Debate menguante

LA DROGA es, según las encuestas de opinión, el problema que más agobia a los españoles. Quizá por ello el tan anunciado debate parlamentario había generado unas expectativas difíciles de cumplir. El Partido Popular planteó como cuestión previa la comparecencia del presidente del Gobierno. Felipe González no acudió al mismo y los conservadores se consideraron suficientemente legitimados para justificar sus paupérrimas y represivas propuestas resolutorias. Que el ponente fuese, además, un ministro de Sanidad en complicada situación política por alguna de sus actuaciones al frente de su anterior cargo como responsable de Renfe produjo un debate devaluado.Sin embargo, el movimiento popular surgido en los últimos tiempos contra la droga y el cariz socialmente peligroso de algunas de sus manifestaciones hubieran exigido que Parlamento y Gobierno potenciaran al máximo la discusión y que su resultado se hubiera traducido en propuestas efectivas sobre la forma de encarar la situación. Pero, a la postre, el debate resultó no ser tal, sino un monólogo de cada grupo parlamentario. Se expusieron distintos diagnósticos, se aportaron propuestas con vocación de originalidad e incluso se aventuraron soluciones, pero no se articuló directriz alguna que sirviera de pauta de actuación a las Administraciones públicas para encarar la tragedia de la droga. Y si nada de lo dicho va a tener una inmediata incidencia en la calle, hay que deducir que la discusión fue fallida y que se desaprovechó una ocasión de oro para tratar de racionalizar un problema proclive a la demagogia, la violencia o la ineficacia.

El debate ha sido también un exponente del agotamiento de ideas que padecen las fuerzas políticas en relación con el problema. Y ello es especialmente notable en los casos del partido del Gobierno y del principal de la oposición. En este sentido llama la atención el escaso interés por debatir la alternativa de la despenalización, internacional y progresiva, del tráfico de drogas y el control por los Estados de su proceso productivo y de distribución. Sólo Izquierda Unida abordó esta cuestión, pero fue una voz en el desierto. El PSOE y el PP parecen estar enzarzados en una espiral represiva, aunque este último se lleva la palma. Su empeño en castigar con la cárcel la adicción a la droga, imponer arbitrarias sanciones administrativas a los drogodependientes reacios a la rehabilitación e, incluso, su propuesta de control judicial de las conductas de los últimos -es imposible no ver en los jueces de drogadicción que propugna el PP un cierto paralelismo con los antiguos jueces de peligrosidad y rehabilitación social- sitúan a la lucha contra la droga en unas coordenadas exclusivamente represivas.

Los socialistas, por su parte, y al parecer en aras de una rentabilidad electoral a corto plazo, han dado pasos importantes en la misma dirección. Las sanciones económicas previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana al consumo público de drogas constituyen auténticas penas, y si de lo que se trata es de endurecer más las del tráfico de drogas -actualmente pueden llegar en algún supuesto hasta la reclusión mayor (entre 20 y 30 años de cárcel)-, ya han anunciado que están en ello. La cuestión es saber si este talante tendrá algún efecto disuasorio sobre quienes saben de los riesgos que corren, pero también de los beneficios que obtienen por su dedicación al narcotráfico.