Medio centenar de penalistas proponen que no se castigue al medico que practique la eutanasia

BONIFACIO DE LA CUADRA, Medio centenar de catedráticos de Derecho Penal, magistrados y fiscales aprobaron ayer en Valencia el Manifiesto en favor de la disponibilidad de la propia vida, en el que se pronuncian en defensa de la eutanasia o el derecho a una muerte digna. Consideran "sumamente insatisfactoria" la actual penalización de la ayuda al suicidio y proponen que en el futuro Código Penal no se castigue al médico que interrumpe la agonía de un enfermo terminal o provoca la muerte "a petición expresa y seria del afectado" para poner fin a un "sufrimiento o dolor grave e irreversible".

La iniciativa de este manifiesto corrió a cargo del Grupo de Estudios de Política Criminal -que ayer mismo proyectaba constituirse en asociación-, integrado por más de la mitad de los catedráticos españoles de Derecho Penal, así como por magistrados y fiscales; en total, cerca de medio centenar de penalistas, que hace meses lanzaron otro manifiesto sobre la despenalización de la venta de droga.El documento que ayer se debatió en la Facultad de Derecho de Valencia fue elaborado por los catedráticos de Derecho Penal de Palma de Mallorca, Juan Carlos Carbonell; Sevilla, Borja Mapelli; Alicante, Bernardo del Rosal; Granada, José Miguel Zugaldía, y Barcelona, José Manuel Valle Muñiz. Las tesis más avanzadas fueron las mantenidas por Carbonell, que tuvo como principal oponente a Enrique Gimbernat, quien se quedó en minoría en la defensa a ultranza de la vida frente a la mayoría que apostó porque "la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer en todo caso el calificativo de bien jurídico protegido".

El manifiesto parte del papel preponderante que la Constitución otorga a "la dignidad de la persona", de la que emanan los derechos fundamentales, dentro de un orden jurídico que sitúa como valor superior la libertad -junto a la justicia y la igualdad-, pero no la vida. Los penalistas coincidieron en que "la vida es un derecho, no un deber", y la mayoría estimó que no se puede dar prioridad a lo biológico sobre el ejercicio de la libertad.

Ayuda al suicidio

Una primera consecuencia de esta filosofía es el suicidio y las conductas relacionadas con él El artículo 409 del vigente Código Penal castiga con hasta 12 años de cárcel a quien auxilia o induce a otro a suicidarse, y hasta 20 años de cárcel al que ejecuta la muerte de quien desea suicidarse. El manifiesto reconoce "la disponibilidad sobre la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir", y estima el citado artículo "sumamente insatisfactorio". Carbonell no duda en considerar inconstitucional que se castigue con igual pena al que mata a otra persona con su consentimiento y a quien lo hace contra su voluntad.

El problema práctico abordado ayer por los firmantes del manifiesto guarda relación con una decisión de consecuencias irreversibles, como la de poner fin a la propia vida. De ahí que se acordara proponer medidas necesarias para "garantizar la plena libertad de la voluntad", sobre todo en relación con la actuación de los médicos, quienes deben conciliar su deber de salvar vidas con el rechazo a una prolongación de la existencia en "estados irracionales y degradantes".

En concreto, el manifiesto describe tres actuaciones que no deben ser castigadas, lo que exige modificar en ese punto el Código Penal. En primer lugar, "la conducta del médico que interrumpe o deja de aplicar procedimientos terapéuticos tendentes a retrasar arbitrariamente el momento de la muerte, prolongando artificialmente la agonía respecto de una persona carente de perspectivas de curación o mejora".

Otro caso de despenalización es "la actividad médica que aplica procedimientos analgésicos que pudieran producir el efecto de un acortamiento de la vida en un enfermo con pronóstico terminal". Y, por último, los firmantes del manifiesto consideran no penalizable "la provocación de la muerte a petición expresa y seria del afectado para poner fin una situación de sufrimiento dolor grave e irreversible, no soportable ya por el sujeto, que no pueda ser suprimida por medios distintos".

El manifiesto abre un campo a la reflexión para próximas reuniones del grupo cuando afirma que "merecen seria consideración otras hipótesis en las que la persona pudiera encontrarse ante situaciones vitales insoportables". Además de los catedráticos citados, participaron en los debates José Luis Díez Ripollés, Juan Bustos, y Rocío Cantarero, así como los jueces Ramón Sáez, Mario Pestaña y Javier Martínez Lázaro, y los fiscales Pascual Fabiá y Catalina Moragues.