Blanquear lo negro

EL PROCESO de regularización del dinero negro, articulado sobre la doble vía de la presentación de declaraciones complementarias y la recolocación de los fondos opacos en una deuda oficial a largo plazo y bajo tipo de interés, tiene su límite temporal a final de año. Pero, por lo aflorado hasta el momento, está constituyendo un fracaso que parece dificil de remontar en los escasos dos meses hábiles que restan.La posibilidad de regularizar equivale en realidad a un indulto de la sanción, aunque no, lógicamente, a una amnistía liberadora del pago del impuesto. ¿Cuáles son las razones de este triste balance? Todo indica que varios factores coadyuvan a la inhibición de los defraudadores a la hora de aflorar sus rentas irregulares. Uno de ellos es el miedo a las consecuencias administrativas no previstas por la ley: en algunos casos, un exceso de celo profesional de la inspección ha provocado que, en lugar de darse por satisfecha tras la regularización, se haya encarnizado en los ejercicios anteriores del sujeto pasivo. Así, muchos de ellos temen blanquear. Ha corrido la voz entre asesores e implicados, con el consiguiente efecto de disuasión sobre contribuyentes en situación similar. Paradójicamente, este exceso de miedo ante la acción de la Administración fiscal se ve acompañado por un defecto de temor ante la sanción penal. Muy pocos defraudadores temen ir a la cárcel por delito fiscal.

El resultado de ambos estados de ánimo, dominantes entre extensos segmentos de defraudadores o evasores, se acompaña de un clima social general lamentablemente caracterizado por una consideración social hacia el defraudador que tiende a configurarle casi más como un héroe que como un villano.

El descrédito del sistema se completa con la creciente percepción ciudadana de tres realidades: la excesiva carga fiscal que, pese a la reciente reforma, se mantiene en este país, con unos tipos marginales que operan para niveles de ingresos relativamente modestos; la injusta distribución de dicha carga fiscal, por la que los sujetos pasivos cuyas rentas derivan de una nómina se ven discriminados respecto a otras rentas más difilcilmente controlables, erosionando la conciencia fiscal indispensable en un bien articulado Estado de derecho, y el escaso control y eficacia del gasto público, esto es, de los servicios financiados con los ingresos obtenidos de forma tan escasamente equitativa. No hay que olvidar tampoco otro problema de fondo. Algunos mecanismos de creación de dinero negro no pueden combatirse sólo con instrumentos fiscales: éste es el caso de los recursos de dinero negro generados por el narcotráfico.

El problema es, pues, complejo. Y por tanto, las soluciones requieren un esfuerzo continuado desde distintas direcciones complementarias: un reparto más equitativo de la carga fiscal, por la vía de la homogeneización de los tipos impositivos con los países del entornó; una mayor eficacia del gasto público que redunde en la mejora de los servicios, y por ende, de la conciencia de la utilidad de los impuestos, y finalmente, una aplicación de la acción coercitiva contra los recalcitrantes que produzca resultados tangibles.