICTO provocado por la reconversión de la minería asturiana, principalmente de la empresa Hulleras del Norte (Hunosa), amenaza con enquistarse y con estimular el estallido de acciones incontroladas. A la huelga general seguida por todos los sectores de la sociedad asturiana hace ahora dos meses se añade en estas fechas otra también generalizada de dos días, con algunas explosiones de violencia, en el sector de la minería. Un panorama que otorga verosimilitud al temor expresado por el presidente del Principado, el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, de que "Asturias se convierta en un gran problema para España". Sería hipócrita escandalizarse porque los trabajadores de Hunosa no acepten con resignación el destino que les aguarda: pérdida del puesto de trabajo para un tercio de la plantilla de aquí a 1993 -unos 6.000 trabajadores- y la misma suerte para el resto en los años que siguen hasta el 2002, lo que significa, además, que no habrá nuevas generaciones de mineros. Los efectos de esta situación se agravan todavía más a causa del alto grado de interdependencia que desde siempre ha existido entre la industria del carbón y la economía de la región. Hunosa genera el 9,3% del empleo regional y el 30% de la renta de siete municipios mineros asturianos.

Pero sería contraproducente para los trabajadores y para la economía de Asturias que una situación que afecta tan estructuralmente a su futuro degenere en una cuestión de orden público. Tal transmutación exacerbaría peligrosamente el clima social y reduciría drásticamente las posibilidades que todavía quedan de abordar de la manera más razonable, y con el menor coste social posible, un problema sometido a reglas económicas difícilmente insoslayables. No sería éste tampoco el mejor clima para echar las bases de una política de reindustrialización capaz de ir sustituyendo a la industria de extracción de carbón, que reclaman al Gobierno los trabajadores, los sindicatos y los poderes públicos de Asturias.

Junto a acciones de fuerte impacto testimonial, como el encierro navideño en el pozo Barredo de las ejecutivas de los sindicatos SOMA-UGT y CC OO, algunos grupos de huelguistas han protagonizado otras más propias de guerrillas urbanas que de trabajadores ejerciendo pacíficamente su derecho a la huelga. Si escenas como el corte de carreteras, rostros de trabajadores ocultos en pasamontañas y armados de potentes tirachinas e incluso de lanzagranadas de fabricación casera, neumáticos ardiendo en las vías públicas y duros enfrentamientos con las fuerzas del orden logran dar el tono al conflicto, no es difícil vaticinar una radicalización del mismo en absoluto propicia a la búsqueda de soluciones alternativas.

Criterios de racionalidad económica, además de exigencias de la CE que penaliza las subvenciones, parecen haber decidido la suerte de Hunosa, una empresa con pérdidas crecientes (65.000 millones de pesetas en 1991, un 300% más que en 1981) y que extrae un mineral que cuesta hasta tres veces su valor en el mercado. Es imposible encontrar argumentos solventes para seguir manteniendo esta situación, que ha costado al erario público -es decir, a los contribuyentes980.000 millones de pesetas en los 24 años de existencia de Hunosa, por más que el imperativo económico deba ir acompañado del tratamiento social adecuado.

Pero tampoco pueden permanecer impasibles los poderes públicos ante el drama laboral y humano que provoca el cierre de industrias obsoletas, en una aplicación extrema de las normas del mercado puro y duro. No es cierto que la mejor política industrial es la que no existe. Las responsabilidades de la Administración no pueden acabar exclusivamente con la presentación a las autoridades comunitarias, el próximo día 31, del plan denominado eufemísticamente de futuro (de hecho, lo es de cierre) de Hunosa. Obligación suya es facilitar las inversiones -públicas o privadas- con los incentivos que tiene a su alcance, generar una oferta adecuada de suelo industrial y ampliar, mediante el pacto con sindicatos y empresarios, las mejores condiciones para la regeneración del tejido industrial de una región que no puede permanecer aislada de las condiciones y reglas que conforman la España europea de 1993.