Sólo el representante de CC OO se opuso a dar 1.500 millones de pesetas a la filial Equidesa
El consejo de administración del 28 de diciembre de 1990 de Renfe -reunión en la que se autorizó un trasvase de 1.500 millones de pesetas, ya efectuado, a la filial Equidesa- tan sólo contó con una voz discordante: la del representante de CC OO, Manuel Fernández Cachán. El acta oficial de esa reunión recoge su discrepancia en dos puntos muy concretos.
El primero de ellos hacía referencia a la venta de un terreno situado en las proximidades de la estación de Barcelona Término. Esa finca fue adquirida por la sociedad Mongrup por 4.700 millones de pesetas.
El segundo acuerdo adoptado con el voto en contra de Fernández Cachán en el consejo del 28 de diciembre de 1990 fue el referido a la autorización de ampliación de capital de Equidesa por 1.500 millones de pesetas. Dicho capital se destinó a la polémica compra de terrenos en San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, esa operación ya la había efectuado Equidesa utilizando dos anticipos de tesorería que contaban con el visto bueno del entonces presidente de la empresa, Julián García Valverde.
Por otra parte, una nota oficial del Juzgado Central de Instrucción número 3 indicaba ayer, en relación con el fraude del IVA: "El resultado de las diligencias practicadas ha sido óptimo en el sentido de que están prácticamente determinadas todas las personas y empresas implicadas y los hechos en los que han intervenido. Dado que la prueba documental es muy numerosa, hasta dentro de aproximadamente un mes no se podrá emitir el informe definitivo obtenido como resultado de la investigación y el análisis de dicha prueba". La nota del juzgado recuerda que en la tarde del pasado martes prestaron declaración los cuatro detenidos en Madrid por su supuesta implicación en la estafa y que el juez ordenó la prisión provisional sin fianza para Salvador Marín Saavedra, considerado como el cerebro de la operación, y para Germán Borrega.
