Poderes complementarios

Poco después de ser elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Francisco Vázquez, alcalde de La Coruña, en declaraciones a EL PAÍS imputaba la precariedad en la que viven, en su opinión, los ayuntamientos españoles al interés que el Gobierno central viene prestando a las comunidades autónomas. Implícitamente, sostenía que el futuro dentro de Europa y del Estado es de los municipios, y no de las nacionalidades o regiones.Entiendo que, al gestionar los recursos públicos desde una mayor proximidad al ciudadano, las comunidades autónomas y ayuntamientos viven en un cierto marco de concurrencia, del que se derivan necesariamente puntos de conflicto y, también, no se olvide, problemas comunes. Sin embargo, como presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, y así lo afirmé en el discurso que sirvió para clausurar el V Congreso de la FEMP la semana pasada en Zaragoza, considero viciado cualquier análisis que induzca o concluya la incompatibilidad entre estas dos Administraciones públicas.

Pero, además, las palabras del nuevo presidente de la FEMP me parecen peligrosas, ya que pueden alentar el enfrentamiento entre Administraciones que forman parte de un mismo Estado. Tengo la convicción de que la autonomía plena de las nacionalidades y regiones no anula ni limita la autonomía municipal. Somos poderes complementarios, y nunca excluyentes, de un mismo Estado. Cuando se ha aprovechado cualquier afirmación nacionalista para lanzar acusaciones de independentismo, es justo admitir que afirmaciones como las realizadas por este dirigente del municipalismo español pueden quebrar el clima de respeto y colaboración institucional que se propone desde su mismo partido como base de un Estado cooperativo.

Al margen de que, en mi opinión, quienes gobernamos unas u otras instituciones públicas debemos reducir el componente partidista en nuestra gestión y en nuestras relaciones sociales e institucionales, considero rechazable que se quiera utilizar a las comunidades autónomas para plantear, dentro de la pugna interna que vive el PSOE, una nueva crítica al ministro Solchaga. De hecho, estas declaraciones pueden dar validez a la opinión de que el sector guerrista se ha hecho fuerte en la FEMP y en el municipalismo. Las instituciones y las relaciones entre las Administraciones públicas no pueden depender de circunstancias de ese tipo.

Oportunismo

Nosotros, también, tenemos problemas con el Gobierno central. Pero, en ningún caso, consideraría válido responsabilizar de nuestra difícil situación a los ayuntamientos. Echar culpas a los demás suele ser una manera oportunista de no afrontar los problemas propios. Y, en la situación española actual, si queremos acabar de construir el Estado diseñado en la Constitución, creo que debemos seguir otro camino, el de la negociación y el diálogo para buscar puntos de encuentro.Carecemos de mecanismos de cooperación y solidaridad entre las diversas Administraciones públicas, compartimos un marco competencial confuso y escaso y apenas disfrutamos del principio de suficiencia financiera. En general, la descentralización del poder político recogido en la Constitución de 1978 está aún lejos de materializarse en toda su plenitud. Desde los ayuntamientos y comunidades autónomas venimos sufriendo en carne propia hasta qué punto es importante que esos principios políticos recogidos en la Constitución y en las leyes acaben plasmándose en realidades concretas.

Aunque pudiera pensarse que me mueven intereses particulares, quiero dejar claro que, en mi opinión, acabar de modelar el Estado se ha convertido ya en un reto de modernidad para España y en una exigencia de competitividad. ante la Europa de 1993. Si no queremos poner en peligro la credibilidad social de los poderes públicos, me parece imprescindible lograr que el aparato institucional y administrativo del Estado ofrezca la misma competitividad que demandamos al sistema productivo español.

Y, en ese sentido, el Estado que necesitamos no exige la eliminación de ninguna de sus Administraciones públicas ni la confrontación entre ellas. Sí que nos obliga a ajustar al máximo los diversos campos competenciales, a crear mecanismos de coordinación que sean operativos y a contar con una suficiencia financiera que nos permita prestar servicios de calidad suficiente a los ciudadanos.

Me atrevo a afirmar que la financiación es el auténtico termómetro de la descentralización política. La autonomía de los municipios, consagrada en el artículo 140 de la Constitución, quedará en un puro enunciado, si no se cumple el artículo 142 de la Carta Magna, de forma que las haciendas locales puedan disponer de los medios suficientes para desempeñar las funciones que la ley atribuye a las corporaciones locales. La articulación autonómica del Estado quedará en entredicho, salvo que se garantice un sistema de financiación que permita traducir en gestión concreta la teórica capacidad de decisión de las comunidades autónomas.

Sentido de Estado

Pero, más que convertir este problema en enfrentamiento institucional, a todos nos corresponde realizar un esfuerzo de diálogo para intentar llegar a acuerdos positivos. Es cierto que desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos esperamos que el Gobierno central sea el primero en estas pautas de conducta, imprescindibles para generar un clima de confianza entre las tres Administraciones.Desde esa misma filosofía política, creo que estamos obligados a dirimir las diferencias que se están produciendo, combinando la defensa de los propios intereses con un sentido de Estado. Y sorprende que, cuando se aprovecha cualquier reivindicación de líderes de partidos territoriales para lanzar acusaciones de insolidaridad, esa línea de actuación no sea asumida por dirigentes institucionales, como el nuevo presidente de la FEMP, que pertenecen al partido con mayores responsabilidades de Gobierno dentro de España.

Con demasiada frecuencia se olvida la atención política y económica que las comunidades autónomas venimos prestando a los ayuntamientos. Sin pretender poner a Aragón como ejemplo, no puedo dejar de recordar que estamos trabajando en la configuración de un Fondo Autonómico de Cooperación con las Haciendas Locales que se compondría de transferencias corrientes incondicionadas, a modo de participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma.

De ahí que, al margen de la valoración política que me merece, me sienta decepcionado cuando desde la máxima responsabilidad de la FEMP y desde una parte del PSOE se alimenta una competencia inútil entre ayuntamientos y comunidades autónomas, no sólo dentro del Estado, sino también en el contexto de la nueva unión política europea. Ni desde los más marcados intereses partidistas puede entenderse que se defienda una Europa de los Estados y de los municipios, mientras se niega la viabilidad y el sentido a una Europa de las nacionalidades y regiones.

Igual que sucede con la financiación, ayuntamientos y comunidades autónomas necesitamos participar en la construcción europea, de manera que ésta no sea privilegio exclusivo de los Gobiernos centrales. El modelo alemán demuestra cómo, en Estados descentralizados, puede darse participación a los demás poderes públicos. Por eso, considero un error plantear también este debate desde la incompatibilidad de ambas Administraciones o, incluso, excluyendo en ese futuro a las comunidades autónomas.

A veces, la historia clarifica muchas cosas. Creo que ni el propio presidente de la FEMP se atrevería a negarme la evidencia de que la configuración de España como Estado se articuló a través de pueblos y entidades políticas nacionales o regionales, como la Corona de Aragón y Cataluña, no de ciudades. Y la propia identidad cultural europea se ha ido construyendo a través de componentes nacionales, de unidades culturales que superan desde hace siglos, incluso, las barreras de los Estados.