El presidente de la constructora Ginés Navarro, en libertad tras depositar 100 millones de fianza

Mariano López Plaza, presidente de la constructora Ginés Navarro, fue puesto anoche en libertad provisional tras depositar una fianza de 100 millones de pesetas. El juez Miguel Moreiras considera al constructor como presunto responsable de delitos de estafa, falsedad y fraude fiscal relacionados con la compra de facturas falsas, por lo cual dictó contra él un auto de prisión con fianza. Otras dos personas fueron encarceladas por orden del juez.

Se trata del ex director de la empresa de seguridad privada Ausysegur, Francisco Zamorano, quien fue encarcelado por no depositar una Fianza de 50 millones exigida por el juez, y de Jorge de Gracia Miró, que había declarado hace días ante el juez y quedó en libertad. Ayer, fue enviado a prisión tras la aparición de nuevas pruebas.La declaración del presidente de la empresa constructora Ginés Navarro fue presenciada no sólo por el fiscal del caso, Manuel Villanueva, sino por el Fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, que ha decidido intervenir activamente en la acusación.

Mariano López fue interrogado por la compra de facturas Falsas a las sociedades del grupo de José Antonio Cardós y ,Carlos de Juan, y sobre la intervención de la empresa que preside en la compraventa de algunos solares. El presidente de Ginés Navarro, según su propio letrado, negó conocer a los titulares de las empresas ficticias implicadas en este caso, así como haber comprado facturas falsas, aunque admitió que alguna de estas sociedades había intervenido como intermediaria en la compra de solares por parte de su compañía. El abogado destacó que no existen pruebas, ya que el juez en ningún momento mostró ni una sola de las supuestas facturas compradas por Ginés Navarro.

Bernardo López, asesor jurídico de la entidad, ratificó las declaraciones de su presidente Y reconoció que figuró en las escrituras de dos operaciones de compraventa de solares, aunque no intervino en las negociaciones sobre el precio de los mismos. Quedó en libertad sin cargos.

El juez Moreiras dejó también en libertad a Carlos Martín Rivas, administrador de Toher S.A. y empleado de Carlos de Juan, en nombre del cual intervino en las compras de terrenos que después fueron adquiridos por Equidesa, filial 100% de RENFE. Martín Rivas negó haber participado en la elaboración de facturas falsas.

Amado Lorenzo Martínez, titular de Interconsulting S.A.; Juan Espliego, de la empresa Atef S.A., y el abogado José Torres del Molino también fueron puestos en libertad después de tomarles declaración. Todos ellos habían sido detenidos en una redada policial realizada por instrucciones del juez.

Nuevo 'arrepentido'

El abogado José Torres del Molino declaró a este periódico que no tiene relación con los asuntos que se investigan. Negó ser abogado de las empresas Sodeco y Migesa -vinculadas ambas al promotor inmobiliario Miguel Escudero, preso en Londres a la espera de su extradición a España- y expresó su temor de que un chantajista, que cumple actualmente pena de prisión, me haya imputado ser poco menos que el organizador de un asunto del que no tengo ni nociones, y todo por una venganza personal". Asimismo se quejó de haber permanecido 24 horas detenido antes de ser llevado ante el juez, "cuando se me podía haber citado por otros medios".

En medios próximos a las defensas de los implicados se señala que la oleada de detenciones se ha producido a raiz de las declaraciones de un arrepentido, que pertenece al grupo de Cardós y De Juan y que intervino como intermediario en la compraventa de solares.

Las mismas fuentes han señalado a José Manuel Vilalta Arnau como la persona que ha facilitado los nuevos datos que ahora maneja el juzgado.

Dos personas han escapado, de momento, a la redada ordenada el viernes por el juez de delitos monetarios, que afectaba a diez personas en total, de las cuales la policía encontró a ocho. No fueron hallados Gonzalo Moreno Bautista ni Francisco Mantis Rivera, contra los cuales se dictó ayer orden de busca y captura.

Por otra parte, ha ingresado en prisión el empresario valenciano Felipe Das¡, propietario de la inmobiliaria Obras y Cables, por su presunta implicación en el fraude del IVA en la provincia de Valencia. El empresario ingresó en la cárcel por no hacer frente a la fianza de 50 millones impuesta por el juez, según informó ayer el diario Levante.

Otros dos implicados en este asunto, Carlos Dasi y Carlos Castillo, se encuentran en libertad provisional. Se les imputa un fraude de 1.300 millones.