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Sala avala el acceso policial a una casa con conocimiento fundado de un delito

Pascual Sala, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considera que el "conocimiento fundado" de que se va a cometer un delito en un domicilio equivale a la evidencia de que va a perpetrarse, por lo que, unido a la urgencia de la actuación policial, es equiparable al viejo concepto jurídico de flagrancia, que exime del mandato judicial. Sala ofreció esta explicación el sábado.

Estas declaraciones de Sala fueron realizadas a preguntas de este periódico durante la jornada final del congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrado en Valencia. El presidente del CGPJ señaló que el día anterior no había sido bien entendido cuando opinó sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.Sala recordó que el artículo 21 del proyecto de ley remite a la Constitución y las leyes. Preguntado sobre si, entonces, es superfluo el resto del precepto, declaró que no, "porque recoge el concepto de flagrancia que estuvo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal durante decenas de años y que en 1983 desapareció", añadió el jurista.

En concreto, Sala fue preguntado sobre si la expresión "conocimiento fundado" de que se. está cometiendo un delito de narcotráfico basta para prescindir de la autorización judicial, habida cuenta de que muchos juristas consideran que precisamente tal conocimiento fundado es el presupuesto necesario para que la policía solicite al juez la autorización de entrada y registro. Sala insistió en que "conocimiento fundado es igual a evidencia y ésta, unida a urgencia, equivale a flagrancia".

Sobre la posible declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo, Sala coincidió con el vocal del CGPJ y catedrático de Derecho penal, Tomás S. Vives, en que en el supuesto de llegar al Tribunal Constitucional el alto tribunal dictaría una sentencia interpretativa. Esto quiere decir que, como ha hecho en otras ocasiones, no anularía el artículo, pero exigiría una aplicación acorde con la Constitución, en evitación de excesos.

El magistrado y vocal del CGPJ, Juan Alberto Belloch, prefirió no opinar hasta que la ley, recién aprobada en el Congreso, salga del Senado. La APM ha celebrado su congreso durante el fin de semana en Valencia

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de noviembre de 1991

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