Cuestión de fueros

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra 16 de los 21 artículos de la Ley de Filiaciones aprobada por el Parlamento catalán en abril no cuestiona el contenido de los artículos, sino las competencias de la Cámara para regular esas cuestiones.El artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía establece que la Generalitat de Cataluña tiene competencia exclusiva sobre "conservación, modificación y desarrollo del derecho civil catalán". El ponente del recurso estima, en primer lugar, que esa competencia "presupone la existencia y vigencia efectiva" de un derecho foral "que sea identificable como una realidad normativa reconocida y afirma que ésta es la Compilación aprobada en julio de 1960.

Sin embargo, la Compilación es, según la Generalitat, sólo una parte del derecho civil, ya que fue elaborada en pleno franquismo por juristas con buena voluntad pero sin libertad para preservar algunas instituciones del derecho civil ante la constante erosión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El recurso del Gobierno sostiene ahora que Cataluña sólo puede legislar sobre las figuras jurídicas contenidas en la Compilación y únicamente sobre los aspectos expresamente citados en ella.

El segundo argumento del recurso pretende que el derecho civil catalán, como el resto de los derechos forales, constituye un subsistema dentro del derecho civil español, una nueva teoría de jerarquización de las fuentes, según los juristas catalanes, que equivale a instaurar la supremacía del Código Civil sobre los demás derechos en aquellos aspectos que éstos no pueden regular. Y de acuerdo con la interpretación anterior, Cataluña no puede regular nada que no esté previamente recogido en la Compilación, con lo que su derecho civil estaría condenado a la fosilización.

Lo que preocupa al Parlamento catalán es la filosofía el espíritu del recurso del Ministerio de Justicia, idéntico a la que inspiró al que informó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). En la movilización contra el recurso han participado los socialistas catalanes, quienes han iniciado. gestiones para que el Gobierno, en coherencia con el compromiso de Felipe González de respetar el hecho diferencial catalán, lo retire. Los partidos catalanes no se hacen ilusiones sobre la voluntad política del ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, y recuerdan que no sólo promovió la LOAPA, sino que la defendió incluso después de que el Tribunal Constitucional la rechazara.