Hacienda y La Caixa negocian cerrar el 'caso primas únicas' con un acta de 60.000 millones

Hacienda ha sugerido a La Caixa cerrar el contencioso de las primas únicas con una reclamación de alrededor de 60.000 millones, según distintas fuentes conocedoras de las negociaciones del total de la reclamación, la entidad reconocería una parte del acta pero recurriría el resto de la cantidad solicitada. Esta fórmula permitiría a Hacienda percibir, de forma inmediata una parte de la sanción y a La Caixa le evitaría afrontar una sanción extraordinariamente cuantiosa. La Caixa ha negado estas informaciones y la Administración no ha querido pronunciarse.

Esta fórmula permitiría a ambas partes salvar ante la opinión pública sus posiciones de partida. El Ministerio de Economía, cuyo titular es Carlos Solchaga, conseguiría demostrar que una parte de las operaciones de seguros de prima única escondían en realidad contratos de préstamo o depósitos irregulares. Al mismo tiempo, la Hacienda pública ingresaría una importante cantidad en concepto de retenciones no practicadas, sanciones e intereses de demora.Para la entidad que dirige Josep Vilarasau tiene la ventaja de que no debería afrontar una reclamación extraordinariamente elevada -la Oficina Nacional de Inspección en Barcelona tenía casi ultimada una reclamación de 180.000 millones antes del verano pasado- y mantendría hasta el final la defensa legal de buena parte de los productos de prima única.

El problema que afronta Hacienda en este contencioso es que si presenta una reclamación muy elevada, ésta sería recurrida con toda seguridad por La Caixa en su totalidad, abriendo un proceso jurídico que podría durar anos 31 cuyo veredicto final no parece, hoy por hoy, nada claro. De esta forma, Hacienda opta por recaudar una cantidad inferior, pero de forma inmediata y segura. La Caixa tiene la convicción de que le apoya la razón legal en este contencioso, por lo que prefiere afrontar una fuerte reclamación y esperar a la decisión de los tribunales. La opción que ahora se baraja permite combinar ambos factores y tendría la ventaja de dejar prácticamente cerrada la polémica pública sobre el contencioso.

A la existencia de estas conversaciones no son ajenas las presiones ejercidas desde Cataluña -tanto por parte de los socialistas como de los nacionalistas- para no crear un segundo caso Banca Catalana.

Dictamen de Seguros

Sin embargo, la posiblidad de este acuerdo viene facilitada básicamente por la enorme complejidad de la inspección, que se está desarrollando desde hace más de un año y medio. Los dictámenes realizados por la Dirección General de Seguros en este contencisoso son otro factor que invita a Hacienda a acercarse más al pacto que a la reclamación dura. Aunque los dictámenes de Seguros no son vinculantes, la dirección general considera que el 70% de los productos de prima única emitidos por La Caixa se ajustan a su normativa.La Caja de Ahorros y Pensiones ha desmentido todas estas informaciones. Un portavoz de la entidad negó ayer que haya rechazado ninguna propuesta ni ahora ni en julio pasado "porque en ningún momento se nos ha presentado ningún acta de la inspección sobre este tema". El mismo portavoz añadió que la entidad no hará

ningún comentario sobre esta cuestión hasta que no haya una propuesta de acta en firme por parte de la inspección". Hacienda, por su parte, ha preferido no responder a las reiteradas llamadas de este diario para contrastar estas informaciones obtenidas por otras fuentes.

Uno de los factores que ha añadido complejidad al contencioso que enfrenta a La Caixa y Hacienda es el hecho de que gran número de contribuyentes que se acogieron a la declaración complementaria en los momentos de mayor polémica pública se dedujeron los intereses que en realidad debería haber retenido la entidad en el caso de que hubiera habido lugar a esa retención. Esto responde tanto al consejo de los asesores fiscales como al llamamiento que hizo la Administración a finales de 1989.

Esto plantea la paradoja de que Hacienda puede reclamar a La Caixa las cantidades que los contribuyentes aseguran falsamente que les han sido retenidas. La entidad se encuentra así entre dos frentes: dar la razón a sus clientes y abonar a Hacienda cantidades que en realidad no ha retenido o desmentir a su clientela y verse ante la delicada paradoja de reclamarles a éstos las cantidades que Hacienda exige y que la entidad no se ha quedado, una opción por la que no se decantará jamás.