Barrionuevo y Mangada rechazan la forma utilizada por Renfe para comprar terrenos

José Barrionuevo, ex ministro de Transportes, y Eduardo Mangada, ex consejero de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, criticaron ayer la actuación de Renfe en la compra de terrenos en San Sebastián de los Reyes, que se efectuó cuando ellos eran los responsables de esa materia tanto en el Gobierno como en la Comunidad. Barrionuevo explicó ayer: "Si la operación se hubiera efectuado de forma directa y a precio razonable, la operación sería buena. El problema es que han aparecido intermediarios". Por otra parte, Renfe actuó al margen de la decisión consensuada con la Comunidad y los ayuntamientos que requería el trámite de expropiación, que da seguridad jurídica a estos procedimientos, según Mangada.

Para Mangada, "la forma en la que al parecer se ha realizado esta operación en San Sebastián de los Reyes es una perversión de la legítima política de suelo del sector público que intenta internalizar las plusvalías que se generan en su propia actuación". Mangada insistió ayer en que este tipo de actuaciones "deben realizarse actuando con los mecanismos legales, y no vendiendo al mejor postor, sino a un precio previamente tasado por la propia Administración".El ex consejero considera que, de ser ciertas las operaciones que han trascendido, "son absolutamente condenables políticamente y tal vez punibles", y manifestó su preocupación "porque este tipo de operaciones desprestigian la política de Estado necesaria para la modernización de las grandes ciudades".

'Plan Felipe'

La llegada del tren a San Sebastián de los Reyes forma parte de los proyectos del plan Felipe, que estaba previsto que se iniciara a partir de 1993 con una dotación de 3.000 millones de pesetas. Los estudios de Renfe evaluaban las inversiones necesarias en 12.000 millones de pesetas. El propio plan preveía que el resto de recursos se obtendrían de las actuaciones de Renfe.

Los alcaldes y la propia Comunidad de Madrid coincidieron en la necesidad de anticipar la construcción de esta vía férrea, por lo que las distintas administraciones mantuvieron varias reuniones para planificar el desarrollo de esta operación. El 6 de febrero de 1990, en una reunión en la que intervinieron Barrionuevo, Mangada, Leguina y García Valverde, se acordó actuar sobre dos áreas que incluían 210.000 metros cuadrados. Ello suponía habilitar un proceso de expropiación para que Renfe pudiera efectuar sus actuaciones urbanísticas. Sin embargo, el 18 de febrero, la Comunidad de Madrid tuvo conocimiento de que Renfe había estado comprando por su cuenta, obviando el trámite de expropiación necesario. Por ello se ordenó paralizar la habilitación del proceso de expropiación.

Por su parte, Barrionuevo manifestó ayer que "hay que dejar que las personas que han intervenido en la operación puedan explicarlas en un clima de serenidad", cuando se le preguntó por las posibles repercusiones del caso Renfe.

El parlamentario socialista trató de explicar la filosofía de la operación de San Sebastián de los Reyes afirmando: "La cuestión es si una empresa pública actúa o no legítimamente cuando decide comprar unos terrenos por los que hace una plusvalía de la que se beneficia. La pregunta es la misma que si, por ejemplo, una empresa privada que va a hacer un hipermercado compra los terrenos adyacentes porque sabe que se revalorizarán". "Esto no es especulación; esto es el mercado", sentenció.

Barrionuevo continuó su explicación argumentando: "Todo deriva de algo fundamental: los terrenos próximos son más escasos que los que están en medio del campo. Creo que hay que argumentar igual en la empresa pública que en la privada. Si la pública decide adquirir los terrenos y utilizar los rendimientos para financiar la obra pública o para construir viviendas, me parece que ha actuado legítimamente".

Iniciativas políticas

Mientras tanto, el PP y el CDS han solicitado oficialmente la creación de una comisión parlamentaria para investigar la compra de terrenos en San Sebastián de los Reyes. El PP acompañó esta iniciativa con una petición a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que solicita que este órgano fiscalice todas las operaciones relativas a este caso, según anunció el diputado Felipe Camisón. Además, Camisón dijo que han presentado a la Mesa del Congreso una proposición no de ley sobre la operación de Renfe para su debate en pleno.