Quadra-Salcedo propone juicios para unos 10 días después de detenerse al delincuente

El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, presentó ayer un anteproyecto de ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal "para desatascar la justicia y facilitar que algunos juicios se celebren en cuestión de días". La propuesta -que se tramitará por procedimiento de urgencia, para que entre en vigor antes de los Juegos Olímpicos previstos para el verano de 1992- afectará a los casos en que el delincuente es sorprendido in fraganti y existen pruebas de que ha delinquido, por lo que el juez de instrucción puede fijar la celebración del juicio para unos 10 días después.

El anteproyecto de ley, remitido al Consejo General del Poder Judicial para su informe, es compatible, según el ministro de Justicia, con la reforma procesal global que se está realizando desde el mandato de su antecesor en el cargo, Enrique Múgica, y se ha elaborado "en contacto con jueces y fiscales". Quadra-Salcedo resaltó las experiencias de juicios rápidos que se han desarrollado en Valencia, Sevilla, Barcelona, Málaga y Madrid, pero que "han chocado con dificultades legales". Con la futura ley "será posible citar a juicio para 10 días después", dijo.En la presentación del anteproyecto de ley, el ministro de Justicia se apresuró a decir que esta reforma procesal "no irá en detrimento de las garantías, porque el juez de instrucción, independiente, será el que considere que puede citar a las partes para la celebración del juicio rápido". Preguntado sobre si a esta decisión podrá oponerse el juez de lo penal o la sala a la que corresponda celebrar el juicio, Quadra-Salcedo contestó que tales órganos "podrán suspender el juicio para nuevas diligencias".

Rapidez y juicios pendientes

Respecto a la posibilidad de que la rapidez de los juicios por los futuros delitos vaya en detrimento de los procesos todavía pendientes ante los órganos judiciales, Quadra-Salcedo señaló que las últimas reformas ya han aliviado bastante la justicia penal. Como dato demostrativo, dijo que en 1982, más del 60% de los presos eran preventivos [a la espera de juicio], mientras que en la actualidad el 60% son penados [condenados en juicio] y sólo cerca del 40% preventivos. Asimismo, estimó que para quien lleva ocho meses esperando juicio, aguardar un mes más no es ya gravoso.

La reforma procesal urgente se aplicará también a aliviar la carga de trabajo que pesa sobre la jurisdicción civil. Una de las medidas es la limitación de la capacidad de someter a los juzgados de determinadas ciudades las cuestiones litigiosas por parte de algunos contratantes poderosos, que imponen su fuero (veáse EL PAÍS del domingo último). Así ocurrirá en los casos de préstamos hipotecarios, cuyos conflictos se resolverán en los juzgados del lugar de la finca. Quadra-Salcedo puso el ejemplo de 4.200 juicios verbales celebrados en 1991 en Madrid provocados por una misma compañía que trabaja en toda España.

Otra medida para aliviar la jurisdicción civil será la restricción del recurso de casación. No se podrá interponer tal recurso ante el Tribunal Supremo, por estimarlo temerario, cuando ya existan dos sentencias adversas y la doctrina jurisprudencial constante aconseje que no prosperará. Asimismo, se permitirá que los secretarios y no los jueces presidan los remates de las subastas.

Recursos temerarios

En la jurisdicción contencioso administrativa también se limitará la posibilidad de recurrir en casación en aquellos casos temerarios o infundados. Preguntado sobre la fecha en que entrarán en funcionamiento los órganos judiciales unipersonales de lo contencioso-administrativo, Quadra-Salcedo dijo que en 1992 estarán perfiladas sus competencias, si bien ofrece problemas el reclutamiento de los 104 jueces necesarios.

Respecto a la huelga de los secretarios judiciales, Quadra-Salcedo negó no haber recibido a estos funcionarios y señaló que, en cuanto a sus competencias, dependerán del diseño de la oficina judicial que se está realizando en la reforma procesal global. Añadió que la pretendida equiparación de sueldos con los jueces "no puede hacerse ahora", sino en el marco de la modernización de la retribución de todo el personal auxiliar de los juzgados. Según un portavoz de los colectivos de secretarios, judiciales, un 93% secundaron ayer la huelga en toda España, mientras que el Ministerio de Justicia estimó tal participación en un 77%, según informa