Dinero universitario

ACABA DE anunciarse por parte del Ministerio de Educación y Ciencia un plan para financiar la reforma de las enseñanzas universitarias. En principio, nada más' lógico si no se quiere que la reforma, tan discutida y trabajosamente materializada en titulaciones. y directrices, quede en una mera reorganización burocrática de asignaturas y periodos académicos. La condición primera para su éxito es que las universidades cuenten con los medios necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de profesores y alumnos.La propuesta contiene algunos elementos de indudable interés. En primer lugar, la idea de asegurar un mínimo de financiación con criterios homogéneos para todas las universidades en función del número de alumnos y de las titulaciones impartidas, con una cierta holgura que les permita decidir autónomamente dónde poner el acento en cuanto al desarrollo y crecimiento de sus diferentes disciplinas académicas. Pero sobre todo resulta interesante la idea de que una parte de la subvención transferida a las universidades públicas se module con arreglo a una evaluación externa -que pueda establecer criterios de calidad.

Las ideas son interesantes, pero su concreción y las cifras avanzadas pueden frustrar sus intenciones. En efecto, parece como si el nuevo procedimientó dé financiación se fuera a aplicar únicamente a los fondos adicionales que será necesario arbitrar para hacer frente a la renovación y ampliación de contenidos docentes. Si ello fuera así, el grueso de la financiación se regiría por los procedimientos tradicionales, inapropiados en la situación de hoy, mientras que se aplicarían los nuevos únicamente a una parte de la misma, con lo que a los problemas ya existentes se añadiría la confusión. En realidad, más que financiar la reforma, es el entero sistema de financiación de las universidades lo que debe ser reformado atendiendo a criterios de calidad.

Pero lo más descorazonador es la previsión de los fondos necesarios. Pensar que con cantidades que son, por término medio, inferiores a los 300 millones de pesetas anuales por universidad en los próximos cin co años se puede atender a los requerimientos de una verdadera reforma es ilusión vana. Ni esas cantidades van a permitir a las universidades realizar las muchas actividades que hoy no hacen o que hacen mal y con dificultades, ni mucho menos van a acercarnos significativamente a lo que es normal en las universidades europeas. Y no se olvide que a partir del año que viene esas universidades y sus titulados competirán libremente con las nuestras.

Cabe, pues, que un proyecto bienintencionado se frustre de nuevo por falta del apoyo económico suficiente, con el agravante de tratarse de un sector reconocido como estratégico para el futuro de nuestropaís. Es ineludible hacer un esfuerzo notable para mejorar la situación de nuestra enseñanza superior. Mala señal es, de todas formas, que las modestas previsiones anunciadas se pospongan para el año 1993, mientras que para el próximo de 1992 la distancia entre lo que realmente se destina a las universidades y lo que sería necesario siga aumentando.